En los últimos cinco años, pero sobre todo en este de sufrimiento de la pandemia, miles de trabajadores perdieron sus empleos y crecieron los precios de los alimentos
Alberto Acevedo
La aprobación de un presupuesto general de las Nación para el próximo año, que implicaría un endeudamiento sin precedentes en la historia de Guatemala, para satisfacer los apetitos de una clase dirigente corrupta y mafiosa, como la definen los sectores populares, pero sin atender problemas sociales estructurales, fue la gota que rebosó la copa de la paciencia y lanzó a la gente a las calles en airada protesta.
El congreso de la república, en sesión plena, y mientras la gente dormía, en la noche del 18 de noviembre aprobó un presupuesto para la vigencia del año entrante, por la suma de 12.800 millones de dólares, una cifra récord para este pequeño país centroamericano que presupone una deuda externa histórica, en la medida en que el gobierno deberá acudir a la banca internacional para subsanarlo.
La noticia de la aprobación del nuevo presupuesto se regó como pólvora y la gente de inmediato se lanzó a las calles. Las mayores concentraciones populares se realizaron en la Plaza de la Constitución, en el centro histórico de Ciudad de Guatemala. No demoraron los enfrentamientos policiales, en la medida en que la gente que protestaba fue agredida con gases lacrimógenos. De inmediato se conocieron noticias de heridos y detenidos.
La plata para los de arriba
La población indignada, entiende sin embargo que la intención de aprobar un presupuesto para funcionamiento de la nación es justa, pero exigen que sea un proceso transparente, que cierre el paso a la malversación de recursos y a la corrupción, atendiendo prioritariamente problemas endémicos de la sociedad, como la desnutrición y la lucha contra el hambre.
Lo más indignante para la población es que a tiempo que el presupuesto plantea una cifra récord de gastos, disminuye los fondos para atender la emergencia alimentaria y en contraste incrementa los rubros para la alimentación de los congresistas. Todo ello, en un contexto en que los hospitales se encuentran sin medicinas, el personal médico no recibe sus salarios oportunamente y los números de las víctimas de la pandemia suben aceleradamente.
En los últimos cinco años, pero sobre todo en este de sufrimiento de la pandemia, miles de trabajadores perdieron sus empleos y crecieron los precios de los alimentos. Por esta razón la convocatoria a la protesta creció de manera exponencial. La gente en las calles, y no solo en la capital sino en el resto del país, comenzó a exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de su camarilla de corruptos.
El parlamento en llamas
En un país con abundantes recursos naturales, crecieron la desnutrición, el hambre. Se precipitaron tragedias naturales como huracanes, inundaciones, sequias sin que existiera una política de previsión. En el último año, se adoptaron medidas de control militar con el pretexto de la pandemia, que se tradujeron en confinamientos, toques de queda y otras, que la gente interpretó como intento oficial de ahogar la inconformidad social.
Al lado de la exigencia de la renuncia del presidente y su gabinete, a quienes la población acusa de corrupción sin límites, en una semana de protestas la gente fue articulando una agenda de reivindicaciones y de cambios: Reforma del Estado, desalojo y castigo de los corruptos y convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Plurinacional. En la tarde del sábado siguiente a la aprobación del presupuesto, un nutrido grupo de manifestantes se trasladó a la sede del legislativo y atacó e incendió sus oficinas, exteriorizando que se trataba de un objetivo odiado por el pueblo.
Y aunque el presidente Giammattei dispuso la militarización del país y reclamó la aplicación de la Carta Democrática por parte de las OEA, la voluntad del pueblo se impuso y, temeroso de que también el país se incendiara, aplazó la aprobación de presupuesto general de la nación y convocó a algunos gremios al diálogo.
Pero son los trabajadores, los estudiantes, sectores de la juventud, de la pequeña burguesía, que se han colocado como nuevos actores de la movilización, los que reclaman que sean los excluidos, los que nunca son escuchados, los que se sienten en la mesa de negociaciones a discutir los cambios que Guatemala reclama.
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