Bajo los gobiernos neoliberales, es claro que la concepción de acortamiento del Estado en su función social y su ampliación como aparato represivo, ha afectado a los jóvenes con el recorte y mercantilización de sus derechos, y con la estigmatización y criminalización de su capacidad de arrojo.
Sebastián Cristancho
A propósito de los diálogos entre la insurgencia de las FARC-EP y el Gobierno nacional, y la oportunidad que se abre con ello para la extinción de la guerra y la construcción de la paz, es importante tener claridad sobre el camino que se está recorriendo, y ante el momento político, saber actuar consecuentemente bajo el objetivo de construir una Colombia nueva. Toda sociedad que se propone dar un paso importante, debe tener en cuenta la situación particular del sector poblacional que representa su futuro, es por ese motivo, que un proyecto social no es posible si a la vez no tiene como principal bandera a la juventud.
Bajo los gobiernos de derecha neoliberales (en su versión “conciliadora”-santista o guerrerista-uribista), es claro que la concepción de acortamiento del Estado en su función social y su ampliación como aparato represivo, ha afectado a los jóvenes con el recorte y mercantilización de sus derechos, y con la estigmatización y criminalización de su capacidad de arrojo y su vocación experimental y creativa, propia de esta etapa de la vida y reflejada en las diferentes formas de expresión juvenil.
Lo anterior ha sido una de las causas que hace que en Colombia exista y se profundice un conflicto social, del que la lucha armada y la guerra son una de sus formas de manifestarse. La injusticia y la desigualdad, la división de la sociedad en una minoría privilegiada y una mayoría desposeída, hacen que surjan contradicciones que se exteriorizan como confrontaciones sociales.
La situación de los jóvenes en el país
Por tanto, con motivo del debate nacional que se abre a partir de las negociaciones en La Habana, es necesario entender que si bien el fin de la guerra es una buena posibilidad para construir la paz, el solo hecho de contar con los acuerdos no es garantía de la misma, el fin de la guerra no es el fin del conflicto social, pero sí propicia un buen momento político para que por medio de un escalonamiento de la lucha de masas sea posible la consecución de derechos humanos para toda la población, que como justicia social, son garantía de paz.
Por ello también es claro, que bajo el gobierno de la derecha en el país, es posible que termine la guerra pero no es garantía para que exista la paz, de hecho, como ya ocurrió, su proyecto social podría llevar a futuras guerras, cuestión que no es ajena a la situación de los jóvenes en el país.
Teniendo en cuenta los resultados del estudio presentado en julio por “Colombia Joven” y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, “El gasto público en adolescencia y juventud en Colombia”, se puede hacer evidente que la juventud hoy vive en un contexto profundamente hostil con relación a sus posibilidades de desenvolvimiento, que bajo los gobiernos de derecha neoliberales y la posibilidad del fin de la guerra, no representan un panorama alentador y un proyecto verdadero de paz.
Es así como en este se puede constatar, que representando la juventud (entre 14 y 28 años) el 27% de la población nacional (13 millones), la inversión del Gobierno es del 2.9% del PIB (21,9 billones de pesos), cifra que está por debajo del gasto que en esta materia realizan países como Cuba, Brasil o Perú.
El sector al que más se destinan recursos es el de educación, constituyendo el 40,8% del total, que bajo el esquema actual de financiación a la demanda y no a la oferta, no significa el derecho a estudiar sino la posibilidad de acceder a “créditos blandos” para endeudarse y estudiar, pagando intereses a los bancos (incluido el Icetex) con los que sus dueños se enriquecen a costa de las necesidades del colombiano de a pie.
El resto de los recursos se divide en inversiones que no son exclusivamente para los jóvenes sino que pueden incluir al núcleo familiar, así: 26,6% salud; 10,2% desarrollo social (ICBF, atención a adolescencia, entre otros); 10,4% otros gastos ampliados (vivienda, deporte, entre otros); 11,4% en bienes públicos (infraestructura social, servicios públicos, entre otros); y 0,6% otros gastos específicos (gestores ambientales, Colombia Joven, entre otros).
El mismo estudio afirma que dicha inversión ha sido insuficiente para garantizar derechos y, al tiempo, para reducir las brechas de inequidades que afectan a las poblaciones más vulneradas como lo son los jóvenes rurales, afrodescendientes, indígenas y mujeres. Asimismo, presenta que actualmente son pobres el 61% de los jóvenes rurales y el 38% de los urbanos.
Incluso, a pesar de que la mayor inversión es en educación, el 13,5% de estudiantes no terminan la primaria, el 30,9% de adolescentes no terminan la secundaria, 13% de los adolescentes que terminan la secundaria no continúan en 10°, y 11,30% de los que presentan las pruebas Saber 11° no ingresan a la educación superior. Hace más evidente la dura situación, el hecho de que además, los jóvenes representan el 51,4% de los desempleados del país, y que el 21,8% de los jóvenes no estudian ni trabajan.
En materia de salud, a pesar de que el 96% de los jóvenes están afiliados a un servicio también privatizado y no garantizado como derecho, existe una gran debilidad en materia de salud sexual y reproductiva, reflejada en que el 19% de las adolescentes de 15 a 19 años son madres o están embarazadas, de las cuales el 64% querían más tarde el embarazo o no lo querían. Todo ello sumado, conduce a que la precariedad de derechos haga de los jóvenes presa fácil de la delincuencia y el delinquir, siendo la violencia la principal causa de su muerte, aportando esta población el 50,8% de las muertes por homicidio en el país, razón por la que el 36,66% de las víctimas del conflicto armado tiene entre 12 y 28 años.
Hacia un nuevo período de la confrontación social
Solo una visión alternativa de paz, diferente a la guerrerista y a la “paz de derecha y neoliberal”, es la que realmente puede hacer de este derecho un factor de relacionamiento social estable y duradero, el fin de la guerra nos obliga al crecimiento de la lucha democrática y de masas, en miras a la conquista de la justicia y la democracia como garantes de la verdadera paz. El sí en el plebiscito desde el campo popular y de la izquierda debe tener ese sentido, y poseer una vocación creativa en su capacidad de trasmitirlo al pueblo en general (incluyendo la socialización de los acuerdos).
Es necesario que en específico se entienda que la paz en Colombia sí es posible con inversión y derechos para los jóvenes y el conjunto de los colombianos, y que la firma y refrendación es el fin de la guerra y, al tiempo, la introducción a un nuevo período de lucha social, que empezaría con la implementación de lo acordado, para la disputa y construcción de la paz democrática con justicia social.
