La Corte Constitucional dio un golpe a la reforma agraria. Declaró inconstitucional las normas del Plan de Desarrollo que permitían resolver administrativamente los procesos de recuperación de baldíos apropiados ilegalmente
Redacción Territorios
Con esta medida de la Corte se evita la extinción de dominio de predios de más de 300 hectáreas, donde no se cumple la función social o ecológica de la propiedad, deslindes y clarificación incluidas las que se refieren a las ciénagas y lagunas. La decisión del alto tribunal beneficia directamente al latifundio y al acaparamiento ilegal de tierras; se pone en contravía de los del cambio y la necesidad de darle tierra y apoyo técnico y económico a millones de campesinos y campesinas.
Durante sus 40 años de existencia, el Incora por vía administrativa extinguió el dominio en cuatro millones 700 mil hectáreas, y recuperó 432 mil de baldíos apropiados indebidamente. Compró un millón 200 mil hectáreas y expropió 71 mil. Es decir, que por cada hectárea que adquirió, aplicó procedimientos agrarios a cinco hectáreas.
Poderes y normas contra la reforma
El decreto ley 902 de 2017, que supuestamente debía servir para aplicar el punto uno del Acuerdo de paz sobre reforma agraria integral, se convirtió en realidad en uno de los mayores obstáculos para cumplirlo, entre otras cosas, porque estableció una fase judicial para culminar los citados procedimientos agrarios, lo cual trató de corregir la ley del Plan de Desarrollo, intento que frustró la Corte.
El Incoder y la Agencia Nacional de Tierras, ANT, fueron despojados de la capacidad de hacer reforma agraria en beneficio del campesinado. El artículo 31 de la ley 160 de 1991 fue recortado por el que eliminó la posibilidad de adquirir directamente tierras para campesinas y campesinos que no la tienen, excepto cuando se trate de personas respecto de las cuales el Gobierno nacional establezca programas especiales de dotación de tierras.
La creación de la ANT y la Agencia de Desarrollo Rural, ADR, en 2015, separó el desarrollo rural y los proyectos productivos de la adquisición de tierras, lo cual llamaríamos un gran error si no supiéramos que se trataba de evitar cualquier posibilidad de reforma agraria.
Hay urgencia de resolver
La ANT precisa de modificaciones en su estructura y procedimientos para que pueda superar la extrema lentitud en su ejecución. La ANT ni siquiera tiene una dirección de Asuntos Campesinos. El presidente Petro ante las Naciones Unidas mencionó la necesidad de un nuevo fast track para hacer lo que el decreto 902 de 2017 no hizo. Sea por esa vía o la de una ley de trámite urgente, se requiere resolver la situación.
Se perdió la oportunidad que significó el Plan de Desarrollo para modificar la estructura de la ANT y abrir el paso para compras directas para campesinos realizadas por la entidad, sin que se tuvieran que establecer programas especiales, pero no se trata de lamentar lo que no se hizo, sino de asumir las iniciativas que el momento requiere. Mientras tanto la SAE seguirá siendo un importante apoyo a la reforma agraria, transfiriendo a la ANT predios cuyo dominio fue extinguido por enriquecimiento ilícito.
El primer semestre de 2024 registró un excelente resultado para la producción agropecuaria, pero ello no se reflejó en una mejor situación económica para la población rural, a pesar de que en 2023 se había reducido la pobreza rural. Este año, al contrario de lo ocurrido en las principales ciudades, en el sector agropecuario, en el área rural y para el campesinado en particular, aumentó el desempleo y disminuyó el ingreso de las familia.
Esta situación se debe tanto a la concentración de la tierra y del crédito, como a los márgenes de intermediación de que se apropian comerciantes y empresas procesadoras como, por ejemplo, las pasteurizadoras de leche. También a que la situación de precios del café fue baja.
Además, desde la destrucción del Idema no se cuenta con instrumentos institucionales para incidir en la estabilización de los precios, lo cual hizo que el aumento de la oferta causara caídas graves de precios de productos como la cebolla y la yuca.
Las medidas para avanzar
El gobierno ha tomado medidas importantes, por ejemplo, se activó el Fondo de Estabilización de Precios del Café. También ha activado la ley de compras públicas, vigente desde hace cuatro años, pero poco aplicada, y se abrió una línea de crédito, con bajos intereses, para los esquemas integradores verticales de las cadenas productivas que incluyan procesamiento y comercialización, conformados totalmente por pequeños productores. También otra para que 200 mil campesinos, mujeres y jóvenes puedan acceder a créditos. La masa del crédito sigue, sin embargo, llegando a los grandes productores.
Un progreso ha sido la constitución de reservas campesinas, siete durante el gobierno de Petro frente a siete en los 28 años anteriores. Se espera que sean constituidas otras nueve este año. Además, fueron constituidos o ampliados resguardos por 573 mil hectáreas.
Según datos oficiales, la ANT durante dos años del gobierno de Petro adquirió 88 mil hectáreas, treinta mil de las cuales (el 34,8 por ciento) han sido para campesinos y el resto (65,2 por ciento) para comunidades indígenas y afrocolombianas. Durante cuatro años de gobierno de Duque sólo 13 mil hectáreas. El aumento ha sido notorio, pero demasiado lejos de la meta que se fijó inicialmente en el gobierno para avanzar en la reforma rural integral.
Es necesario abrirle el paso a la reforma agraria con la unidad, la organización y la movilización nacional y local del campesinado, los pueblos indígenas y afrocolombianos y los asalariados rurales. Sin sólidos comités municipales de reforma agraria, sin la acción masiva de organizaciones fuertes de los campesinos, indígenas, afros, raizales y obreros rurales, no habrá reforma agraria ni reforma integral de la ruralidad.
Se necesita también un viraje en las entidades del gobierno para hacer eficaz el esfuerzo administrativo y presupuestal. El magisterio dio ejemplo de cómo no podemos y debemos movilizar en la situación de un gobierno que apoyamos. Esto es válido para las movilizaciones que deberán venir para abrirle el paso a la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria y a las iniciativas que permitan hacer realidad la reforma agraria.
La ministra Carvajalino traza hoja de ruta
Según informó el portal de noticias del Ministerio de Agricultura -@MinAgricultura, el 24 de julio de 2024, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, lideró este miércoles la sesión de la Convención Nacional Campesina, en Bogotá, que tuvo como eje central escuchar los aportes a la Reforma agraria por parte de los representantes de las organizaciones campesinas colombianas.
Allí la ministra expuso que “Esto que está pasando hoy, esto que ustedes vienen forjando, es un hito en el proceso de interlocución del Gobierno con el campesinado y las comunidades étnicas. En este país no se hablaba de Reforma agraria, y hoy es el eje central de la política agropecuaria. No se hablaba de campesinado, hoy en la Constitución se le reconoce. Tampoco se hablaba de justicia agraria, hoy tenemos una Jurisdicción Agraria que aún falta por implementarse”.
Durante este encuentro se nutrió el debate sobre la activación de la Comisión Mixta Nacional Campesina, que está próxima a ser sancionada por el presidente Gustavo Petro. Esta Comisión estará conformada por 54 representantes del campesinado, de los cuales 39 serán escogidos por la Convención Nacional Campesina.
Para Eberto Díaz Montes, de la Fuerza Nacional Campesina, “esta es una gran posibilidad para que el campesinado encuentre una puerta abierta al diálogo. Comenzamos un nuevo camino y estamos dispuestos a contribuir, porque nos sentimos un actor reconocido en MinAgricultura. La economía campesina debe ser el eje de nuestro discurso, y es necesario que las plazas de mercado sean fortalecidas en el país”.
La ministra Carvajalino concluyó que “el cambio es repensarnos la institución de cara a la transformación del campo de la mano con la agricultura campesina, familiar, comunitaria y étnica. Desde allí podemos hacerle frente al hambre, al cambio climático y apoyar la construcción de paz”.
“Sin alimentación no sobrevive nadie”
En entrevista realizada por Cindy Castro y divulgada por el portal del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad Dejusticia en Colombia, la presidenta de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, Fensuagro, y secretaria de la región de las Américas de la Vía Campesina Elsa Nury Martínez, entre otros temas, se refirió a la importancia de la agricultura para una sociedad.
A la pregunta de “¿Por qué el campesinado es un asunto de importancia local, nacional y global?”, la dirigente expresó: “Uno puede vivir desnudo, sin luz, pero sin alimentación no sobrevive nadie. El campesinado en el mundo es protagonista de la alimentación, es su labor social. El campesinado produce alimento para todos. El modelo neoliberal está dirigido por grandes corporaciones y eso hace que políticas internacionales afecten a varios países. Por eso nuestras acciones también deben ser globales.
»Por ejemplo, que la agricultura esté dentro de la OMC es un problema porque los alimentos no pueden ser mercancía. El problema del hambre no se resuelve con alimentos en supermercados, sino con que las personas pobres tengan acceso a los alimentos. Es decir, no sólo es producción de alimentos sino acceso y mientras los alimentos solo sean vistos como mercancía esto será un problema: el acceso”.
