jueves, marzo 28, 2024
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Investigación por la masacre de El Aro

La justicia colombiana está en deuda con las víctimas y el país; por temor u omisión, fiscales, jueces y magistrados han tendido un manto de impunidad sobre las múltiples actuaciones criminales del ex presidente Uribe, otros ex presidentes y altos funcionarios del Estado.

El corregimiento de El Aro, en Ituango (Antioquia), tras la masacre de 1997
El corregimiento de El Aro, en Ituango (Antioquia), tras la masacre de 1997

Luis Jairo Ramírez H.

Hace unos días el fiscal Monte­alegre compulsó a la Corte Suprema de Justicia copias de una declaración del jefe paramilitar Don Berna ante el Tribunal de Justicia y Paz, para que le abra una investigación a Álvaro Uribe por supuesta responsabilidad en la masacre del corregimiento El Aro, cercano al municipio de Ituango (Antioquia) ocurrida entre el 25 y el 31 de octubre de 1997. Será la Corte quien determine si abre o no la investigación.

Como se recordará, los paramilitares ingresaron tranquilos al pequeño poblado, después de pasar sin obstáculos frente a patrullas militares y retenes oficiales, quemaron 42 de las 60 casas. Violaron a las mujeres frente a sus hijos. Amarraron al tendero a un palo y le arrancaron los testículos, los ojos y el corazón, para que los demás escarmentaran. Las otras 16 víctimas fueron buscadas, identificadas y asesinadas; hubo más de 1.400 personas desplazadas. El ataque de los ‘mocha cabezas’ duró cuatro días. En estos años, sectores de la Fuerza Pública han tratado de mantener los hechos en la impunidad. Por esta masacre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano.

Los hechos sucedieron cuando Uribe era gobernador de Antioquia, y por lo tanto no estarían cubiertos por el fuero presidencial que solo abarca los actos que tuvieron lugar durante los dos periodos presidenciales.

En el marco de esa estrategia de impunidad fue asesinado Jesús María Valle, presidente del CPDH Antioquia, por sicarios que lo balearon en su oficina del centro de Medellín. Sus denuncias sobre lo ocurrido en Ituango inquietaban al entonces gobernador Uribe y sectores militares y civiles.

Altos oficiales de la Cuarta Brigada del Ejército acusaron a Enrique Archila, coordinador de fiscales regionales en Antioquia, de “ser de las FARC”, por su decisión de avanzar en las investigaciones sobre los responsables de la masacre de El Aro.

En este trasiego de impunidad premeditada fue asesinado el ex paramilitar Francisco Villalba Hernández, el 21 de abril de 2009, quien participó en la incursión de El Aro y, arrepentido, se entregó a la justicia y decidió confesar su responsabilidad. Su señalamiento a las autoridades antioqueñas como responsables de la masacre le ocasionó su muerte.

A pesar de que en febrero de 2015, el Tribunal Superior de Medellín le pidió a la Fiscalía que investigara a Uribe por cuenta del testimonio de Rosa María Posada, una de las sobrevivientes de la masacre, quien declaró que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia sobrevoló el pueblo mientras los paramilitares cometían la masacre, la justicia colombiana está en deuda con las víctimas y el país; por temor u omisión, fiscales, jueces y magistrados han tendido un manto de impunidad sobre las múltiples actuaciones criminales del ex presidente Uribe, otros ex presidentes y altos funcionarios del Estado.

Ahora, el fiscal Montealegre también declaró que Uribe podría ser juzgado por el Tribunal Especial para la Paz por hechos relacionados con el favorecimiento del paramilitarismo, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia. Inmediatamente el presidente Santos se apresuró a declarar que la jurisdicción para la paz no modifica el fuero de los ex presidentes, es decir, impunidad para los criminales de cuello blanco.

En todo caso se ha insistido una y otra vez por las víctimas, las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional que en Colombia, así se firmen unos acuerdos, no habrá paz si se sigue ocultando la verdad sobre crímenes del Estado y el empresariado, y persiste la impunidad.

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