El caso de Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como “Jorge 40”, exjefe del Bloque Norte de las AUC, uno de los grupos paramilitares más sangriento del país que controló el territorio de la costa, y cuyos crímenes siguen en la impunidad, incluso después de su extradición a los Estados Unidos, vuelve a suscitar controversia no solo por el reciente nombramiento de su hijo Jorge Rodrigo Tovar como nuevo coordinador de víctimas del Ministerio del Interior, sino porque se acerca su libertad
Carolina Tejada
Por más de 12 años este paramilitar actuó con su ejército sobre los departamentos de Cesar, Magdalena, La Guajira, Atlántico y Santander, en el marco de la ley de Justicia y Paz, adelantada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, participó del proceso entregando a mil de sus hombres en marzo de 2006, confesó cerca de 600 crímenes, pero su prontuario supera los más de cuatro mil casos. El 13 de mayo de 2008, en el segundo periodo presidencial de Uribe, en medio de un procedimiento relámpago, fue extraditado a los Estados Unidos por el delito de narcotráfico. El silencio y nula participación para hablar sobre los políticos, terratenientes y empresarios que estuvieron detrás de los crímenes, ha sido la maniobra de este jefe criminal.
Todos los arroyos conducen al mismo río: Uribe
En el año de 1996, Jorge 40 junto a Salvatore Mancuso, le ganaron terreno al ELN, cosa que favoreció a los terratenientes y ganaderos de la región, dueños de grandes fincas en las riberas del río Magdalena, quienes se organizaron y conformaron las denominadas Convivir, las cooperativas de seguridad que eran una iniciativa originada desde el gobierno de César Gaviria e implementadas en Antioquía por el gobernador de ese entonces Álvaro Uribe Vélez. Estas eran señaladas de ser grupos paramilitares legalizados para generar control en la población y por múltiples violaciones a los derechos humanos.
Dentro de los crímenes por los cuales se investiga al paramilitar “Jorge 40” está el del despojo de tierras. En el 2003, con Uribe en la presidencia, los paramilitares se empezaron a beneficiar de la adjudicación de tierras despojadas. Verdad Abierta, había adelantado una investigación en la que encontró, que más allá de los 37 predios que el jefe paramilitar aseguró se habían robado, existía una relación entre el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria, Incora, ‘Jorge 40’ y políticos de la región, para legalizar miles de hectáreas de tierras usurpadas a la fuerza a campesinos pobres en el Magdalena.
En el 2003, el Incora revocó 134 títulos a campesinos de 13 municipios de Magdalena en donde comandaba el paramilitar. Estas tierras habían sido otorgadas por este mismo instituto a la población campesina que en los ochenta y noventa reclamaban el derecho a la tierra.
Cuando a sangre y fuego ingresan los paramilitares al departamento inició el desplazamiento forzado y la ocupación de estas tierras. El Incoder, nombre con el que renombraron en el gobierno de Uribe al Incora, revocó los títulos a la población en un plan relámpago y los volvió a adjudicar a terceros, en un promedio de dos predios por día. El argumento fue básico, el campesinado abandonó la tierra. Según cifras de Acción Social, de estos municipios fueron desplazadas un promedio de 199.746 familias entre el 2000 y 2009 y asesinadas 9.642 personas entre 1990 y 2009.
Detrás del despojo estuvieron el interés de políticos reconocidos como Neyla Alfredina Soto Ruiz, Miguel Castro Gnecco, el empresario Saúl Severini y Augusto ‘El Tuto’ Castro, hermano de un congresista para entonces, entre otros. Y, por otra parte, el control para el flujo de mercancía ilegal, desde el Wiski, hasta la coca que salía vía al mar y por tierra hacia otras latitudes.
Por otra parte, se abrió el camino a los proyectos de explotación de recursos naturales bajo el mecanismo de despojo de las zonas claves para la exploración, a comunidades indígenas, afro y campesinas y, muy a la par, con la adjudicación de licencias ambientales por parte del gobierno central. Estas dos prácticas se combinaron durante los dos periodos presidenciales de Uribe Vélez en todo el país.
La ONG Pax, adelantó un informe titulado ‘El lado oscuro del Carbón’, en donde reveló en el 2014 que ‘Jorge 40’ se reunió en varias ocasiones con directivos de la Drummond. Dialogando con Eduardo Carreño, uno de los abogados de las víctimas de estos crímenes, comenta que “falta muchísima información de cada uno de los casos. En concreto donde están las víctimas no se sabe quién planificó y por qué se da ese tipo de crímenes, es decir contra la misma autoridad” el abogado hace referencia a los investigadores de la Fiscalía que también fueron asesinados por parte de estos grupos y cuyos cuerpos no han sido ubicados.
En el caso de la Drumond, “en donde uno de los altos directivos de la empresa se reunía con él, porque eran compañeros de infancia. Para la época de 1995 y 2000 se aportaron cerca de dos millones de dólares para financiar un grupo criminal y aportes mensuales de 100 mil dólares”. Se pregunta el abogado ¿Quiénes estuvieron detrás de la fortuna que dejó la guerra paramilitar en toda la costa norte del país? Sigue siendo parte de la verdad que tendrá que conocerse en el país.
Subordinación a las políticas de EEUU
Carreño, asegura que la extradición de estos jefes paramilitares a los EE.UU, en el periodo presidencial de Álvaro Uribe, se da en medio del ocultamiento a la verdad y en un procedimiento exprés, cuando algunos de estos altos mandos empezaban a hablar de manera detallada sobre los vínculos que tenían con políticos, empresarios, de militares y generales, “al otro día solicitan la extradición de estas personas y en un procedimiento que muy pocas veces se ve en la historia, en un proceso de 24 horas los mandan en el avión de la DEA para los Estados Unidos”.
Extradiciones que rompieron cualquier principio de legalidad, lo cual implica un elemento de análisis, “una subordinación total de las autoridades colombianas a estas políticas de EE.UU.”, comenta Carreño, pues en el acuerdo con los paramilitares no estaba el de la extradición a los EE.UU. En el caso de “Jorge 40” él rompió con todo compromiso de hablar, pues se había roto el acuerdo verbal que había hecho el gobierno de Uribe.
La salida de “Jorge 40”
De allí, que la llegada de “Jorge 40” al país luego de cumplida la condena en EEUU, es de gran importancia para las víctimas, para la verdad y la justicia. Pero, ese retorno al país y el que cuente la verdad, va a depender de que Colombia, como dice el abogado Carreño, haga lo que tiene que hacer: “que es pedir la entrega o la repatriación de este señor, para que cumpla aquí los compromisos que tiene con todos los procesos, o en los casos en los cuales ha sido condenado, por ejemplo, la ejecución de los trabajadores del CTI de la Fiscalía. Pero, hasta donde se conoce públicamente va a mantener su postura de silencio total. Pero una cosa es lo que se dice por ahora desde allá y otra cosa es cuando aquí ya se enfrente a una realidad concreta”.
Una de las posibilidades es que se someta a las penas cumplidas que en acumulación podrían dar ente entre 40 y 60 años, o que solicitara la acumulación de todos los procesos para buscar una rebaja sustancial de la pena producto ahí sí de confesiones y de colaboración con la justicia, analiza el abogado. O, que suceda como en el caso de Juan Carlos “el Tuso” Sierra, otro paramilitar extraditado, que no regresó a Colombia y a cambio colaboró con la justica de EEUU dando información sobre el comercio de la droga.
El caso es que su salida de la cárcel coincide con el reciente nombramiento de su hijo como nuevo coordinador de víctimas del Ministerio del Interior. Hecho que no solo ha llamado la atención de las víctimas, sino que se presta para evidenciar que se sigue cociendo sobre la región una estructura política, de nombramientos a dedo que no son gratis, que corresponden a fichas que, como en un juego de ajedrez, funcionan en favor de rodear interés de alto nivel, en este caso de políticos tradicionales, corruptos, financiadores del paramilitarismo y en donde, como hasta ahora ha sucedido, el silencio se paga bien, de lo contrario, se cobra con la muerte.
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