La esperanza de la sustitución

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El de don Isidro Melo, campesino en La Macarena, Meta, es uno de los muchos casos donde el campesinado quiere sustituir, pero se encuentran con que fueron borrados del programa por ser beneficiarios de procesos fracasados de sustitución forzada. Foto Lina Álvarez

Pese a todas las dificultades, el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito ha sido una herramienta exitosa en la erradicación voluntaria. Sin embargo, el Gobierno nacional insiste en limitar su financiación, priorizar la erradicación forzada y estigmatizar al campesinado que se benefició del programa

Lina Álvarez – El Cuarto Mosquetero
@LinaMC_Alvarez

En el Acuerdo de Paz firmado entre las FARC-EP y el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, quedaron establecidos, en el Punto 4 “Solución al problema de las drogas ilícitas”, los principios para la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, vistos desde el cultivo, la producción y la comercialización. Fue claro que uno de sus objetivos es contribuir a obtener una Reforma Rural Integral que realice transformaciones estructurales con el campesinado como principal protagonista.

El balance oficial

Desde el 2016 hasta el 2018 que empezó la vinculación del campesinado, se identificó una fuerte voluntad por acogerse al programa de sustitución, permitiendo a nivel nacional la erradicación de 43.711 hectáreas a diciembre del 2020, a partir de la vinculación de 99 mil familias en 56 municipios, según el informe número 26 del PNIS realizado por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, UNODC.

De esas personas vinculadas al programa, 67 mil son cultivadoras, 16 mil son recolectores de hoja de coca y 64 mil son campesinos no cultivadores pero que habitan en zonas donde la economía está relacionada con la coca.

Según el último informe de la UNODC, en el Meta se ha logrado erradicar de manera voluntaria 2.846 hectáreas, lo que se ha convertido en un logro del programa de sustitución, pues desde un inicio miles de campesinos y campesinas mostraron su disposición por cambiar su principal fuente de sustento, por una actividad lícita, a partir de la confianza que les generaba el programa. Es por esto que en el Meta cerca de 9.664 familias se vincularon al PNIS, desagregadas por municipios de la siguiente manera:

MUNICIPIO Cultivador No cultivador Recolector Total
La Macarena 933 721 853 2.507
Mapiripán 454 88 150 692
Mesetas 321 391 391 1.103
Puerto Concordia 496 92 151 739
Puerto Rico 730 232 296 1.258
Uribe 383 602 178 1.163
Vista Hermosa 1.073 504 625 2.202

 

El PNIS ha sido uno de los programas más exitosos en erradicación voluntaria garantizando mínimamente que no haya resiembra y que las personas accedan a otras posibilidades de subsistencia. Sin embargo, el problema central está en su escasa financiación que lo mantiene a flote generando incertidumbre en las personas que han confiado en él.

Un perro que se muerde la cola

Mientras tanto, el Gobierno de Iván Duque agita las banderas de la erradicación forzada –el Ministerio del Interior informó que había erradicado 130 mil hectáreas durante el 2020-, en la que hay grandes costos humanos: civiles y uniformados que caen en minas antipersona, asesinatos, violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública, retenciones a uniformados por parte de la comunidad, entre otros; se utilizan grandes cantidades de recursos y además, no se garantiza que no haya resiembra.

Según la Fundación Ideas para la Paz, el proceso de erradicación forzada parece un perro que se muerde la cola, ya que, “es una herramienta con bajos niveles de eficiencia y efectividad. Un buen ejemplo de esto es lo que ocurre en Tumaco. Una vez el grupo de erradicación termina su jornada, arrancando de una a tres hectáreas al día –dependiendo de las condiciones del terreno–, avanza hacia el siguiente lote. Al cabo de tres días se habrán alejado unos cinco kilómetros. Esta rutina se repetirá durante dos o tres meses. Una vez el grupo de erradicación forzada se aleja, los cultivadores de coca vuelven a sembrar”.

No obstante, para investigadores como Edwin Ríos del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos, ILSA, manifiesta que lo que deben hacer las y los colombianos es exigir que se cumpla con el PNIS y hacer seguimiento a los nuevos programas de sustitución, para que así el campesinado no siga siendo estigmatizado ni tratado como el pilar más importante en la cadena del narcotráfico.

“El programa apunta a la transformación estructural del campo colombiano tal y como quedó en el Acuerdo y desde luego hay una preponderancia en la sustitución misma antes que en la erradicación (…) así que es muy importante hacer los debates y plantear las reflexiones de cómo se está implementando en las regiones”, concluyó.

Por su parte, Pedro Arenas, de la Corporación Viso Mutop, considera que para que realmente haya un desarrollo rural integral donde las y los campesinos puedan no solo exigir, sino también realizar sus derechos, el país tiene que rediseñar su política de drogas, con el respeto pleno de los derechos humanos que va mucho más allá de la sustitución; ya que, hay un Estado ausente o que está, pero reducido a la presencia policial y militar.

“El desarrollo alternativo va más allá de la sustitución, en el mundo está probado que la erradicación forzada no es sostenible en el tiempo y se torna violatoria de derechos humanos. No sirve porque se convierte en ilegítima ante los ojos de las comunidades por el uso de la fuerza en sí misma y porque el Estado no llega en otras formas”, resalta Arenas, quien considera que el Estado debe garantizar que las familias transiten hacia las economías lícitas de manera gradual.

Por lo pronto, mientras realmente haya cambios estructurales, la corporación respalda el proceso de sustitución, no porque sea sinónimo de desarrollo rural integral, sino porque es pacífico y se gestó desde la participación social en los territorios que decidieron hacer pactos colectivos de sustitución.

Tortuosa implementación

De esta manera, el trabajo periodístico del Cuarto Mosquetero ha podido evidenciar que el campesinado del sur del Meta creyó en el Acuerdo de Paz, suscribió un pacto colectivo para erradicar de manera voluntaria y confió en un programa de sustitución con serias dificultades, donde no solo hay problemas en su implementación, sino que se enfrenta al problema de su adecuada financiación.

Por otra parte, la investigación ha logrado ubicar cómo desde la institucionalidad se ha deslegitimado a quienes confiaron en sustituir los cultivos de coca suscitando que se conviertan en objetivo militar. También la estigmatización ha sido dirigida a operarios, funcionarios y técnicos que trabajan con el PNIS, pues les establecieron restricciones específicas en los territorios con el propósito de no cumplir con lo pactado hacia el campesinado beneficiario. Lo anterior ha provocado desplazamientos masivos, ha precarizado la vida de muchas familias que ya no tienen cómo suplir las tres comidas diarias ni tienen el respaldo de los cultivos.

La tortuosa implementación del PNIS viene jugando con la esperanza de quienes erradicaron voluntariamente y luego se estrellaron con argumentos como que había baja densidad en su vereda y debían ser expulsados del programa; o aparecían como beneficiarios de otros programas de sustitución fallidos; o vivían en áreas protegidas como las zonas de Parques Nacionales; o habitaban en zonas peligrosas donde no estaba planeado hacer presencia; entre mil y mil excusas para suspenderlos del programa.

Todo lo anterior tiene en jaque al campesinado del Meta que soñó con una reforma rural integral y a cambio se enfrenta al despojo, la estigmatización y la represión de un Estado que sigue sin cumplir su palabra.

* Este artículo hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para investigaciones y nuevas narrativas sobre drogas convocado por la Fundación Gabo.