El informe identifica a más de 30 integrantes de las planas mayores de los 12 batallones de la Cuarta Brigada, quienes cumplieron las órdenes de los oficiales encabezados por Mario Montoya
Gabriela Gil
@GabbyG1l
Durante el año 2002 y posteriores, los medios de comunicación titulaban que la Cuarta Brigada del Ejercito Nacional de Colombia, era la más efectiva, esto hacía referencia a que era la Brigada que más resultados estaba dando en número de guerrilleros muertos. Así, frío, calculado, como si tratara de una carrera y no de vidas humanas era medida la efectividad y el buen trabajo de los militares.
Las ejecuciones extrajudiciales, bajo la modalidad de falsos positivos, se definen como el homicidio ocasionado por agentes del Estado en contra de población civil o en contra de una persona no combatiente, en situación de indefensión o inferioridad, con el fin de simular una baja en combate como resultado operacional.
Esta práctica criminal, no solo se refiere al homicidio, sino que comprende un conjunto de conductas delictivas que son cometidas en diferentes fases, estas son: retención ilegal, secuestro, tortura física y psicológica, amenazas, desaparición forzada y desplazamiento forzado; no solo frente a la víctima directa sino también para sus familiares y pobladores de un territorio determinado.
Casos documentados
El informe al que titularon La Brigada más “efectiva”: Crímenes de la Cuarta Brigada bajo la Seguridad Democrática y el Plan Colombia (2002-2003), fue entregado por el grupo de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Extrajudiciales Tejiendo Memorias, la Corporación Jurídica Libertad, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y el Espacio del Litigio Estratégico que agrupa a 11 organizaciones defensoras de Derechos Humanos y representantes de víctimas, ante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición. Este informe contiene el análisis, investigación y documentación de 111 casos que agrupan 232 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre el 1 de enero de 2002 y el 15 de diciembre de 2003 en los departamentos de Chocó y Antioquia, en las subregiones del Oriente, Norte, Suroeste, Occidente, Magdalena Medio y el Valle de Aburrá.
Los crímenes que se abordan en este informe fueron cometidos por 12 batallones bajo el mando de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional. Los cinco batallones que más casos de ejecuciones extrajudiciales cometieron fueron: Batallón de Artillería Número 4 «Coronel Jorge Eduardo Sánchez Restrepo» BAJES, con sede en barrio Buenos Aires de Medellín; Batallón Juan del Corral, con sede en Rionegro, Batallón de Contraguerrillas Número 4 “Granaderos”; el Batallón de Infantería Número 10 «Coronel Atanasio Girardot» con sede en el barrio Villa Hermosa en Medellín y el Batallón de Infantería Número 32 «General Pedro Justo Berrio», con sede en el municipio de Bello.
Estos batallones fueron presentados como las unidades más eficientes y eficaces a la hora de mostrar resultados traducidos en “bajas” o “muertes en combate”. Sin embargo, las operaciones militares desplegadas por éstos han sido cuestionadas al comprobarse que se presentaron como resultados operacionales falsos positivos.
Rutas de verdad
Este informe brinda elementos claves sobre las circunstancias políticas y sociales en que fueron cometidos estos hechos, contribuye a esclarecer rutas de verdad en la criminalidad estatal desplegada por la Cuarta Brigada, aporta material probatorio útil, para investigar, juzgar y sancionar no solo a los autores, sino a identificar los máximos responsables.
Entre 2002 y 2003, las Fuerzas Militares reportaron 4.142 personas dadas de baja en combate. Para ese entonces reportaban los cuerpos que en muchos casos eran de campesinos y campesinas, como pertenecientes a grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. De esta manera la Cuarta Brigada recibió gran parte de los recursos del Plan Colombia de Andrés Pastrana y más tarde de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe Vélez.
En busca de la derrota a sangre y fuego de las insurgencias el Gobierno nacional y mandos militares ejercieron presión por mostrar resultados operacionales sin límite alguno, dando beneficios y reconocimientos a quienes dieran la mayor cantidad de resultados, las muertes se convirtieron en el elemento privilegiado para medir la efectividad de las unidades militares. Al interior del Ejército se creó un “Top 10”, para evaluar el desempeño de las tropas en relación al número de muertos en combate. Estos beneficios se reforzaron con la implementación de una política de recompensas que era traducida en ascensos, condecoraciones, felicitaciones, permisos y reconocimientos, además de un mensaje positivo ante la opinión pública de que se estaba ganando la guerra.
Muchos menores de edad
El informe La Brigada más “efectiva”, entregado por las víctimas y organizaciones, argumenta también que como mínimo se presentó un hecho de ejecución extrajudicial por la Cuarta Brigada en cada mes del 2002 y 2003, la mayor parte de los hechos se dieron en Antioquia, siendo el Oriente Antioqueño, una de las subregiones más golpeadas, en donde se reportaron 126 personas ejecutadas y en segundo lugar está el Valle de Aburrá con 66 víctimas.
De las 232 víctimas se ha logrado establecer que 20 eran de género femenino y 195 de género masculino. Se ha identificado que 40 de estas personas eran menores de edad y 32 de ellas aún se encuentran sin identificar.
Las actuaciones de la Cuarta Brigada, no solo se dieron en la ruralidad, los barrios de Medellín también fueron testigos de las órdenes que se impartían desde allí y los jóvenes quienes pagaban las consecuencias. En el barrio Olaya Herrera, el 30 de marzo de 2002, tropas del Ejército adscritas a esta Brigada, dispararon de manera indiscriminada contra la población civil residente allí, en el hecho murieron los jóvenes Wilson y Carlos Mario Gallo Gallego de 17 y 14 años de edad respectivamente y Edwin Martínez Tabares de 17 años. Wilson fue vestido con prendas militares que además le quedaban grandes y le fue puesto material de guerra y armas al lado de donde cayó su cuerpo, Carlos Mario, corrió herido hacia una de las casas del barrio y de allí fue sacado por el Ejército, atacado con arma blanca y asesinado con un tiro de gracia, relatan sus familiares, quienes también contaron estos hechos ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP y demás componentes del SIVJRNR, el día de la entrega del informe.
Que lo excluyan de la JEP
La Cuarta Brigada durante ese periodo estuvo al mando del coronel Mario Montoya Uribe, quien ha sido acusado por las víctimas no solo de esta zona del país sino de otros departamentos. Cabe recordar que fue Montoya quien además estuvo al frente de la tan recordada Operación Orión, durante el mismo periodo.
Dentro del informe se identifican a más de 30 integrantes de las planas mayores de los 12 batallones de la Cuarta Brigada, quienes se encargaron de replicar las órdenes de la plana mayor, encabezada por Mario Montoya Uribe, entre los cuales se encuentran Juan Carlos Piza Gaviria y Juan Carlos Barrera Jurado.
Las organizaciones del Espacio de Litigio Estratégico y las victimas han llamado la atención sobre los reiterados incumplimientos del general Mario Montoya Uribe ante el sistema de justicia transicional, incluso las víctimas la han catalogado como una “burla”, por ello adicional a este informe, que contiene material probatorio que permitiría esclarecer hechos que lo involucran, han presentado una solicitud de exclusión de la JEP, piden que responda en la justicia ordinaria, pues su aporte a la verdad y reconocimiento de responsabilidad ha sido nulo.
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