Rodrigo López Oviedo
En la entrevista que El Espectador le publicara el pasado domingo a Juan Manuel Santos, dijo el Presidente que las consultas populares “son ilegales y no tienen efecto legal”. Con semejante redundancia, muy propia del buen periodista que fue, este eximio integrante de la casa de los Santos se refería a consultas como la de Piedras, en la que el 97% de la población rechazó la utilización de su municipio para obras de infraestructura asociadas a la explotación de La Colosa.
Seguidamente, con la sapiencia suma del eminente jurista que es, agregó que “el subsuelo es de todos los colombianos y no podemos imponer a quien vaya a usarlo todas las condiciones habidas”. Entre paréntesis: ¿la AngloGold será colombiana? ¿Pensará Santos darle carta de nacionalidad?
Obviamente que salidas en falso como las anteriores desnudan por completo al Mandatario y lo dejan como lo que es: un defensor de los intereses de las transnacionales, así estos riñan con los de su propio país y, para imponerlos, haya que oponer a la opinión de los colombianos, expresada democráticamente en las urnas, el poder que equivocadamente esa misma población puso en sus manos.
Lo peor es que, para justificar su afirmación, el Mandatario dice que las consultas son manipuladas. ¿Será que su propia elección no lo fue? Mientras en su proceso electoral y los de su clase social han corrido los millones para carcomer conciencias, el de Piedras fue limpio y con las uñas. Mientras el suyo y el de sus antecesores han sido pródigos en promesas incumplidas, el de Piedras se realizó sin ofertas de ninguna índole, salvo la muy noble de aportar un granito de arena a la inmensa tarea, que debería ser de todos, de salvar al planeta de la depredación megaminera.
Ahora bien, Santos parece no advertir lo que puede pasar cuando, en concordancia con su propio querer, haya de consultar al pueblo sobre la aceptación de los acuerdos de La Habana. ¿Entonces seguirá opinando que las consultas son ilegales?
Hasta donde se le ha visto, por andar rechazando lo irrechazable y defendiendo lo indefendible, el Presidente puede verse incurso en violaciones a las normas legales y constitucionales. No olvidemos que nuestra Constitución, en su artículo 333, establece el derecho a la iniciativa privada, pero dentro de los límites del bien común. La afectación a ese bien común fue lo que rechazó la comunidad de Piedras y a respetar su veredicto se debe sentir obligado el Gobierno so pena de que, por no hacerlo, se haga evidente lo que en realidad es: no un Gobierno democrático, sino una dictadura disfrazada por las urnas.
