En el marco de la negociación, el Plan Nacional de Desarrollo se convierte en una talanquera que no permite avances en las garantías laborales y sindicales de más de un millón de trabajadores del Estado
Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino
Esta mesa siempre va a tener el ánimo y la disposición de escucharlos, entenderlos y tratar de resolver los temas de la mejor manera, porque esta negociación beneficiará a un millón 200 mil servidores públicos”, dijo la ministra de Trabajo, Alicia Arango Olmos, en la instalación de la mesa de la negociación de mejores condiciones laborales para el sector estatal, el pasado 11 de marzo, en Bogotá.
A esta primera reunión asistieron los delegados negociadores de las tres centrales obreras; las federaciones de trabajadores estatales; el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo; delegados de la cartera de Trabajo y fueron invitados como acompañantes y vigilantes del cumplimiento de lo pactado, la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
La jefe del Ministerio también expresó: “Esperamos que los acuerdos queden a satisfacción de las partes, con un gana-gana, así haya cosas que no dependen de uno, pero que tenemos la mejor voluntad y serán debatidas con el mayor interés de apoyar a los trabajadores estatales”.
Sin embargo, para estos funcionarios el panorama de la negociación que empieza no es tan claro ni creen que exista voluntad para solucionar la problemática de este sector, pues para el negociador por la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, Francisco Maltés: “La Ministra dijo que iban a negociar, pero a renglón seguido dijo que no había plata. El clásico discurso del uribismo, dicen que sí, pero no. Por eso de entrada dijimos que todas las reformas laborales, pensionales y tributaria, más las facultades al Presidente hay que sacarlas del Plan Nacional de Desarrollo y que sean discutidas con nosotros”.
Las distancias
Para los representantes de las centrales obreras y las federaciones no hay coherencia entre las palabras de Alicia Arango y algunos puntos del Plan Nacional de Desarrollo, PND, porque afectan directamente sus garantías y derechos, y aumentan la precarización y la desigualdad social.
“Este PND legaliza y legitima la contratación laboral por días en el campo y la exoneración del pago de los aportes a la seguridad social, a los patronos. Estas medidas incrementarían la precarización laboral, con salarios por debajo del mínimo legal vigente y reglamentado, eliminando los derechos de estabilidad laboral, asociación sindical y contratación individual y colectiva. Igualmente, y como efecto a largo plazo, negaría a estos ciudadanos la posibilidad de pensionarse dignamente, sometiéndolos al sistema de los beneficios económicos periódicos”, expresaron los trabajadores en documento presentado a la mesa.
Por estos y otros aspectos, los negociadores del movimiento sindical propusieron de entrada la eliminación de todos los aspectos regresivos en materia laboral, pensional, tributaria y sindical que han sido anunciados en el PND; el cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por el Gobierno nacional en los Planes de Acción Laboral y con los demás organismos multilaterales; el compromiso explícito del Gobierno nacional, con una clara y precisa política de formalización laboral, en términos de acceso a seguridad social, estabilidad laboral, garantía de los derechos laborales y ejercicio de la libertad sindical, con especial énfasis en los trabajadores rurales; la erradicación de las formas ilegales de contratación, cooperativas de trabajo asociados, y nóminas paralelas estatales; estrategias para la generación de trabajo decente, atendiendo de manera prioritaria a los trabajadores rurales, mujeres y jóvenes; y la implementación integral del Acuerdo de paz, con presupuesto y respeto por lo pactado.
Peticiones estas que a primera vista parecen incompatibles con las medidas que ya ha echado a andar el Gobierno nacional y sus políticas económicas proyectadas.
Justicia
Por otra parte, los trabajadores de la rama judicial piden el cumplimiento del Estado de los acuerdos suscritos hace años, en cuanto a ampliación de planta, principalmente para Medicina Legal. Asimismo, esperan resultados concretos para que en entidades como la Fiscalía y Medicina Legal sus empleados sean catalogados como trabajadores en labores de alto riesgo: “Que jueces, fiscales tengan la calidad que tienen actualmente muchos empleados públicos en el país, como los guardas de tránsito y el Inpec. Es un derecho que no tenemos en la rama judicial y buscamos ya sea una prima o una jubilación especial, a más temprana edad en virtud al riesgo. También exigimos que se dé a Medicina Legal el apoyo necesario para que exista la carrera administrativa, porque es una entidad que lleva 100 años y desde el 91 la Constitución ordenó que en las instituciones estatales se ingresara con esta modalidad, y no se ha hecho. De 24 mil trabajadores, solo cuatro mil están en carrera”, explicó a VOZ el presidente nacional de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro.
Estos funcionarios también hacen peticiones de carácter económico, como el pago de lo que dejaron de devengar en 2014 por la huelga realizada, en la que el Gobierno y la Fiscalía realizaron unas retenciones indebidas de salarios y hay deudas con más de 1.500 de ellos.
Además, buscan una reestructuración que permita la recuperación de poder adquisitivo del salario, ya que lo que han ganado con primas y bonificaciones, a través de impuestos se lo han quitado. “Pedimos una exención de impuestos y que los beneficios obtenidos en movilizaciones anteriores sean tenidos en cuenta como salario, que no solo sirva para pensiones, sino para cesantías, vacaciones y demás prestaciones sociales”, anota Otálvaro.
El dirigente sindical advierte que de no haber soluciones satisfactorias a los trabajadores, las movilizaciones están a la orden del día, tal y como lo expresó el congreso de la CUT. En ese sentido, esperarían las órdenes para ir a un paro nacional. “Por ahora habrá jornadas informativas en las que se ambientará el pliego de peticiones y la necesidad de pelearnos en la calle estos puntos porque la situación no da para más”, concluyó el presidente de Asonal Judicial.
Al cierre de esta edición de VOZ, el 18 de marzo, las partes se reunían para iniciar las discusiones, con pliegos unificados por parte de los trabajadores y con un número de representantes de los sindicatos acorde con lo estipulado en el Decreto 160.
Las organizaciones sindicales acuden a la mesa con un ánimo negociador, que a su vez permita encontrar soluciones a la grave problemática, aunque conscientes de que la contraparte se ha caracterizado por dilatar, evadir e incumplir, como lo hace con el resto del movimiento social en el país. Por eso, también planean grandes movilizaciones y la participación en el paro nacional en el mes de abril.
