jueves, marzo 28, 2024
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Hay que escuchar a las víctimas

Hay que explorar fórmulas políticas, desarrollar la imaginación, acudir a la experiencia internacional, desarrollar fórmulas que permitan a las víctimas acceder al derecho a la justicia. Esta se debe impartir de acuerdo a la responsabilidad de cada una de las partes en conflicto.

Foto: CineMa68 via photopin cc
Foto: CineMa68 via photopin cc

Alfonso Castillo

Esta semana inician los foros regionales de víctimas de acuerdo a lo establecido en la mesa de diálogo de La Habana entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, siendo el primero en la ciudad de Villavicencio (4 y 5 de julio), el segundo en Barrancabermeja (10 y 11), el tercero en la ciudad de Barranquilla (17 y 18), para concluir con un Foro Nacional en la ciudad de Cali los días 5 y 6 de agosto, los cuales se realizarán bajo la coordinación del Centro de Pensamiento Político de la Universidad Nacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

Estos foros, que sin duda son una importante oportunidad para que las víctimas del conflicto social y armado presenten propuestas que procuren el restablecimiento pleno de sus derechos y el logro de una paz duradera y estable, están precedidos de una declaración de principios que orienta tanto el debate en La Habana, como también las discusiones de las víctimas.

Se destaca de este decálogo el reconocimiento conjunto que han hecho tanto el gobierno colombiano como la insurgencia, de aceptar la responsabilidad en hechos de violencia y por ende frente a las víctimas. La guerrilla de las FARC acepta de esta manera los errores fatales en razón del conflicto.

La responsabilidad del Estado se establece tanto por omisión, al no proteger a los ciudadanos de los impactos de la guerra, pero también por la acción directa, con el actuar de la Fuerza Pública que, orientada por la doctrina militar del enemigo interno, reprimió, estigmatizó, desplazó y asesinó a líderes sociales, como a organizaciones y sectores de oposición política desde hace más de 70 años, so pretexto de la persecución a la ideología comunista. También es responsable el Estado colombiano al facilitar el desarrollo como política de estado del paramilitarismo, al que aún hoy se continúan negando a desmontar.

De esta manera, los foros regionales deben contribuir a la presentación de iniciativas de las víctimas sobre los derechos vulnerados en el desarrollo el conflicto.

También estos escenarios deben dar la oportunidad de conocer la iniciativas que apuntan a derrotar la impunidad; en este sentido llaman la atención las declaraciones del comandante de las FARC Iván Márquez en el sentido de reiterar que no se trata de “negociar impunidades” porque este tema no se puede limitar a soluciones jurídicas.

Hay que explorar fórmulas políticas, desarrollar la imaginación, acudir a la experiencia internacional, desarrollar múltiples fórmulas que permitan a las víctimas acceder al derecho a la justicia, sin dejar de tener presente que esta se debe impartir de acuerdo a la responsabilidad de cada uno de quienes intervinieron en el desarrollo del conflicto. Se trata de un tema que debe ser asumido de acuerdo al principio de la proporcionalidad y no, como lo pretende el gobierno de Juan Manuel Santos, pretendiendo conceder los mismos beneficios tanto para guerrilleros como para militares, desconociendo que cada uno de ellos intervino en el conflicto con responsabilidades distintas.

No menos importante son las propuestas sobre el derecho a la reparación integral, que en este caso, deberán girar en torno a iniciativas que permitan superar las graves limitaciones que ha demostrado la ley 1448/11, exigiendo mayor presupuesto, para que este instrumento mejore los resultados en cuanto a indemnizaciones, las cuales deberán aumentar su monto, y también superar las pobres cifras de restitución de tierras con garantías para que los campesinos restablezcan en óptimas condiciones el proyecto de economía campesina.

Un asunto que también deben abordar los foros regionales es el debate sobre las garantías de no repetición, para lo cual hay que desarrollar las propuestas que permitan desde ahora y no post-acuerdos, las transformaciones políticas y económicas que requiere el país para la ampliación de la democracia y la superación de la inequidad. Estas transformaciones deben empezar por poner en práctica lo ya acordado en La Habana. Igualmente se debe de exigir el desmonte inmediato de las estructuras paramilitares que continúan actuando en distintas regiones del país provocando amenazas, asesinatos y desplazamiento.

El desarrollo de este tema significa, sin duda, reconocer que sin escuchar a las víctimas y restablecer sus derechos no se logra la paz. Por ello resulta bastante importante que las organizaciones de víctimas, las organizaciones sociales y políticas sometidas a prácticas sistemáticas de violencia asuman como prioritaria esta tarea, que sin duda alguna estará incluida en la agenda de diálogos que está construyendo la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.

La apropiación de las propuestas surgidas de estos foros de convertirse en herramienta de movilización y agitación política no sólo de las víctimas del conflicto, sino del conjunto de la sociedad, se constituyen en la condición sin la cual no es posible pensar en una paz duradera y estable como lo anhela el pueblo colombiano.

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