La crisis debe pagarla el capital

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Luis Carlos Sarmiento, Fanny Gutiérrez (esposa del banquero), Marta Lucía Ramírez y Álvaro Rincón (esposo de la vicepresidenta) en acto social.

La escandalosa caída del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del año (15,7%) registrada por el DANE, tiene como correlato un desempleo masivo (24,4%) que es aún mayor en mujeres y jóvenes. A ello se suma la pérdida de ingresos de los trabajadores de la economía popular o informal, con lo que se puede afirmar que la mitad de la fuerza laboral en el país se ha quedado sin ingresos, subsiste gracias a su tenacidad en el rebusque, que lo lleva a cabo incluso superando la sistemática represión de los alcaldes y del Gobierno nacional.

Ante la crisis socio-económica, que coexiste con una sanitaria de vieja data profundizada por el covid-19 y la crisis política, Duque instrumentó un plan de reactivación mal llamado “Nuevo Compromiso Colombia”, basado en leyes de emprendimiento con muy poca financiación, una nueva desregulación del capital financiero, la construcción de grandes obras de infraestructura mediante alianzas público-privadas, y el anuncio de inversión en energías renovables. Mucha ficción y nula financiación

Carrasquilla espera que el sector privado financie el plan en 75%, lo cual es difícil en una economía, con la mayor caída del producto del último siglo. En realidad, el plan tiene como objetivo saciar la voracidad especuladora del capital financiero e inmobiliario y garantizar sus ganancias futuras. Generar puestos de trabajo, es el objetivo menor, además, los proyectos, de realizarse, iniciarían su ejecución, dentro de uno o más   años.

Las frías cifras del desempleo y pérdida de ingresos de los sectores populares, que generalmente ocultan el drama humano del hambre, la desnutrición y los desalojos, ni siquiera mueven a Duque y a su ministro Carrasquilla, a cuestionar la posibilidad de superar el modelo neoliberal verdadero causante de la tragedia nacional. Ellos se limitan a arrojar la limosna de $160.000 per cápita y donan billones a sus calanchines del capital financiero.

Los gremios económicos y sus analistas de oficio sugieren eliminar los aranceles a la importación de un nuevo grupo de alimentos, afectando a la producción campesina y familiar; reviven las nefastas propuestas de reducción de salarios y/o su regionalización; solicitan que la nación (las y los colombianos) paguen una parte de las prestaciones sociales que por ley corresponden a los empresarios. Como si fuera poco, en la propuesta de Presupuesto General de la Nación para 2021 se reducen los rubros de agricultura y en industria, comercio y turismo los aumentos son pírricos. Además, se anuncian privatizaciones por 12 billones de pesos, feriar el patrimonio público en una venta de garaje exprés, que está destinada a favorecer a testaferros que finalmente comparten las utilidades, por debajo de la mesa, con los gobernantes que propiciaron esas donaciones del patrimonio de todos los colombianos.

El gobierno Duque ha bloqueado las posibilidades de la recuperación del empleo en corto plazo con su negativa a la implementación de la renta básica universal de un salario mínimo que daría poder de compra a los colombianos sin ingresos, lo que ayudaría a dinamizar la economía.

En su estrecha mentalidad no les preocupa la deserción universitaria, que se calcula en un 25% de matrícula y por ello bloquean la matrícula cero para las universidades públicas y las ayudas para estudiantes de las instituciones privadas, a la vez que pretenden desnaturalizar al SENA; con ello destruyen el principal factor productivo de cualquier economía en el mediano y largo plazo, una fuerza laboral joven capacitada en la ciencia y la tecnología. Para completar el cuadro está en las apuestas del gobierno la privatización, por sectores, de Ecopetrol, alejándonos de una transición energética ordenada desde el Estado, que tenga como fin la protección del medio ambiente mediante el tránsito hacia la utilización de las fuentes de energía renovables y el abandono del petróleo y el carbón como generadores de energía, tal como lo está haciendo Europa. Además, las tarifas de la energía y el consumo del agua potable deben establecer un costo efectivamente discriminado que favorezca a los estratos cero, uno, dos y tres.

En lo inmediato y en función de recuperar los ingresos y el empleo de los sectores populares, que el Estado se endeude para poder proteger a los pobres y a los trabajadores informales, préstamos a las Mipymes con interés cero y a largo plazo. Financiación a los proyectos de profesionales jóvenes con interés bajo y de largo plazo. Proponemos el impulso de la construcción y/o mejoramiento de la infraestructura comunitaria y de vías tercerías; créditos apalancados por el Estado con tasa real 0% para los trabajadores de la economía popular.  La compra estatal de cosechas al campesinado y la renta básica universal de emergencia.

Todas estas propuestas realmente viables, si se convierten en acciones del Gobierno no solo atemperan la deprimente situación que padece el pueblo colombiano, sino que además, contribuyen al relanzamiento y recuperación de la economía. Pero su realización solo es posible si las fuerzas progresistas y revolucionarías diseñan y organizan movilizaciones bien disciplinadas, con las condiciones de bioseguridad y con el horizonte de la continuidad necesaria, para conseguir el objetivo. Solo así podemos arrancarle a la clase gobernante estos logros para el beneficio de los excluidos y de la clase media también expoliada. La consigna es que estos sectores no pueden ni deben pagar la crisis, que la paguen quienes viene usufructuando la riqueza natural y la explotación de la fuerza de trabajo desde más de cien años.

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