“Se deben fortalecer los procesos de lucha contra la desfinanciación y la privatización, que es la principal contradicción que afronta la educación pública en Colombia, y que es necesario que los diferentes sectores tomen una posición clara sobre cómo enfrentar el modelo privatizador”
Fabián Briceño
En las últimas dos décadas los sucesivos gobiernos colombianos han emprendido un plan de ataque frontal contra la educación pública en Colombia, siguiendo con los dictámenes de los organismos multilaterales del comercio y la economía (FM, BID, OCDE). Esta serie de medidas ha buscado concretar la doctrina neoliberal, cosmovisión que plantea que todo espacio de la vida es susceptible de comprarse, de venderse y que el sector privado es el “único” actor idóneo para administrar los servicios.
El inicio
El monstruo se empezó a consolidar desde la Ley General de Educación de 1994, que abrió la puerta a la incursión del sector privado con ánimo de lucro dentro de la educación básica y media, tal como lo señala su artículo 3: “El servicio educativo será prestado en las instituciones educativas del Estado. Igualmente los particulares podrán fundar establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y gestión establezcan las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional”.
Además, el artículo 7 abre el camino a la corresponsabilidad sobre el derecho a la educación. “La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer responsable de la educación de los hijos…”. Norma que está lejos de ser democrática, ya que es garantista en algunos aspectos pero en la estructura económica del Estado es totalmente neoliberal.
En los años siguientes la legislación al igual que la política educativa se vio amenazada, ya que los sectores interesados en implantar los principios neoliberales dentro de la educación empezaron a cargar más fuerte buscando desmontar la educación como un derecho fundamental.
Es por esto que en el gobierno de Andrés Pastrana promovió la incursión de la lógica neoliberal dentro de la educación, con estas medidas:
1) Buscó desfinanciar la educación pública por medio del recorte a los recursos territoriales (transferencias) acto legislativo 01 de 2001, por medio de una congelación de las mismos y que solo “crecerían” si existiera un gran crecimiento económico. Esta medida generó la pérdida de 24 billones de pesos que iban dirigidos a las arcas de las instituciones educativas.
2) A través de la ley 715, buscaba racionalizar los gastos de las instituciones educativas, introducir la demanda como principio ordenador de los recursos en la educación y se instauró la doctrina de la descentralización autoritaria, es decir, una descentralización que no brinda las mínimas condiciones materiales, presupuestales y sociales para el acto educativo. Se comienza a consolidar un sistema para flexibilizar las relaciones laborales entre los maestros y el Estado y por último y lo más nefasto se le abrió la puerta para que el sector privado con ánimo de lucro “resuelva” los problemas educativos.
Contra-revolución educativa
En los gobiernos de Uribe se profundizaron medidas como la llamada municipalización de los recursos, en donde el Estado central, sin importar que las regiones puedan responder con los gatos educativos, se libera de la responsabilidad de financiar la educación generando que los entes territoriales y los mismos municipios tengan que responsabilizarse de financiar por sus propios medios la educación. Esto dio como resultado la pauperización de las instituciones educativas, ya que al no recibir los suficientes recursos su infraestructura se empezó a deteriorar, no existe un material didáctico actualizado, el bienestar estudiantil pasa a ser un grato recuerdo (alimentación, transporte).
Los colegios dejan de lado las preocupaciones pedagógicas y se centran enteramente en las administrativas. Las instituciones educativas empiezan a competir entre sí y el sector privado se posiciona como administrador de los recursos de la educación.
Mientras finalizaba el segundo gobierno Uribe se implementaron otras medidas; la primera, fue el decreto 2355, el cual reglamenta y da acceso total para que los sectores privados puedan apoderarse aproximadamente de 25 billones de pesos bajo diferentes figuras, especialmente la concesión. La segunda medida fue el decreto 1290, que cambió la estructura de la evaluación y la promoción, constituyendo un mercado educativo en donde existen diferentes “ofertas pedagógicas” en donde los padres de familia pueden “elegir” acorde con su gusto.
Este gobierno congeló por otros 10 años más los recursos destinados para la educación en el año 2007 generando la pérdida de más recursos para la educación pública y un mayor grado de desfinanciación de la educación.
El gobierno de Santos
El gobierno de Santos desde sus comienzos nunca ha antagonizado con el modelo de sus predecesores pero sí ha sido mucho más hábil con el desarrollo de su política. En pleno comienzo de su mandato sacó el decreto 4807 que exige a todos los entes territoriales garantizar la gratuidad educativa. Esta medida, lejos de garantizar una adición presupuestal considerable, busca desmontar los procesos de resistencia actuales y futuros.
A pesar de las diferentes medidas este gobierno enfrenta grandes escenarios de movilización estudiantil y de la comunidad educativa. Lo que ha dado como resultado que la educación sea uno de los puntos más nombrados dentro de la opinión pública y más cuando en su campaña presidencial prometió que sería uno de los ejes fundamentales para la construcción de una sociedad en paz.
Pero por el contrario se ha buscado continuar con el modelo y hacer cambios que retrasen los procesos de lucha social llevados por los estudiantes de secundaria y la comunidad educativa. Dentro de la palestra pública, está la llamada iniciativa que anunció el gobierno de implantar la jornada única, desde una perspectiva bastante improvisada y demagógica, ya que nunca se ha anunciado un significativo aumento del presupuesto destinado para la educación que pueda sustentar la construcción de nuevas instituciones educativas, que no serán públicas sino entregadas a sectores privados.
La tarea
Tal como lo señaló David Correa, estudiante de último grado de un colegio de la localidad de Suba y miembro de la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria (Andes):
“Se deben fortalecer los procesos de lucha contra la desfinanciación y la privatización, que es la principal contradicción que afronta la educación pública en Colombia, y que es necesario que los diferentes sectores tomen una posición clara sobre cómo enfrentar el modelo privatizador, que logre incluir a diferentes instancias de la vida social por medio de la movilización social”. (…)
“Nosotros creemos que la unidad es uno de los principales medios para lograr derribar el modelo neoliberal, pero la misma requiere del reconocimiento de los diferentes sectores que luchan dentro de la educación, especialmente los estudiantes de secundaria, y que se logre superar esa nefasta visión en donde se ve a los jóvenes, en especial a los estudiantes de secundaria, como analfabetos políticos, cuando en la historia los secundaristas han sido uno de los actores más dinámicos y combativos dentro de la lucha por un mejor modelo educativo y un país con justicia social”.
“Por lo cual como producto del VII Congreso en el primer semestre de 2015 se va a realizar una marcha nacional impulsada por el movimiento estudiantil secundarista, buscando enfrentar y denunciar el modelo privatizador al igual que la militarización que viven los jóvenes, ya que si Colombia quiere encontrar la paz, se debe priorizar la garantía de los derechos sobre las balas”.
