Benedicto González M.
@BenedictoFARC
Que La Guajira padece por escases de agua, es un hecho conocido e indiscutible; es además una de las causas de su pobreza y mortalidad infantil. Lo que muchos no saben, es que en el sur de este departamento un proyecto de explotación minera amenaza de muerte un manantial que es fuente de agua para el consumo humano, la agricultura y la ganadería de ese territorio.
La empresa turca Beast Coal Company-BCC S.A.S, impulsa el denominado “proyecto Minero Integrado Minas de Cañaverales”, que incluye explotar, transportar y exportar carbón térmico extraído de los municipios de Distracción, Fonseca y San Juan del Cesar, Guajira. Se trata de una concesión a 30 años, que impactaría más de 60 mil hectáreas, a través de una mina subterránea, dos minas a cielo abierto y un ferrocarril que recorrería 150 km desde el punto de explotación hasta el puerto multipropósito en Dibulla, luego de atravesar decenas de comunidades indígenas, afros y campesinas.
El punto de inicio de la explotación carbonífera se encuentra a 750 metros del corregimiento de cañaverales, ocasionando afectaciones ambientales, sociales y culturales a los habitantes y al territorio y sobre todo la contaminación y muerte del acuífero “Manantial de Cañaverales”, declarado “Reserva Forestal Protectora”. Además, uno de los botaderos de la mina carbonera estará ubicado en el corregimiento de Conejo a un kilómetro del proyecto de vivienda de los excombatientes en proceso de reincorporación asentados hoy en Pondores.
En la actualidad, la multinacional turca no tiene licencia vigente, sin embargo viene ejerciendo una intensa presión en la comunidad con el objetivo de dividirla y ganar su respaldo hacia la minería. El modus operandi es el ya practicado con otras comunidades: “que la minería origina fuentes de trabajo y desarrollo para la región”, que se puede hacer minería responsable con el medio ambiente”, etc.
Las consecuencias serían: pérdida de la vocación agropecuaria que tradicionalmente les ha garantizado soberanía alimentaria, para transformarse en economía de enclave. Todos los proyectos mineros en Colombia han estado antecedidos del accionar paramilitar, a través de la fórmula del despojo violento. Y, por último, la desarticulación de las comunidades, sus organizaciones sociales, y el sacrificio de sus líderes sociales. Lejos de implementar el desarrollo rural integral contenido en el punto Uno del acuerdo de Paz y sentar las bases de una nueva política minero energética, el gobierno Duque privilegia “los derechos del capital”.
