Las comunidades campesinas, negras e indígenas reclaman la paz prometida, suscrita en los Pactos Municipales para la Transformación Regional y en los acuerdos colectivos para la sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito
Fundación Social Cordobexia
Tres denuncias concretas y un reclamo colectivo se escuchan en el sur del departamento de Córdoba. En Tierralta, la movilización campesina junto a la minga indígena exige la carretera que comunica al corregimiento de Crucito con el municipio, resaltando que la presencia institucional en el territorio se ha destinado única y exclusivamente al proyecto de la hidroeléctrica Urrá 2, generando desconfianza en las familias vivientes y comunidades activas en esta zona.
De igual forma, en Puerto Libertador la situación es lo que podríamos denominar “extracción” frente a la vendetta paramilitar, más allá de las economías subterráneas o “negocios ilícitos”. La comunidad de la mina El Alacrán con alta moral se enfrenta al fenómeno del “vaciamiento del territorio”.
Mientras que en Montería los maestros y maestras, como líderes y lideresas naturales, artífices de la memoria histórica del sur de Córdoba, reclaman que nos los saquen de sus aulas, sobre todo porque se lesiona estructuralmente el territorio. ¿Por qué expulsar con estratagemas a los maestros y maestras del Sur de Córdoba?, ¿Cuál es el interés real en sacar de las aulas a quienes conocen la verdadera y cruda historia del conflicto armado en esta parte del país?
Reclamo colectivo
Sin embargo, la indignación se concentra en un reclamo colectivo. Las comunidades exigimos el cumplimiento irrestricto de los Pactos Municipales para la Transformación Regional, PMTR, firmados en el sur de Córdoba: Montelíbano, 18 de julio de 2018; Puerto Libertador, 25 de julio de 2018; San José de Uré, 26 de julio de 2018; Tierralta, 2 de agosto de 2018; Valencia, 13 de agosto de 2018. Y a su vez, el Plan de Acción para la Transformación Regional, PATR, suscrito este último el 31 de agosto de 2018, en el marco del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, como “instrumentos de planificación y gestión para implementar de manera prioritaria los componentes de la Reforma Rural Integral y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en los municipios priorizados”, son la razón del justo reclamo del pueblo surcordobés.
Además del cumplimiento de los acuerdos colectivos suscritos con el Estado para la sustitución voluntaria y concertada del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS: Tierralta, 5 de abril de 2017; Montelíbano, 24 de agosto de 2017; Puerto Libertador, 24 de agosto de 2017; San José de Uré, 24 de agosto de 2017.
Todo este gran ejercicio social, por supuesto político y de desarrollo, marcó una gran esperanza en las comunidades que han creído en la posibilidad de la “construcción de una paz estable y duradera con enfoque territorial para poner fin al conflicto” en esta zona del departamento.
Dignidad en el territorio
La Reforma Rural Integral, concertada en gran manera mediante los ejercicios del PDET 14 y concretadas mediante los PMTR y el PART, dijeron y está firmado, que la minería a gran escala, despojadora de la ancestralidad, cultura y arraigo de las comunidades negras, indígenas y campesinas es una guillotina para el campo surcordobés. Esa es una realidad palpable que desde luego enriquece a unos pocos que hoy callan, hacen parte del juego macabro por avanzar en licitaciones minero-energéticas y desde luego comen de ese sangriento plato.
Señores y señoras que nos leen, de lo que se trata es de la dignidad de las comunidades y de los territorios, del acceso real y con garantías a la tierra.
El vaciamiento del territorio surcordobés va en marcha. Para usurpar las riquezas hídricas y minerales de nuestras tierras están usando todo tipo de artimañas en lo más alto del poder y de la corrupción. Seguramente “los mochacabezas” regresarán al mejor estilo de los “tangueros”. La historia se repite. No es una invención nuestra.
El llamado
Reiteramos el llamado al señor gobernador de Córdoba, Orlando David Benítez Mora, elegido por los cordobeses, convencidos de su calidad humana, estructurado política y socialmente como un convencido demócrata que en carne propia ha padecido la crudeza del conflicto, para que asuma como suyos estos justos reclamos, con mayor fuerza y mayor compromiso, de la mano de los alcaldes del sur cordobés.
Las comunidades campesinas, negras e indígenas reclaman la paz prometida que se suscribieron en los Pactos Municipales para la Transformación Regional y en los acuerdos colectivos para la sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito.
Finalmente, si la vía que ordena e impone el Gobierno nacional es las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, ZEII, conocidas románticamente como “Zonas Futuro”, se adelanta, es urgente tomar el Plan Especial de Intervención Integral, PEII, de la Zona Futuro Bajo Cauca y Sur de Córdoba para garantizar que la vida, integridad, libertad y seguridad de los campesinos, negros e indígenas, individuales y colectivamente se garanticen de la mano del acceso, uso, tenencia y permanencia de la tierra y sus comunidades.
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