La sociedad civil, movilizada, reivindica su derecho a ser oída y a participar en las negociaciones.
Remedios García Albert
Con motivo de una reciente visita del presidente de Portugal, Aníbal Cavaco, a Colombia, el presidente colombiano Juan Manuel Santos declaró, ante un grupo de empresarios portugueses y colombianos, que el Gobierno mantendrá el modelo de desarrollo económico y que en los diálogos de paz con las FARC «no vamos a negociar nada fundamental” (http://goo.gl/yvWT3).
Si se trata de una declaración de intenciones enfocada a las negociaciones de Paz con la guerrilla de las FARC que se desarrollan en La Habana desde el pasado otoño, la réplica la encuentra el presidente Santos estos días en la calle, donde la sociedad civil, movilizada, reivindica su derecho a ser oída y a participar en las negociaciones, y expresa su desacuerdo con el actual modelo de desarrollo y la necesidad de un cambio, de un nuevo modelo de sociedad en paz, con justicia social.
Los diálogos se reanudan el martes, 23 de abril, tras tres semanas de receso. Al periodo que se inicia se han incorporado nuevos delegados por parte de la guerrilla y está marcado por voluntad de la sociedad civil para que sea abierto un espacio a su participación, tal y como se recoge en el Acuerdo General para la terminación del conflicto.
Los días previos a la reanudación de las conversaciones, Colombia ha sido escenario de jornadas de discusión, puesta en común y recogida de propuestas de las diferentes organizaciones de la sociedad civil procedentes de todos los rincones del país, y de los colombianos emigrantes y exiliados, y se ha culminado en el Congreso Nacional para la Paz celebrado en Bogotá del 19 al 22 de abril. Una vez recogidas las propuestas y reivindicaciones, se llevarán a La Habana. La necesidad de un cambio de modelo económico, político y social ha sido un clamor general en todas las conclusiones. A esas reclamaciones se suman las reivindicaciones de Verdad, Justicia y Reparación para todas las víctimas del conflicto, incluidos los que se vieron obligados al exilio y la emigración. Y se ha objetado también el mantenimiento de la violencia mientras esté instaurada la Mesa de diálogos.
La cuestión agraria, origen de la violencia hace ya más de 60 años, ha estado en el centro de todos los intentos precedentes que se han llevado a cabo en el país por alcanzar la paz, pero con el transcurso del tiempo los problemas se han ido agravando y haciendo más y más complejos, sumando, entre otros, el ingrediente de la impunidad que ha marcado de forma indeleble la historia de Colombia: decenas de miles de asesinatos, desapariciones forzosas, centenares de miles de desplazados internos, exiliados, emigrantes…
El modelo económico neoliberal imperante, implantado por medio de la militarización y la fuerza, no es sostenible, implica desigualdad, injusticia social y corrupción. Es el mismo modelo que ha conducido a Europa a una profunda crisis, y que en gran parte de América Latina está siendo sustituido por nuevas formas de organización y gobierno que ya no se someten a los dictados del neocolonialismo y que dan respuesta, por encima de todo, a las necesidades de sus pueblos.
Con este contexto en el resto de la región, el gobierno colombiano pretende anclar al país al papel que le asigna un modelo caduco y que es, básicamente, el de proveedor de materias primas. Las locomotoras de su desarrollo son la explotación de fuerza de trabajo y la explotación de los recursos estratégicos del Estado: extracción minera y petrolera y, en cuanto al campo, se ha derivado exclusivamente hacia la producción/explotación a gran escala de biocombustibles. Con la riqueza que se extrae de Colombia se paga a los trabajadores y el resto se va a los mercados financieros.
Durante los últimos años, la guerrilla de las FARC recibió duros golpes y ha sufrido la pérdida de algunos de sus veteranos jefes fundadores, sin embargo, a pesar del enorme potencial militar desplegado por el Estado gracias al Plan Colombia, no se ha logrado su aniquilación definitiva y todavía implanta su control sobre extensas zonas codiciadas por las multinacionales agrícolas y mineras que llegan al país para aprovechar las ventajas que les proporcionan los TLC establecidos por el gobierno.
La clase media, la pequeña industria, los pequeños empresarios también están siendo seriamente perjudicados con los acuerdos de libre comercio –más de 53 en la historia colombiana-. La economía colombiana no puede competir con los mercados internacionales que tienen economías subsidiadas.
Este modelo económico es la verdadera razón que ha obligado al gobierno a entablar los Diálogos de Paz. Para mantenerlo necesita la paz y el control del territorio.
Con estos antecedentes, y ante las declaraciones del presidente Santos, los negociadores de La Habana se enfrentan a un verdadero desafío si quieren llevar a buen término su tarea. Por una parte, la sociedad civil y la insurgencia, sin duda con desencuentros y divergencias importantes entre ellas, pero coincidiendo en la necesidad de un cambio de modelo económico, político y social. Por otra, los negociadores del gobierno que se ha visto obligado a entablar los diálogos como paso necesario para seguir adelante con su modelo de desarrollo neoliberal.
El nudo gordiano de los Diálogos de Paz en Colombia se encuentra en cómo conciliar las declaradas aspiraciones del presidente, de la clase a la que representa y de los intereses que defiende, cómo conciliar el mantenimiento en vigor de un modelo ultraneoliberal, caduco y que está haciendo aguas en el resto del mundo, y la necesidad de dar respuesta a las aspiraciones de las mayorías y abandonar definitivamente una concepción del poder excluyente y elitista que ha sometido al país durante décadas a toda clase de vejaciones, para, por fin, instaurar un modelo que coloque por encima de todo el respeto de los Derechos Humanos, la igualdad de todos los ciudadanos, la justicia social y la recuperación de la soberanía nacional.
El año que viene habrá elecciones presidenciales en Colombia. Seguramente del éxito o fracaso de los diálogos en curso dependerán los resultados.
De una u otra forma será difícil seguir adelante con el actual modelo de desarrollo económico. Pero si los diálogos fracasan será responsabilidad de quienes se sientan a dialogar sin intención de ceder en ninguna de sus posiciones y la consecuencia será que se condenará al país a seguir desangrándose en los próximos años.
Publicado en el Nº 260 de la edición impresa de Mundo Obrero mayo 2013
