Hidroituango: La Comisión de Acusaciones debe investigar

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Reprersa de Hidroituango.

Lo que empieza mal termina peor. Una empresa acusada de corrupción, otra en quiebra y una inmobiliaria, son las responsables del proyecto Hidroituango

Gonzalo Álvarez Henao*

El Movimiento Cívico de Medellín y el Área Metropolitana y la Unión Sindical del Grupo Empresarial EPM, Unigeep, solicitarán a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, una investigación a los fiscales generales y a los procuradores generales de la Nación, del periodo comprendido entre 2011 y 2018, por omisión y posible complicidad en las irregularidades que se presentaron en la adjudicación y posterior desarrollo de las obras para la construcción y ejecución del proyecto Hidroituango, que terminó con el desastre que hoy compromete no solo el progreso de Antioquia y Medellín, sino el de la nación entera.

No se pueden presentar ahora, el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira y el procurador Fernando Carrillo Flórez, a decirles a los colombianos que están investigando el proceso de adjudicación de las obras de Hidroituango, y manifestar que hay indicios de que se cometieron actos graves de corrupción. Seis años no fueron suficientes para que ni la Fiscalía ni la Procuraduría hubieran terminado las investigaciones y castigado a los responsables del desastre.

En este punto resulta oportuno formularnos esta pregunta: ¿En dónde estaban la Fiscalía y la Procuraduría, que no se enteraron de las denuncias que se hicieron en el año 2011? En esa época se desempeñaba como gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero. En el año 2012, periodo en el que fue adjudicada la obra, el escándalo cobró mayores dimensiones, habida cuenta de que se habló de favorecimientos y posibles brotes de corrupción en la apertura de la licitación del Proyecto Hidroituango.

Privilegiando el negocio

Las denuncias las presentaron algunas firmas constructoras que se sintieron marginadas del proceso de adjudicación del Proyecto, y varios dirigentes políticos, organizaciones sociales, ecológicas y ambientales. Cuánto dolor, sangre y vidas le ha costado al colectivo ambientalista Ríos Vivos, el mantener una denuncia permanente de todas las atrocidades cometidas. Estas imputaciones fueron silenciadas, como lo pretenden y quieren hacer ahora. Adicionalmente a una obra de estas magnitudes se le dieron unos manejos financieros, económicos y administrativos, enfocados en el negocio, antes que los tratamientos técnicos e ingenieriles que requiere un proyecto de este tamaño.

En agosto de 2012, era gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa y gerente de EPM, Juan Esteban Calle Restrepo. En ese interregno, Empresas Públicas de Medellín, adjudicó el contrato para la construcción de la central hidroeléctrica, al consorcio CCC Ituango. Este consorcio estaba liderado por la brasilera Camargo Correa, cuyo presidente Dalton Avancini se encuentra condenado a 15 años de prisión, acusado de delitos de soborno en Brasil y Perú. De este angelito, son socios en Colombia la firma Conconcreto, que en el inmediato pasado presentó problemas financieros, y la compañía Inmobiliaria Coninsa-Ramón H, experta en construir casas.

Odebrecht

A los que dicen que no es el momento para establecer responsabilidades, ni de hacer señalamientos por el desastre de Hidroituango, que se está llevando por delante poblaciones enteras, ubicadas cerca la ribera del Río Cauca, el futuro desarrollo de Antioquia y Medellín y una segura alza en las tarifas de energía, les respondemos que no, y no les vamos a aceptar ni admitir su acostumbrado y tendencioso consejo o pésima sugerencia. Esto, en razón de que vivimos en Colombia, y porque aquí se suceden o se crean nuevos acontecimientos perniciosos para tapar y cubrir los anteriores. El caso más paradigmático es el de Odebrecht, en el que está involucrado el presidente Santos y un candidato presidencial, y hoy nadie habla de ese grave hecho de corrupción.

Lo de Hidroituango no es un caso nuevo del que la fiscalía apenas se diera cuenta. La Fiscalía y la Procuraduría, también tendrían que ser investigadas por guardar silencio. ¿No se enteró la Fiscalía de las denuncias que se hicieron en el año 2011, siendo gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero? En ese año se empezó a destapar el escándalo por favorecimientos y posibles brotes de corrupción en la apertura de la licitación de Hidroituango. Una de las acusaciones más graves, fue la de que a última hora se modificaron las condiciones, para que las dos brasileras pudieran participar.

En manos de corruptos

El proceso de adjudicación duró aproximadamente 11 meses. De las 21 firmas concursantes, extrañamente resultaron como finalistas OMS Ituango, conformada por Odebrecht, Mincivil y Solarte, y CCC Ituango, controlada por la brasilera Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-RH. Las denuncias presentadas por posibles favorecimientos, estuvieron acompañadas de la existencia de un probable acuerdo entre las dos finalistas, acusaciones que están en mora de ser esclarecidas por la Fiscalía. Entre las finalistas, estuvieron las corruptoras brasileras, Odebrecht y Camargo Correa. Como las sugerencias para que no sigamos exigiendo responsabilidades, están acompañas de algunos mensajes y presiones subliminales, responsabilizamos de cualquier daño físico o de otra índole en nuestra contra, a todos los que se sientan afectados con nuestras denuncias o implicados en ellas.

¿En manos de quiénes pusieron Sergio Fajardo Valderrama, Aníbal Gaviria Correa y Juan Esteban Calle Restrepo, gerente general de EPM, la suerte de la Central Hidroeléctrica de Ituango? Pues nada más y nada menos que en la firma Brasileña Camargo Correa, perseguida en Brasil y en el Perú por sobornar a funcionarios públicos; su representante legal fue encarcelado. Conconcreto, compañía que en el año 2002 entró en Ley 550, más conocida como Ley de quiebras; y Coninsa-Ramón H., una inmobiliaria encargada de construir casas.

Esto es lo que pretende tapar el Grupo Económico Antioqueño GEA, con sus agentes desplegados a lo largo y ancho del país, diciendo que primero son los afectados, a lo que no nos oponemos, por lo que es lo menos que pueden hacer los comprometidos en el desastre, y no pretender poner a los ciudadanos a hacer recolectas, cuando corresponde a las instancias del Estado, asumir la atención integral de los afectados. Otro de los argumentos es que no se deben exigir responsabilidades, porque es muy prematuro salir a hacer tal petición; y por último, nos dicen que no se puede politizar la tragedia. Pero resulta que hay un candidato presidencial, que tiene como bandera la lucha contra la corrupción, y está comprometido con la podredumbre, hasta los tuétanos.

* Presidente Movimiento Cívico de Medellín y el Área Metropolitana.