La jurisdicción transitoria de paz es el motor de justicia y la malla de contención de la impunidad y la guerra. La derecha ve la JEP como “objetivo de alto valor”
Redacción Política
A tres años de la firma de los acuerdos de paz el país aún no goza de las transformaciones plenas allí contenidas. Los enemigos de la paz han logrado difuminar parte de la esperanza, pero no acabarla. La premisa guerrerista de hacer trizas los acuerdos ha tenido una fuerte oposición política al punto que el propio jefe del uribismo ha reconocido que no tiene las mayorías suficientes, ni en el Congreso ni la calle, para echar atrás lo pactado.
Hay un particular interés del uribismo por atacar la Jurisdicción Especial de Paz, instancia del Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No repetición, encargado de aplicar justicia restaurativa en el marco del conflicto armado y la búsqueda de la verdad como premisa de la reconciliación nacional y no repetición. “Objetivo de alto valor” señala el uribismo.
La más reciente citación de control político del Centro Democrático fue a la presidenta del tribunal de paz, Patricia Linares y aunque el debate no se surtió por falta de quórum, a juicio de senadores de la bancada de oposición “el cuestionario más parece una indagatoria” un balance de cuentas por las actuaciones de la JEP.
Conveniente pero inconstitucional
Linares aprovechó para enviar una comunicación al Congreso, atender cada uno de los cuestionamientos y presentar un balance de trabajo de la Jurisdicción. Explica la magistrada las funciones de la estructura del Sistema de Justicia Transicional, lo mismo que la delimitación de sus funciones y el espíritu de esta; no sin antes advertir la inconstitucionalidad de hacerle control político a los jueces de Colombia y a sus decisiones.
En Colombia tiene sentido que el debate de control político sea de la rama legislativa al ejecutivo, a sus políticas de Estado y de gobierno. Lo que no se puede es abrir la puerta para un debate de control político al ejercicio de los jueces en Colombia. Y sin embargo, la JEP responde con datos que resaltan la importancia de su creación para la verdad del conflicto.
En estos tres años de implementación de paz y dos de la puesta en marcha de la Jurisdicción, la Sala de Definiciones ha conocido de 4.605 solicitudes de miembros de la Fuerza Pública que han reclamado que sus expedientes sean competencia de la JEP; 2.559 de las peticiones han sido objeto de libertad provisional mientras se resuelve la situación de fondo. A mayor verdad mayores beneficios para resolver positivamente su situación jurídica.
Caso 001
Un total de 862 excombatientes se han presentado al llamado caso “Retención ilegal de personas por parte de las FARC-EP”, en comparecencias voluntarias para entregar verdad de los hechos y responder a las víctimas quienes reclaman no solamente reconocimiento sino verdad de lo sucedido con sus familiares.
Le piden a la JEP calificar a los miembros de las FARC-EP como “máximos responsables” o “participe determinante”, sin embargo, dicha etapa de adjudicación de responsabilidades es posterior a las fases del proceso judicial de reconocimiento, verdad, investigación y juzgamiento que se les adelanta desde la sala de reconocimiento de verdad.
No obstante, los integrantes de las FARC-EP han acudido por citación ante el tribunal, un total de 862 excombatientes con condenas en justicia ordinaria. En cualquier caso la categoría “máximos responsables” aún no se puede determinar debido a que no se han cumplido las reglas de procedimiento previstas en la ley. Los convocantes al debate pretenden juzgar a la JEP por no saltar el debido proceso y condenar a los excombatientes firmantes del acuerdo. Por ahora casi todas las salas y etapas procesales en la Jurisdicción están en sus primeros procedimientos.
En cuanto a las cifras de secuestro que sustenta el caso 001 se encuentran en el informe de la Fiscalía General de la Nación remitido a la JEP, en donde se reconocen 581 víctimas de secuestro por la exinsurgencia, en la actualidad los magistrados de la Jurisdicción especial procesan 651 solicitudes adicionales.
Muchas de las cifras que se pregonaban en plena confrontación militar sobre el número de secuestros quedó sin sustento. En tiempos de la Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe se hablaba de tres mil casos de secuestro por parte de esa guerrilla. La JEP ya determinó con el registro de la Fiscalía y los informes presentados alrededor de 1600 víctimas. Hoy queda develada la estrategia mediática y jurídica contra la insurgencia respecto de las cifras del secuestro.
Terceros
En cuanto a los civiles la cifra es de 540 personas que han remitido solicitud a la JEP para rendir testimonio voluntario sobre su actuación en el conflicto armado. Aunque la Sala de Definiciones solo ha emitido dos resoluciones de sometimiento de terceros en el conflicto.
Sobre los asuntos de violencia basada en género que juzgará la JEP, la Fiscalía General de la Nación, remitió a esa instancia 45 noticias criminales para acumular 194 carpetas sobre hechos de violencia basadas en género de todos los actores del conflicto. El Consejo de la Judicatura aún no envía informes sobre sentencias de ese orden para conocimiento de la JEP.
Le solicitaron a Linares entregar informes sobre reparación que los integrantes de las FARC deben hacer a las víctimas. Desconocen los senadores uribistas citantes los acuerdos de paz y el Estado de derecho. En este caso la obligación del reparar no recae sobre las FARC-EP sino sobre el Estado. La exguerrilla no reparará directamente a las víctimas, el patrimonio económico entregado para tal fin reposa en una fiducia del Estado manejada por el Ministerio de Hacienda, servirá para sumarle al fondo de reparación del Estado colombiano. Igual como sucede con los casos de reparación a cargo de la oficina de Defensa Jurídica del Estado.
La persecución
Es sistemático el ataque porque la propia JEP denuncia que los cuestionarios recibidos por el Partido de Gobierno y el alto consejero de paz del Gobierno, señor Emilio Archila, son iguales, entonces pretenden imponer un relato y acomodar las respuestas, sacándolas de contexto y mantenerlas como discurso político de impunidad. En el fondo es una guerra jurídica contra la JEP, sus magistrados, funcionarios y objetivos del sistema de justicia transicional.
