La amenaza de la fumigación con glifosato

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Desde hace un año se han presentado choques entre la población campesina y las Fuerzas Militares que adelantan los operativos de erradicación forzada. Foto Lina Álvarez, El Cuarto Mosquetero

Aunque el Establecimiento no ha podido reiniciar la fumigación aérea con glifosato, las comunidades que subsisten de los cultivos de coca tienen las alarmas encendidas. La esperanza del campesinado cocalero es que se implemente el cuarto punto del Acuerdo de Paz

Lina Álvarez – El Cuarto Mosquetero
@LinaMC_Alvarez

Desde el 2015 dos acontecimientos fueron determinantes para que el Gobierno nacional suspendiera la aspersión aérea con glifosato: Los diálogos de paz en La Habana y un fallo de la Corte Constitucional, que identificaba su uso no solo como lesivo para la naturaleza y la salud humana, sino también porque destruye los cultivos de pancoger del campesinado, principales afectados.

Para el año 2019, la empresa Bayer tenía interpuestas en su contra 5.000 demandas en Estados Unidos por personas que al parecer empezaron a padecer de cáncer por el uso de ese herbicida. Los países de la Unión Europea tienen vía libre para prohibir su uso, como por ejemplo Francia, que adelanta todo el proceso para prohibirlo en su totalidad. En Argentina, 12 de sus ciudades prohíben su uso y comercialización.

No obstante, en Colombia se insiste en ser una de las principales banderas de la erradicación, aun sabiendo que no soluciona de fondo la no continuación de los cultivos de coca, ya que, al ser la principal fuente de sustento del campesinado de zonas recónditas, ellos se ven en la necesidad de volver a cultivar, para ello se internan un poco más en selvas vírgenes, talan y vuelven a sembrar.

Las de perder

En la revista El Círculo Vicioso del politólogo neerlandés Martín Jelsma, exponen cómo en la década anterior en la que se fumigaron más de 300 mil hectáreas, se violaron los derechos humanos de los campesinos quienes buscaron apoyo en los grupos guerrilleros que los apoyaban mientras se degradaba la legitimidad del Estado. Además, para la época, la Defensoría de Pueblo recibió un gran número de denuncias por problemas de salud y ambientales cuando fueron lanzados los frentes biológicos elaborados para generar hongo y matar las matas de coca, marihuana y adormidera.

Nunca se hicieron las investigaciones adecuadas para determinar qué tan nocivo era utilizar el glifosato y todos los químicos que forman esta mezcla. En ese tiempo, en el actual y en el círculo que se genera en esta “guerra contra las drogas”, el campesinado es el que lleva las de perder.

“La pérdida del sustento empuja al desplazamiento y a la migración. Después de que la coca, la adormidera y los cultivos de pancoger han sido fumigados, la población se ve forzada a desplazarse a centros urbanos o a otras áreas rurales. Los campesinos no son los únicos forzados a marcharse. Los raspachines, o jornaleros temporales, y la fuerza de trabajo periférica que sostiene la economía de las drogas, también se ven forzados a irse.

La migración hacia las barriadas urbanas genera condiciones de vida espantosas, desempleo y miseria. La migración rural, por lo general, hacia la selva amazónica o hacia lo alto de las montañas, resulta en una búsqueda de tierra disponible para reemplazar el cultivo ilícito. Debido a la guerra o las fumigaciones, mucha gente debe desplazarse por segunda o tercera vez, en un proceso devastador para aquellos que deben afrontarlo”, resalta la investigación y que está muy ligada a los efectos que ha conllevado en el sur del Meta el incumplimiento del Programa Nacional de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS.

Las tensiones en torno a la aspersión

Es importante tener en cuenta que, aunque se han intentado pasar proyectos de ley para impedir la aspersión aérea con glifosato, como sucedió en abril del 2021, este fue hundido por la bancada de partidos como el Centro Democrático, Cambio Radical, La U y Conservador, que siguen orientando la lucha contra el narcotráfico estigmatizando al campesinado. El Gobierno nacional en cabeza de Iván Duque desestima el argumento de que el cultivo de hoja de coca es la fuente de sustento más viable en territorios que no cuentan con conexión vial, cadenas productivas y de comercialización, ni condiciones reales de vida digna.

Para el campesinado del Guayabero es desesperanzador ver la insistencia del Establecimiento en iniciar lo antes posible la erradicación mediante aspersión aérea con glifosato y mucho más en zonas de áreas protegidas en donde ellos se encuentran. Por eso, desde hace un año, se han presentado choques entre la población campesina, que protege su fuente de sustento, y las Fuerzas Militares que adelantan los operativos de erradicación forzada que van en contravía del Acuerdo de Paz.

Mientras tanto, el ministro de Defensa Diego Molano, dejó en pie el Decreto 380 de 2021, que establece las reglas de juego en el momento en que se inicie la aspersión aérea con glifosato. Sin embargo, este decreto no habilita la fumigación aérea, sino que deja unas pautas a seguir para cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes, CNE, apruebe su reanudación. Para logarlo necesitan cumplir con lo solicitado por la Sentencia T236 de 2017 de la Corte Constitucional y el Auto 387 de 2019:

  • La regulación debe ser diseñada por un órgano distinto e independiente a las entidades encargadas de ejecutar el programa.
  • La regulación debe derivarse de una evaluación de riesgo a la salud y otros riesgos, como el del medio ambiente; todo desde un proceso participativo.
  • El proceso decisorio deberá incluir una revisión automática de las decisiones cuando se alerte sobre nuevos riesgos.
  • La investigación científica sobre el riesgo planteado por la actividad de la erradicación, que se tenga en cuenta para tomar decisiones deberá ser con condiciones de imparcialidad, rigor y calidad.

Es por esto que, el decreto establece que el CNE será el encargado de la destrucción de los cultivos, pero protegiendo las áreas de Parques Nacionales, ecosistemas estratégicos, cuerpos de agua y centros poblados. Además, que, de adelantarse en zonas susceptibles de afectar a comunidades étnicas, debe adelantarse consulta previa.

No obstante, para que oficialmente inicien las jornadas de fumigación, se requiere el concepto previo del Instituto Nacional de Salud (INS), el cual ya fue entregado y contiene un análisis de la evaluación de riesgos en diferentes escenarios. Así mismo, necesitan el concepto ambiental por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, la cual no ha tomado una decisión al respecto.

Hay esperanza

El investigador Pedro Arenas de la corporación VisoMutop, advierte que desde que en Colombia no se busque una reforma rural integral con una política de drogas donde se deje de criminalizar al campesinado, continuarán los enfrentamientos con las comunidades que subsisten con estos cultivos. “Somos partidarios del desarrollo rural alternativo, para nada compartimos la fumigación aérea, ni la erradicación terrestre que nos la han vendido como algo favorable, pero hemos notado que se torna violenta y enfrenta a las comunidades como si ellas fueran enemigas del Estado y les estigmatiza y las criminaliza señalándolas de ser instrumentalizadas por los grupos armados ilegales”, señala.

Arenas también considera que, si se va a continuar invirtiendo mayor cantidad de recursos en erradicar con el argumento de estar en una “guerra contra las drogas” e insistir en que sea mediante aspersión aérea, no se garantizará una presencia integral del Estado en los territorios. En una audiencia pública en 2019, DeJusticia expuso que la erradicación mediante aspersión aérea puede costar 72 millones de pesos por hectárea, mientras que el gobierno afirmó que la erradicación manual costaba alrededor de cuatro millones de pesos por hectárea

Aunque aún faltan varios requisitos para que la fumigación aérea con glifosato tenga total viabilidad, las alarmas están encendidas para las comunidades que subsisten de los cultivos de coca, organizaciones de derechos humanos y ambientales, así mismo por las implicaciones que están teniendo los procesos de erradicación forzada sobre quienes subsisten de estos cultivos.

Por ahora las esperanzas están puestas en tres tutelas que está analizando la Corte Constitucional para que se tenga en cuenta el punto cuatro del Acuerdo de Paz para que así no se estigmatice al campesinado cocalero, se les dé un tratamiento penal especial y que se tenga en cuenta los excesos de fuerza y violación de derechos humanos que se ha presentado en varios departamentos del país en todos estos procesos por “combatir el narcotráfico”.

“Familias cocaleras del Guayabero entre ráfagas de fusil”, investigación que hace parte de la serie de publicaciones resultado del Fondo para Investigaciones y Nuevas Narrativas sobre Drogas convocado por la Fundación Gabo.