Guerra contra el pueblo

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Andrés Escobar, así como otros civiles, disparó contra los manifestantes en el sector de Universidades frente al CAI de Ciudad Jardín en Cali, con la complicidad de la Policía el 28 de mayo

La violencia policial y el uso de civiles armados contra los manifestantes han puesto una vez más en evidencia el verdadero talante paramilitar del régimen. Un régimen que debe caer

Roberto Amorebieta
@amorebieta7

Más de 50 personas asesinadas, un número indeterminado de desaparecidos que pasan de los 200, más de 20 agresiones sexuales, más de 100 mutilados por disparos a los ojos y más de 2.000 heridos durante el mes de paro nacional, son apenas las escalofriantes cifras que muestran por qué no nos encontramos ante un simple fenómeno de brutalidad policial sino ante una guerra declarada contra el pueblo colombiano.

Las cifras, por frías que parezcan, son el crudo retrato de un régimen en descomposición que, de presentarse en otro país -de esos considerados “desobedientes”- daría para el llamamiento a una invasión o, como se llama ahora, una “intervención humanitaria».

El sonsonete de las “manzanas podridas” y de las “investigaciones exhaustivas” ya suena a cantinela barata. Ya nadie lo cree, más aún cuando los organismos de control están cooptados por la misma mafia que está ordenando asesinar a nuestros jóvenes en las calles y carreteras de Colombia.

La Fiscalía ha sido muy ágil para declarar extinción de dominio contra los camiones que bloquean las vías del país, pero no hay una sola captura de sospechosos de los actos violentos. La Procuraduría no ha sancionado disciplinariamente a un solo funcionario policial. La Defensoría parece más preocupada por la repartija burocrática entre los amigos del defensor, quien pasa sus fines de semana en lujosas fincas de recreo. Y la Inspección General de la Policía hace declaraciones grandilocuentes que, se sabe, no conducen a nada.

Policía descompuesta

Las Fuerzas Armadas han sido formadas durante años en la doctrina del enemigo interno. Ello explica la brutal represión desplegada en todo el territorio, dejando claro que para el policía los ciudadanos no son sus jefes -quienes le pagan el salario a través de los impuestos y a quienes debe servir y proteger- sino un bando enemigo a derrotar. Se dirá que este fenómeno no es nuevo y es verdad. Es lo mismo que han padecido nuestros campesinos durante décadas, con la diferencia de que ahora ocurre en las calles de nuestras ciudades, a plena luz del día y bajo el atento lente de las cámaras que la ciudadanía lleva en sus teléfonos.

Por ello, la reforma a la policía parece una medida insuficiente en este contexto de degradación moral. Si bien es una de las consignas más importantes que animan a los manifestantes, lo cierto es que se requiere ir más allá y desmantelar esa institución corrupta y degenerada. No basta con disolver el Esmad, hay que disolver la policía en su conjunto.

Será una tarea del próximo gobierno reemplazarla por una institución verdaderamente civil, con otra doctrina, otros funcionarios y otros pensum en las escuelas de formación. La institución no puede estar más deslegitimada. La violencia desbordada y la corrupción que carcome las entrañas del cuerpo -desde los patrulleros que cobran “vacuna” a los jíbaros, pasando por los agentes de tránsito que extorsionan a los infractores, hasta la evidente vinculación con la mafia de la policía antinarcóticos- hacen urgente la desaparición de esta pandilla de rufianes en que se ha convertido la Policía Nacional.

Paramilitarismo sicarial

El historial de abusos de la policía en el contexto del paro es escalofriante. Asesinatos a mansalva, retenciones ilegales, torturas, violencia sexual, amenazas, desapariciones forzadas, maltratos a la prensa y a los defensores de derechos humanos, disparos indiscriminados contra viviendas, uso de gases lacrimógenos caducados, uso de armas no convencionales como el “Venom”, complicidad con el incendio del Palacio de Justicia de Tuluá, en fin, la lista es interminable. Pero lo peor ha sido el uso de civiles armados quienes disparan contra las multitudes con la evidente complicidad de agentes de la institución.

El analista Ariel Ávila ha acuñado el término “paramilitarismo sicarial” para denominar esta macabra práctica que siempre ha existido en Colombia, pero que hoy se ejerce sin ningún pudor y en la más absoluta impunidad.

Las imágenes de lo ocurrido en Cali el viernes 28 de mayo son más que reveladoras: civiles armados que disparan contra la gente con la protección de la policía y que, solo ese día, provocaron la muerte de 13 personas en la capital del Valle. Toda una masacre.

Los usuarios de las redes sociales han revelado, por ejemplo, los nombres de Andrés Escobar y Diego Quiroz, unos negociantes caleños quienes fueron captados por las cámaras ciudadanas mientras disparaban a los manifestantes. Por supuesto, lo más probable es que la denuncia se quede en una sanción social debido a que la Fiscalía ya ha mostrado su verdadero talante de policía política del régimen y solo está para perseguir a la oposición.

Operaciones psicológicas

Capítulo aparte merece el comportamiento de los medios de comunicación en esta coyuntura. En Colombia sucede lo mismo que en casi todo el mundo, es decir, los medios han pasado a ser propiedad de grandes grupos económicos y por ello defienden las agendas que son convenientes a sus dueños. Por ello no era de esperar que cubriesen la noticia desde un ángulo diferente del usual, es decir, las consecuencias del paro, los bloqueos y el supuesto desabastecimiento. Pero una cosa es la manipulación y la mentira a la que ya nos tienen acostumbrados y otra cosa es lo que está sucediendo.

Los medios han ido más allá. En el marco de la guerra contra el pueblo se han convertido en agencias de operaciones psicológicas que se esfuerzan en imponer una matriz de interpretación donde la violencia es culpa de Petro, de la izquierda internacional y de los “vándalos”. Nada dicen de la brutalidad policial.

Lo de la revista Semana ya fue analizado en estas mismas páginas, pero lo de la emisora Blu Radio es sencillamente asqueroso. El lunes pasado, dieron 25 minutos de entrevista al señor Escobar para que “explicara” las razones para atentar contra la vida de las personas y le permitieron justificarse sin ningún pudor, sin ninguna contrapregunta y sin ningún cuestionamiento a su conducta. Todo fue comprensión y tolerancia.

El hombre se victimizó diciendo que había sido objeto de amenazas cuando su único pecado era haber conformado un grupo de civiles armados para acompañar a la policía y defender a la “gente de bien”. Tal vez Escobar no se haya dado cuenta, pero su “defensa” fue en realidad una confesión de actividades paramilitares, expresamente prohibidas en la Constitución Nacional y una incriminación a todos los policías que aparecen en las imágenes con él. Y de paso, su entrevista fue también una evidencia de que los grandes medios corporativos -empezando por Blu Radio- no solo toleran estas prácticas. Las aplauden, las consienten y están de acuerdo con ellas. De alguna forma ha quedado en evidencia que el director de la emisora, Néstor Morales, es tan paramilitar como Andrés Escobar, Carlos Castaño o Salvatore Mancuso.

Circula por las redes sociales un video casero de una niña que monta bicicleta frente a su casa y al ver una moto policial, arroja la bicicleta y sale corriendo a esconderse junto a su madre. Es una metáfora del país que vivimos. Los medios no nos dicen nada, la verdad hoy circula por las redes y los medios internacionales. Y esa niña somos todos. La diferencia es que ella tiene miedo -y con razón- pero nosotros no. Nosotros ya lo perdimos. El pueblo colombiano va a llegar hasta el final. El miedo ha cambiado de bando.