Imputar la esclavitud a las Farc es desconocer el Acuerdo de Paz

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Antiguos miembros del secretariado de las FARC-EP comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Foto JEP

El 6 de noviembre la Sala de Reconocimiento de la JEP modificó el macro caso 01 sobre la “toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad”, al añadir “y otros crímenes concurrentes cometidos por las FARC-EP”. Con esta inclusión cambió la tipificación hacia la esclavitud.

Una de las principales críticas está dirigida a ser una falla de carácter procesal, pues en siete meses de desarrollo del caso hasta ahora se pone en conocimiento una conducta que no había sido debatida, que busca ser una derrota moral hacia los insurgentes firmantes del acuerdo de paz y un mensaje negativo para los grupos guerrilleros que aún se mantienen en armas. De esta forma se aceptaron las observaciones de la Procuradora General de la Nación.

Los casos de secuestros y privaciones de la libertad son los hechos victimizantes más polémicos. Los excombatientes firmantes del acuerdo, en cabeza del último secretariado, han reconocido su responsabilidad de manera unilateral en aproximadamente doscientos de estos casos, además han declarado que el secuestro fue un error y han aceptado que estos actos constituyen un crimen de guerra grave.

Es necesario destacar que la procuradora Margarita Cabello con estas acciones busca llevar a cabo los planes uribistas de acabar con la JEP. Y como no pudo hacerlo, ahora trata de ponerla al servicio de sus intenciones vengativas y propiciadoras de la guerra.

La procuradora, nombrada en agosto de 2020, es también funcional a los intereses uribistas, ha incidido favorablemente en los procesos que implicaban a importantes políticos del uribismo, al mismo tiempo que ha puesto a la Procuraduría a la orden para la persecución de las voces críticas al gobierno de Duque.

No nos equivoquemos, detrás de la tipificación de esclavitud existe una motivación de mezquina retaliación uribista, se busca eliminar a las Farc de la dinámica política, es decir, se pretende obstaculizar la participación política de los excombatientes firmantes de la paz y deslegitimarlos como sujetos políticos. Este paso significa desconocer el Acuerdo de Paz y uno de sus más destacados objetivos, procurar el tránsito de la acción armada a la política, especialmente a la actividad parlamentaria.

En esta forma, se desnaturaliza la función de la JEP contemplada en el Acuerdo de Paz que debe aplicar una justicia restaurativa. Si a instancias de la petición de la procuradora uribista se acepta la tipificación de esclavitud, las acciones ya mencionadas de las Farc-ep, la JEP termina aplicando una justicia excesivamente punitiva, que representa un claro proyecto de justicia de los vencedores.

La prensa corporativa difunde la especie mentirosa que las FARC esclavizaban a los detenidos en acciones de guerra, en esa forma hicieron circular rápidamente esta mentira para imponerla en la opinión pública al margen de los resultados de las investigaciones. El objetivo es que en el imaginario popular se desnaturalice a la organización guerrillera que hizo uso del derecho a la rebelión.

El último Secretariado de las Farc, ha decidido rechazar la inclusión de la nueva calificación del delito, e interpondrá los recursos legales necesarios. Además, es importante enviar un mensaje urgente a nivel nacional e internacional, ya que se afecta el debido proceso de los firmantes de la paz, la Sala de Reconocimiento no puede imputar nuevos tipos penales que no están contemplados en el auto 019 de 2021, donde se determinaron conductas y hechos atribuibles a los excombatientes.

Hacemos un llamado a fortalecer la lógica restaurativa de la Jurisdicción Especial para la Paz y no la punitiva, es necesario dar cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo de Paz firmado en el Teatro Colón, y posteriormente en la ley estatutaria de la JEP, el llamado es que se cumpla lo firmado, y no se cambien las reglas estipuladas en la normatividad que es la guía del Tribunal.

Convocamos a todas las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos y a toda la ciudadanía constructora y defensora de la paz, a exigir el cumplimento de lo acordado.  Es necesario exigirle a la JEP que no caiga en la trampa tendida por la procuradora uribista ya que ello conduciría al desconocimiento del Acuerdo de Paz, lo cual sienta un mal precedente, ya que ninguna de las guerrillas que actualmente combaten en Colombia confiaría en el Estado como posible firmante de un Acuerdo de Paz.

Por esa razón la opinión pública nacional, la ONU, los países garantes del acuerdo y los gobernantes de los países defensores de la paz deben interponer sus buenos oficios para que la JEP cumpla con los compromisos adquiridos en los acuerdos de La Habana y del Teatro Colón.