La reforma total del código penitenciario y carcelario es una prioridad, no un capricho de organizaciones sociales.
Maureén Maya
Las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en los penales de Valledupar y Bucaramanga, que fueron denunciadas por Noticias Uno el pasado 21 de febrero no pueden ser ignoradas por la prensa nacional ni por la justicia. Ante semejante abuso de poder y las aberraciones expuestas no son admisibles el silencio, la complicidad institucional ni la impunidad.
Tampoco es admisible el cinismo del director del Inpec que, haciendo alarde de una frialdad extrema y contrariando toda evidencia sobre las graves condiciones de hacinamiento en que se encuentran la mayoría de penales del país, dónde los presos son víctimas de permanentes torturas, tratos crueles e inhumanos, violencia injustificada y corrupción, se atreve a hablar de derechos humanos. “Nosotros tenemos unos protocolos que son netamente respetuosos de los derechos humanos; hay que hace uso de la fuerza, pero es que el uso de la fuerza, la herramienta que nos ha dado la ley no es extralimitarnos en la misma”, afirmó tajante. Sólo le faltó esbozar una gran sonrisa.
Colombia no necesita un director que hable de protocolos netamente respetuosos de los derechos humanos, sino de un director totalmente consciente de su deber, con enorme solvencia ética y moral y que esté cien por ciento comprometido con el respeto y la defensa de los derechos humanos de todos los reclusos y de todas las reclusas del país. Su destitución como la de los guardias que participaron o guardaron cómplice silencio ante estos crímenes, debe ser inmediata, así como las investigaciones y sanciones a que haya lugar de modo ejemplarizante.
Asimismo las prisiones que se han convertido en centros de tortura bajo el dominio de perversas redes mafiosas, deben ser cerradas de inmediato y los detenidos han de ser trasladados a sitios en los que se les garantice dignidad, desarrollo humano y sus derechos a una vida productiva y libre de violencia.
No darle la importancia que merecen estos hechos y negarse a impulsar las acciones correspondientes dentro de un Estado Democrático Social de Derecho que se apresta a asumir el gran reto de construir una “nación de paz, progreso y bienestar para todos”, no sólo pone en entredicho la publicitada vocación de paz de las instituciones, del gobierno y de la sociedad en su conjunto, además cuestiona las verdaderas intenciones y reales posibilidades de construir una paz cierta, estable y duradera en el país.
Más de dos mil tutelas han recibido jueces de la República por violaciones a los derechos humanos en las cárceles del país, sin embargo, pese a ello, los mismos jueces, la gran prensa, la adormecida sociedad y el gobierno nacional prefieren mirar para otro lado mientras aumenta la violencia física y psicológica en los penales colombianos. Es intolerable.
Una nación en la que se puede cuestionar seriamente el valor de la justicia y la eficacia e idoneidad de sus instituciones, en la que existen ciudadanos de primera y de tercera, y en la que la justicia sólo actúa como corresponde de acuerdo al valor social o monetario que se le adjudique a la víctima, claramente no es un Estado democrático ni una nación dispuesta a transformarse para superar las causas estructurales de la violencia; por el contrario, se trata de un país que insiste neciamente en profundizar la ira y la guerra; ambas hijas legítimas de la injusticia y la impunidad.
La reforma total del código penitenciario y carcelario es una prioridad, no un capricho de organizaciones sociales.
Nota 1: Pésimo mensaje es el silencio cómplice que la prensa y las instituciones le envían a la sociedad, y más grave todavía cuando sabemos que se trata de una sociedad proclive al estrabismo, a la acción violenta, al crimen impune y a la corrupción. La justicia es el pilar de una sociedad democrática, y sin justicia no es posible hablar, ni siquiera soñar, con una paz real en el país.
Nota 2: ¿Algún medio de información o juez del país han corroborado si el prisionero de la Tramacúa que enseñó ante las cámaras de televisión las marcas que dejaron la esposas en sus muñecas, y denunció haber sido víctima de choques eléctricos e intentos de asfixia, aún está con vida? ¿Se le brindó algún tipo de seguridad o se le dejó a merced de la guardia criminal del Inpec para que le cobrara con sangre su valiente denuncia?
