La cárcel, un destino de muerte

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Benedicto González Montenegro
@BenedictoFARC

La prisión es, tanto en lo material como en lo psicológico, uno de los principales instrumentos con que cuenta el Estado para ejercer control social. En Colombia, las prisiones son centros de castigo, que desconocen el principio de la función resocializadora de la pena.

Los últimos 20 años se han construido en Colombia complejos penitenciarios al estilo de la gran infraestructura recetada por el Buró Federal de Prisiones. Inmensas moles de hormigón y metal, con grandes concentraciones de reclusos, bajo normas altamente restrictivas para los prisioneros y excesivamente permisivas para la administración y personal de custodia.

Se cuentan entre ellas La Tramacúa en Valledupar, cárcel de Cómbita, Picaleña, la Picota, el Pedregal en Medellín, entre otras. En la mayoría de ellas se padece un hacinamiento de más del 50% (aunque hay cárceles como la de Riohacha y Bellavista, donde el hacinamiento supera el 200%) y precarias condiciones de servicios públicos, higiene y desatención en salud.

Este modelo carcelario neoliberal, lejos de resolver el hacinamiento, generó nuevos problemas, como los permanentes traslados de reclusos a lugares distantes que imposibilitan la visita de familiares y la defensa jurídica, lo que constituye otra violación a los derechos humanos.

La abogada y defensora de derechos humanos July Henríquez Sampayo sostiene que “la privatización de las prisiones se da por fases, empezando por: a) la formalización de contratos comerciales para las cantinas en la que los reclusos pueden adquirir artículos de uso personal, b) privatización de los servicios específicos, como tratamiento para drogadictos u otros programas para los reclusos, prestados por empresas comerciales y organizaciones sin ánimo de lucro, c) formalización de contratos para la prestación de servicios centrales dentro de la cárcel, como comidas, atención sanitaria, educación y trabajo para los reclusos, d) subcontratación de empresa comercial para la administración de la cárcel”.

La cárcel es entonces, otro escenario de exclusión social, y de explotación capitalista, donde el que tiene con qué pagar accede a los servicios y el que no, simplemente padece, además del aislamiento, la miseria y todas las formas de vulnerabilidad. Muy a pesar, que la Corte Constitucional en sentencia T-282 de 2014 declaró el Estado de Cosas Inconstitucional de las prisiones colombianas, la situación en lugar de mejorar empeora paulatinamente.

Así ha quedado al descubierto en esta coyuntura, donde la pandemia del Covid-19 viene cobrando vidas de reclusos y no hay un plan que dé respuestas y soluciones a la emergencia. Todo lo contrario, la respuesta a la protesta carcelaria adelantada por internos de 14 cárceles del país el pasado 21 de marzo, fue la represión y el asesinato de 23 reclusos y 80 heridos en la cárcel Modelo de Bogotá. Al respecto, el fiscal general de la nación Francisco Barbosa, afirmó el pasado 12 de abril que “ELN y disidencias de FARC, están detrás de motines en cárceles”, con lo cual está justificando una nueva masacre, en medio de total impunidad.

No estamos frente a una crisis carcelaria, sino ante el fracaso de un modelo y una política de Estado, que se expresa en la violación sistemática de derechos humanos y la aplicación de la fuerza a manera de escarmiento social.

PD: Aunque se acogieron al acuerdo de paz firmado en el Teatro Colón, cerca de 400 excombatientes de las FARC-EP permanecen en las cárceles esperando el beneficio de amnistía e indulto.

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