Intimidaciones y amenazas a líderes sociales en Medellín

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Foto: Alcaldía de Medellín via photopin cc

¿Cómo es posible que la institucionalidad de Medellín pretenda ordenar la totalidad de un territorio en el que ni siquiera tiene el control y desconoce sus dinámicas sociales y económicas?

Foto: Alcaldía de Medellín via photopin cc
Foto: Alcaldía de Medellín via photopin cc

El Nodo Antioquia de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos y el Proceso Social de Garantías Antioquia, ante los graves hechos de intimidación, constreñimiento y amenaza contra la vida de varios líderes en la ciudad que actualmente están encabezando procesos sociales de seguimiento a la gestión y ejecución de megaproyectos implementados por la Alcaldía de Medellín en varias comunas de la ciudad:

Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional que, mientras se formula y aprueba un plan de ordenamiento territorial (POT) en la ciudad, que define los usos del suelo y la forma de ocupación del área urbana y rural hasta el año 2030, en los barrios de Medellín perviven y accionan grupos paramilitares, combos y bandas que controlan efectivamente la construcción y ocupación de viviendas, decidiendo quién puede habitar los territorios, controlando los negocios, extorsionándolos, impidiendo la libre circulación de los ciudadanos por el territorio, desplazando en áreas de intervención urbanística, controlando el valor de los lotes y arriendos, constriñendo a los líderes barriales, esclavizando sexualmente a niños y niñas, entre otros hechos.

Denunciamos que en las últimas semanas se han presentado en la ciudad serias amenazas que ponen en riesgo la vida e integridad de líderes de distintos barrios y comunas, coincidencialmente en sectores donde se ha proyectado o está en ejecución la construcción de obras de infraestructura importantes y justo en el tiempo en que la definición del POT se encuentra en su recta final.

Denunciamos que en los territorios donde se proyectan megaproyectos urbanísticos se acrecienta el control territorial de los grupos armados ilegales y que éstos son muchas veces tenidos en cuenta para poder llevar a cabo las nuevas construcciones; mientras que, frente a la comunidad, no solo no se garantiza la participación política como principio en el estado social de derecho, sino que en ejercicio de este derecho se estigmatiza y se señala a líderes que, preocupados por las disposiciones urbanísticas contenidas en el POT, expresan sus propuestas alternativas al amparo de normas superiores como la Constitución Política y apoyadas técnicamente desde la academia y políticamente por las comunidades.

En Medellín, los ciudadanos tienen que enfrentar y vivir día a día el conflicto urbano, quienes son perseguidos tras los señalamientos de la institucionalidad, sometidos a la violencia de grupos armados y a la violencia institucional que no respeta la diferencia, no tolera el debate público abierto con las comunidades organizadas y desconoce la construcción democrática que debe privilegiar un instrumento como el POT.

¿Cómo es posible que algunos concejales de Medellín llamen a la participación democrática en pro del desarrollo equitativo, pacifico e integral en la ciudad y a los ciudadanos que levantan su voz se les denomina facinerosos y pseudo-comunistas? ¿Por qué ante los cuestionamientos y preocupaciones de los ciudadanos el alcalde de la ciudad los tilda de “fuerzas oscuras de las comunas” o “enemigos gratuitos”? ¿Cómo es posible que la Administración municipal haga planeaciones estratégicas en la ciudad a pesar del conflicto urbano que vivimos?

¿Cómo explicamos la ejecución de proyectos estratégicos en zonas que tradicionalmente han sufrido los impactos directos del conflicto armado, y donde la institucionalidad ha sido incapaz de brindarles seguridad a sus habitantes?

¿Cómo explicarnos que hasta el momento ni la Alcaldía de Medellín, ni la Defensoría del Pueblo ni su Sistema de Alertas Tempranas hayan rendido cuentas sobre las acciones y responsabilidades emanadas del informe de riesgo 008 del 2013 y de la alerta temprana emitida por el Ministerio del Interior el 12 de abril de 2013, donde se le recomienda a la Administración Municipal intervenciones específicas sobre territorios de la ciudad, mucho de los cuales hoy día son impactados por megaproyectos? ¿Cómo se está concertando el POT con esas comunidades? ¿Cómo van las investigaciones para búsqueda y exhumación de cadáveres donde se ha denunciado o hay indicios de la existencia de fosas comunes, como lo recomienda dicha alerta temprana?

Ante este panorama exigimos mayor atención por parte de la institucionalidad y la sociedad al conflicto urbano relacionado con el accionar de grupos paramilitares y bandas en Medellín. Es urgente un compromiso real de la institucionalidad en la protección y respeto de los derechos humanos de la población, incluidos la libertad de expresión, la libre circulación y la libre asociación para la exigencia de sus derechos.

Exigimos acciones positivas, reales y verificables de parte de la institucionalidad que conduzcan a la protección de los líderes barriales, comunitarios y sociales para el desempeño de su labor, y exigimos se abstenga de señalar, estigmatizar y poner en riesgo sus vidas.

Exigimos a la Administración municipal respeto a las comunidades organizadas y una acción más eficaz que logre controlar y desmontar las estructuras criminales que gobiernan la vida y ordenan los territorios en la ciudad.

Demandamos del Ministerio de Interior seguimiento a la alerta temprana emitida el 12 de abril a partir del informe de riesgo 008 del 2013.

Exigimos a la Alcaldía de Medellín, a la Defensoría del Pueblo, al Sistema de Alertas Tempranas una rendición de cuentas sobre los avances de las recomendaciones de la alerta temprana emitida el 12 de abril a partir del informe de riesgo 008 del 2013.