La tarea es sostener la presión sobre el Consejo Nacional Electoral y garantizar que el reconocimiento del Pacto Histórico se produzca sin exclusiones ni condicionamientos
Claudia Flórez
@ClaudiaFlorezPC
La democracia colombiana tiene una prueba decisiva. El Consejo Nacional Electoral, CNE, debe pronunciarse sobre la personería jurídica del Pacto Histórico, pero lo que parece un trámite administrativo revela un pulso sobre la participación política en el país. No se trata de un asunto técnico. Está en juego si las instituciones sirven a la expresión soberana de la ciudadanía o se pliegan al temor de las élites frente a la unidad popular.
La ponencia que excluye a Colombia Humana y condiciona la participación de Progresistas constituye una maniobra calculada. No es un error de forma ni una omisión inocente. Se ofrece un reconocimiento parcial cuyo propósito es limitar la coalición que demostró en 2022 su capacidad mayoritaria en las urnas. Se busca dividir lo que el pueblo decidió unir, debilitando la herramienta política que encarna las aspiraciones de millones de trabajadores, mujeres, jóvenes y campesinos.
Voluntad popular
El CNE debe definir si es una institución garante de derechos o es un actor político que interviene para alterar la correlación de fuerzas. La exclusión pretende reconstruir artificialmente un mapa partidario más favorable para quienes se oponen a que el país avance hacia una transformación real. Es el viejo recurso de domesticar la democracia a través de la ingeniería institucional.
Este episodio confirma que los derechos en Colombia nunca se han concedido de manera gratuita. El voto femenino, la legalización de los sindicatos, la Constitución de 1991 o los acuerdos de paz, solo por nombrar algunos ejemplos, fueron fruto de la presión social y no de la benevolencia del poder.
Hoy la historia se repite: el reconocimiento pleno del Pacto Histórico solo será posible si construimos acciones de movilización, capaz de mostrar que la voluntad popular no puede ser reducida a un artificio jurídico.
De la decisión del CNE depende la consulta interna prevista para octubre y la preparación de la contienda electoral de 2026. Una exclusión calculada sería un golpe no solo contra el Pacto, sino contra el principio democrático de que las mayorías se expresan en elecciones libres, no en despachos cerrados.
El riesgo no es menor. Al dividir al Pacto Histórico, el CNE debilita al único proyecto que ha logrado articular una propuesta nacional con vocación de poder y que amenaza los privilegios de una élite acostumbrada a gobernar sin contrapesos reales. El trasfondo es evidente: se busca impedir que la unidad popular consolide en 2026 un proyecto democrático transformador.
Presión sobre el CNE
La izquierda, frente a este escenario, no puede optar por la dispersión ni por el repliegue. Es el momento de reafirmar que la política decisiva se juega en la calle y en la movilización consciente. La tarea inmediata consiste en sostener la presión sobre el CNE y garantizar que el reconocimiento del Pacto se produzca sin exclusiones ni condicionamientos.
El llamado es a la iniciativa colectiva, a defender en las calles la fusión del Pacto Histórico como herramienta de unidad popular, a resistir las maniobras que buscan fragmentarnos y a prepararnos con decisión para la consulta de octubre.
Allí no solo reafirmaremos nuestro derecho a existir como movimiento político sin exclusiones, sino que también respaldaremos con fuerza nuestras candidaturas para la presidencia con la camarada Gloria Inés Ramírez, voz de la dignidad laboral y de las mujeres trabajadoras; y en el Senado con la camarada María Eugenia Londoño, bandera del Partido Comunista Colombiano y de la lucha por los derechos del pueblo.
