Guerra sin cuartel

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Caricatura de Lizarazo

Con el propósito de presionar a la rama judicial y lograr la absolución de Uribe, la ultraderecha adelanta una feroz y ruidosa campaña de estigmatización y desprestigio contra periodistas independientes, actores del proceso penal y defensores de la democracia

Roberto Amorebieta
@amorebieta7

En estas mismas páginas se advirtió hace algunas semanas acerca del relato sobre la detención de Álvaro Uribe que la ultraderecha estaba tratando de imponer. Decíamos que la narrativa que estaban impulsando los formadores de opinión con el entusiasta apoyo de los medios de comunicación consistía en presentar a Uribe como un héroe justiciero que estaba siendo víctima de una persecución malintencionada por parte de la izquierda, representada esta vez por la Corte Suprema de Justicia y los senadores Iván Cepeda y Gustavo Petro.

Pues bien, desde que la propia Corte Suprema decidió remitir el expediente a la Fiscalía debido a la renuncia al Senado y consiguiente pérdida del fuero parlamentario, los voceros del uribismo, encabezados por la revista Semana, han arreciado sus ataques contra periodistas, comunicadores y en general contra cualquiera que haya participado de alguna manera en el proceso judicial. El más reciente movimiento consiste en desacreditar las pruebas que reposan en el expediente, con el fin de crear la sensación de que el proceso está lleno de irregularidades y presionar a la Fiscalía para que archive el caso y libere a Uribe.

Esta estrategia, por supuesto, no es algo casual. Ya se sabe del millonario contrato que firmaron los hijos de Uribe con la compañía estadounidense de lobbying y comunicaciones DCI Group, conocida por asesorar impresentables dictaduras militares como la de Myanmar o por participar en campañas de negación del cambio climático patrocinadas por compañías petroleras como Exxon. Esta empresa, que le cobra 40 mil dólares mensuales a Uribe -una persona que no paga impuesto de renta en Colombia-, ha desplegado todo su arsenal de herramientas comunicacionales como páginas de internet, cuentas en redes sociales y lo más importante, contenidos pseudoperiodísticos que alimentan su relato mentiroso desde la gran prensa.

Matar al mensajero

Uno de los casos de persecución más aberrantes que ha pasado desapercibido para los periodistas más influyentes -acostumbrados a salir en gavilla a defender a cualquiera de los suyos- es el de los comunicadores Gonzalo Guillén, Julián Martínez, Daniel Mendoza, Diana López y el abogado Miguel Ángel del Río. Ellos son los valientes investigadores que pusieron al descubierto los audios de la ñeñepolítica y desde el portal La Nueva Prensa se han convertido en un referente permanente de noticias sobre la escandalosa corrupción del régimen. Por ello, los periodistas y el abogado han sido objeto de seguimientos, interceptaciones ilegales, amenazas e incluso denuncian que está en marcha un plan para asesinarles.

Por su parte, los célebres youtubers Levy Rincón y Beto Coral, reconocidos antiuribistas, también han denunciado que están siendo perseguidos. Rincón, famoso por su estilo desparpajado y su lenguaje procaz -que se ha convertido en su sello de identidad-, denunció que está siendo objeto de seguimientos y averiguaciones sobre detalles de su rutina y de su vida personal. Coral, quien reside en Miami y es célebre por haber allí confrontado valientemente al amanuense de Carlos Castaño, Ernesto Yamhure, ha denunciado que existe un plan para influir en las autoridades estadounidenses y lograr su deportación a Colombia donde dice, su vida corre peligro.

María Jimena Duzán, quien desde el despido de Daniel Coronell de Semana ha venido radicalizando sus posturas políticas, rompió definitivamente con su conocida moderación y se fue lanza en ristre -como debía ser- contra Álvaro Uribe, a quien no dudó en tildar de fascista en su más reciente columna. A partir de ese momento se desató contra ella una feroz campaña de desprestigio. Duzán acudió a la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, que no dudó en respaldarla, mientras Semana -su propio medio- se limitó a reseñar el comunicado de la FLIP. Llama la atención la diferencia con la vehemente defensa que Semana hizo de otra de sus periodistas -esa sí una reconocida uribista- cuando sus artículos desataron polémica en redes sociales.

Contra el proceso judicial

Otro flanco de esta estrategia ha sido intentar el descrédito de los actores y las pruebas del proceso judicial. El primer ataque fue contra el magistrado Carlos Reyes quien hace unos años, antes de llegar a la Corte Suprema, fue contratado por el Gobierno para asesorar la mesa de negociación de La Habana. Según la campaña, dicho contrato probaría que Reyes es una ficha de Juan Manuel Santos y su llegada a la Corte sería una maniobra para lograr el encarcelamiento de Uribe. Todo un ejemplo de argumentación uribista. Ahora, a pesar de que ya no tiene competencia sobre el proceso, al magistrado no lo bajan de “guerrillero”, “enmermelado” y de estar al servicio de “Farcsantos”.

A lo anterior se suma el caso de espionaje de un propagandista de la ultraderecha -conocido por su afición a golpear mujeres- quien se coló abusivamente en el conjunto residencial donde vive el dirigente liberal Juan Fernando Cristo y obtuvo imágenes de una reunión privada a la que asistían, entre otros, Juan Manuel Santos y algunos representantes del partido Farc. Las fotos fueron difundidas y utilizadas para promover el relato de “¿qué estaban haciendo Santos y Cristo reunidos con las Farc? Nada bueno, seguramente.”

Por supuesto, lo que en realidad prueban las fotos es que por fortuna hay sectores del Establecimiento preocupados por la implementación del Acuerdo de Paz -como el recientemente creado grupo parlamentario de los “socialdemócratas”- con quienes es posible establecer diálogos y llegar a acuerdos mínimos de convivencia política. Pero esa buena noticia para el país, por cuenta de la manipulación, se convierte para los uribistas en una prueba irrefutable del “malévolo plan del Foro de São Paulo para que el neocomunismo se tome Colombia”.

Fiasco monumental

Ya es conocida -aunque no por eso deja de ser chocante- la permanente campaña contra el senador Iván Cepeda quien, como víctima de Uribe, es parte civil en el proceso. Además de las acostumbradas injurias, ahora la campaña se ha centrado en ignorar directamente las evidencias e insistir en la falsa versión de que el proceso tiene irregularidades y que Cepeda ha comprado testigos. No obstante, la más reciente jugadita resultó un fiasco monumental.

Todo comenzó el pasado domingo en la mañana cuando un par de “periodistas” de Semana anunciaron en primicia que tenían pruebas contundentes de que el testigo estrella contra Uribe, Juan Guillermo Monsalve, había vendido su testimonio. Según la “revelación”, por los días en que Monsalve testificaba ante la Corte Suprema acusando a Uribe de participar en la conformación de grupos paramilitares, su familia pudo comprar una finca con dineros de dudosa procedencia.

Por la noche, el noticiero Noticias Uno desmontó la falsa noticia, pues tras haber visitado la finca y hablado con sus propietarias, reveló que efectivamente la compra había sucedido pero demostró que el dinero provino de una herencia recibida por la esposa de Monsalve y demostró que la compra del predio sucedió en 2016 y 2018, varios años después de que Monsalve testificase ante la Corte. Pero no importa, los medios siguen empeñados en sus falsas noticias, conceden horas de entrevista a presos como el secuestrador Enrique Pardo Hasche o al narco “Caliche” y permiten a los hijos de Uribe despotricar todos los días contra la Corte.

Se les nota la desesperación. Felizmente el país ya no es el de 2002.

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32 Comentarios

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