Incursión paramilitar en Tibú

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Continúan los desplazamientos forzados en el municipio de Tibú producto de la incursión paramilitar de los “Gaitanistas” y las confrontaciones armadas con otros grupos. Foto archivo

El pasado 28 de diciembre, las comunidades campesinas de este municipio en Norte de Santander, denunciaron una nueva incursión paramilitar que provocó combates con la guerrilla del ELN. Desde diciembre, al menos 62 familias han sido desplazadas por las confrontaciones militares

Carolina Tejada
@carolltejada

La región del Catatumbo en donde se ubica el municipio de Tibú, frontera con la República Bolivariana de Venezuela, ha sido víctima de la violencia ejercida por los grupos armados. Desde finales de los años 90, esta zona ha sido sometida a vejámenes luego de la incursión paramilitar liderada por Carlos Castaño dejando a su paso varias masacres, asesinatos selectivos, torturas, desaparición forzada y el desplazamiento de la mayoría de la población. Las principales víctimas de estos hechos fueron las comunidades campesinas e indígenas.

Esta situación que pone en riesgo a las comunidades y que se esperaba se frenara con la implementación de los acuerdos de paz, el cual tenía dentro de sus puntos erradicar los grupos paramilitares, no se cumplió. De hecho, se han incrementado las denuncias sobre el fortalecimiento de esta organización criminal, que ha dejado nuevas víctimas sin que la institucionalidad garantice la paz y la tranquilidad en la región.

Nuevos hechos

Lo ocurrido el pasado 28 de diciembre con la nueva incursión paramilitar en la vereda La Silla perteneciente a Tibú, y cuyos enfrentamientos con el ELN se han extendido hasta el lugar conocido como Cerro Mono entre los municipios de El Zulia, Tibú y la zona de frontera con el vecino país, obligando a 50 familias a desplazarse, ya había sido alertado por la Defensoría del Pueblo mediante la Alerta Temprana Nº 050 del 26 de noviembre. En dicha alerta la misma institución alertaba sobre diferentes hechos que afectan los derechos humanos en la región producto del actuar de los grupos armados.

El asesinato de cuatro personas en la vereda La Silla, el pasado 10 de enero del 2021 se da en el mismo sitio donde fue asesinado el líder campesino Tulio César Sandoval Chía. Adicionalmente en el mismo sentido preventivo la Defensoría del Pueblo emitió las Alertas Tempranas Nº 037, Nº 011 y Nº 035 en donde se han realizado una serie de recomendaciones a las diferentes instituciones del Estado colombiano. Las comunidades campesinas insisten en la necesidad de la implementación del acuerdo de paz en cuanto al desmonte del paramilitarismo.

Según Yúnior Maldonado, de la Asociación Campesina del Catatumbo, esta situación de confrontación de actores armados se ha agudizado desde el año pasado, principalmente de “la organización los Rastrojos con el grupo del ELN.  Igualmente, se han presentado masacres, como la que ocurrió en el área rural de Cúcuta y en Tibú, Totumito y Carboneras en donde murieron más de seis personas”.

Según información preliminar esta incursión es adelantada por el grupo denominado “Autodefensas Gaitanistas”, se da con la intención de recuperar el territorio “que les pertenece” desplazando del poder a quien han liderado las operaciones paramilitares en el territorio en los últimos años en estos lugares: “Los Rastrojos”.

Desplazamiento e incomunicación

Según comenta el líder campesino, desde el 17 de diciembre se alertó a las autoridades de la llegada de los “Gaitanistas” en la disputa por el territorio tanto en Cúcuta como en el Catatumbo, entre los mismos grupos paramilitares y el ELN. “Este grupo ha llegado a intensificar la situación de violencia en la región, llevando al confinamiento de las comunidades y al desplazamiento forzado. El 28 de diciembre se dan los combates en la vereda de La Silla, entre los “Gaitanistas” y el ELN, la comunidad ha esta confinada en la iglesia de la vereda y el día de ayer 11 de enero, se presenta un nuevo desplazamiento de 12 familias hacia la escuela del Ambato en la vía de Tibú-Cúcuta.

VOZ intentó comunicarse con uno de los líderes que se encuentra en la vereda y fue imposible la comunicación. El líder afirma que no tienen permitido las llamadas y usos de celulares, por orden de los grupos armados tienen incomunicada a la población. Según información de las comunidades solo la Cruz Roja ha podido ingresar a la región por orden de los grupos armados.

Comenta Maldonado, que esta situación se ha extendido y que la falta de comunicación con las comunidades afecta el conocer de las circunstancias en las que se encuentran. “Estamos a la espera de que los organismos nacionales e internacionales puedan atender a la población. El llamado que estamos haciendo es a que se tomen las medidas correspondientes, ya lo había advertido la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana. Esta es una disputa económica por las rutas de tráfico ilegal”

Falta voluntad política

Igualmente asegura que ha faltado voluntad política por parte del gobierno nacional para tramitar “la sustitución de cultivos de uso ilícito, el desmonte paramilitar y el desescalonamiento del conflicto de esta zona que depende más que todo del gobierno nacional” afirma el líder agrario.

Hasta el momento no se conocen de medidas de emergencia que se estén tomando por parte de las autoridades locales y nacionales. La población continúa con miedo en medio de las confrontaciones, no se conoce de personas heridas o asesinadas, y las organizaciones sociales y campesinas exigen una pronta respuesta institucional ante un hecho que se había podido evitar.

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