Lucas Restrepo – Especial para VOZ
@Lucas_Restrepo
El fin de semana pasado se cumplió la 21 semana de protestas en Francia. Menos gente va a París, pero la movilización sigue activa, constante es inventiva. La enorme mayoría de los manifestantes que se reivindican como Gilets jaunes (GJ) son primo-manifestantes, personas sin militancia política o asociativa y en general abstencionistas. Las primeras convocatorias en noviembre generarían de hecho muchas sospechas a derecha e izquierda del panorama político tradicional francés, desde los ecologistas hasta los Black Bloc, con la excepción notable del grupo de Jean-Luc Melenchon France Insoumise, quienes manifestarían su apoyo desde las primeras horas. La expresión “Fâchés mais pas fachos”, juego de palabras que traduce algo como “enfadados pero no fascistas”, suele escucharse en todas la manifestaciones y meetings a lo largo de todo el país. Ello denota un deseo firme de diferenciarse de un movimiento que tiende sin dudas a convertirse en una fuerza importante en varias regiones europeas: la extrema derecha. Se trata, al contario, de un movimiento “condenado” a la diversidad de orígenes y de clase, teniendo en cuenta las aproximaciones que ha generado la crisis sistémica del capitalismo; más o menos laico, puesto que ninguna jerarquía religiosa en Francia se ha atrevido a formular un discurso sobre la crisis; y anti-jerárquico, ya que para movilizarse cuestiona la interpelación al desprecio de clase y a la exclusión social defendidas por el sistema y reproducida por los partidos. El alcance político del movimiento es indudable: al ser una expresión anti-autoritaria en la práctica, ponen en cuestión la democracia representativa vigente, pero ante todo rechazan la injusticia fiscal.
Los GJ son lo contrario de un movimiento anti-fiscal dado que movilizan un discurso a favor de una fiscalidad fuerte, progresiva y dirigida a repotenciar el sistema de servicios públicos. De hecho, uno de sus puntos de reivindicación más claramente definidos está disgregado en una serie de medidas denominadas de “justicia fiscal”. Apoyándome en el diario hermano de esta casa, L’Humanité, resumo las medidas sociales y fiscales del presidente Emmanuel Macron, que se inscriben sin duda dentro de un proceso general y sostenido de destrucción del Estado de bienestar de la 5ª República, pero que se distinguen por su profundidad, su vertiginoso ritmo y su estilo abiertamente autoritario tanto frente a la protesta social como frente a las instancias mismas de representación. La primera medida del actual gobierno consistió en la supresión del importante impuesto sobre a fortuna o “ISF” lo que significó un beneficio para los cien más grandes patrimonios de Francia, favorecidos con un reembolso de 1,5 millones de euros por individuo, en detrimento del presupuesto general. Igualmente se procedió a la disminución del 50% al 30% en la deducción tarifaria única sobre los beneficios del capital o “flat tax”, sacrificando en promedio 4.500 millones de euros de las finanzas públicas. De otra parte, el sistema de seguridad social recibió un golpe mortal por cuanto la medida de apoyo a las empresas consistente en un crédito fiscal por generación de empleo y de competitividad (que en realidad solo contribuyó a desfiscalizar a las grandes empresas en lugar de generar empleo), es ahora financiada por medio de reducciones en las cotizaciones sociales salariales, lo que significó una reducción de 42.000 millones de euros cada año para el sistema de protección social[1].
Para compensar semejante golpe a las finanzas públicas, el gobierno ha acelerado la inversión del sistema de deducción, haciendo recaer la carga del Estado sobre el resto de la ciudadanía francesa, y de forma notable sobre los pequeños empresarios, los asalariados y los jóvenes. De entre esas medidas cabe resaltar: la eliminación de ciertos “contratos de ayuda” que permitían reclutar, de forma temporal jóvenes desempleados con dificultades para encontrar puestos durables, lo que disparó la tasa de desocupación entre los menores de 25 años en un 22%. De igual forma, se ha reducido de forma importante una ayuda de vivienda que recibían los estudiantes denominada que hace, por ejemplo, que la vida de estudiante en París sea insostenible para los escolarizados más pobres. Recientemente se han establecido medidas de penalización al interior de la institución encargada del subsidio al empleo, “Pôle Emploi” dirigidas a reducir el número de beneficiarios de la medida y a dirigir la mayor cantidad de solicitantes de empleos hacia ofertas no necesariamente adecuadas a sus aptitudes y capacidades. De igual forma se ha optado por la aumentación de ciertos impuestos que cubren a la mayor parte de la población, como por ejemplo aquellos que afectan los salarios medios y las pensiones. Las cuentas muestran que 1.200 euros mensuales, el salario mínimo en Francia, hoy son netamente insuficientes para un grupo de más de 4 personas fuera de París y de más de 3 personas en la zona metropolitana de la capital.
Finalmente, la crisis se extiende al sistema público general. Francia se precia de poseer el mejor sistema de salud del mundo y, no obstante, el estado de sus hospitales comienza a ser desastroso. Quien escribe este artículo puede dar cuenta de la situación desesperante que los trabajadores del célebre hospital Lariboisière de París viven a diario. Igual situación para los profesores de colegios y liceos que justo esta semana se movilizaron contra la reforma del ministro Blanquer: primera trinchera de todos los problemas sociales, mal pagados y obligados a los altísimos costos que impone el tipo de consumo de un país del llamado “primer mundo”, la carrera profesoral, que exige un alto nivel de calificación, ha dejado de ser atractiva o estimulante. A esta crisis se suma la supresión de puestos de trabajo en el sector público: 5.000 desde el 2017, teniendo como horizonte la supresión de 50.000 puestos más para el 2022. De allí que no sea extraño que el elemento desencadenante de la movilización en noviembre haya sido el anuncio del aumento de lo que en Colombia se conoce como la “sobretasa a la gasolina” de 4 céntimos por litro, destinada a recolectar 4.500 millones de euros por año para pagar el costo de la “transición ecológica”. Si tenemos en cuenta que el presupuesto familiar se cuenta euro a euro, una aumentación de ese calibre resulta catastrófica para una economía familiar en un país con pocas oportunidades de diversificación en el consumo por cuanto las economías ilegales están menos extendidas. En fin, no por nada los sociólogos Monique Pinçon-Charlot y Michel Pinçon han denominado a Macron en su obra más reciente como el “presidente de los ultra-ricos”[2]. En una próxima entrega, hablaré del movimiento de los Gilets jaunes como tal, para responder a una pregunta: ¿Cuáles son los contenidos políticos del movimiento? ¿en qué consiste ese su “devenir abeja”?
[1] Salim Lamrani, « Le mouvement des « Gilets jaunes » en France : Une revendication de justice sociale et fiscale », L’Humanité, 22 de diciembre de 2018, en : https://www.humanite.fr/le-mouvement-des-gilets-jaunes-en-france-une-revendication-de-justice-sociale-et-fiscale-665488
[2] Pinçon, Pinçon-Charlot, Le président des ultra-riches. Chronique du mépris de classe dans la politique d’Emmanuel Macron, Paris : La Découverte, 2019.
