Guaidó, involucrado en millonarios desfalcos

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Juan Guaidó.

Estos elementos corruptos sirvieron de cómplices para un plan de Washington, diseñado para derrocar gobiernos democráticos contrarios a la política de la Casa Blanca. No se trata de “debilidades morales” de los personeros de Guaidó, sino de su verdadera naturaleza conspiradora y gansteril

Ricardo Arenales

El pasado 14 de junio, el medio informativo digital Panam Post, divulgó una información en la que indica que, con la venia de Washington y de los servicios de inteligencia colombianos, desde este lado de la frontera, con epicentro en la ciudad de Cúcuta, opera una red venezolana de corrupción, liderada por el “presidente encargado” Juan Guaidó, que se habría apropiado de no menos de 90 mil dólares de “ayuda humanitaria”, destinados a proveer recursos económicos a miles de inmigrantes venezolanos que ellos mismos incitan a desplazarse a Colombia, con el engaño de que aquí van a encontrar trabajo, vivienda y comida.

Se necesitó que un medio de tendencia conservadora, como el Panam Post hiciera mención de la situación, para que la prensa colombiana reprodujera la versión y cuestionara la presencia de “delegados” de Guaidó en territorio nacional. En realidad, varias semanas antes, en Venezuela, programas de televisión como Zurda conducta y La hojilla, y hasta el propio vicepresidente de Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, se habían referido al entramado de corrupción de la denominada oposición venezolana.

Boato y miseria

De acuerdo a la versión, representantes personales de Guaidó y militantes de su partido, Voluntad Popular, desviaron recursos de la ‘ayuda humanitaria’ que varios países, entre ellos Estados Unidos, han venido suministrando a los grupos de oposición venezolana, para entregar a sus compatriotas que permanecen en Colombia en calidad de inmigrantes.

Lo que muestra la denuncia es que mientras miles de venezolanos hacen extenuantes recorridos de un lado a otro del territorio colombiano, aguantan hambre y frío, duermen en puentes y parques y acuden a la caridad pública para procurarse un bocado de comida, los representantes de la ‘democracia’ venezolana se dan la gran vida con el dinero que debió ser entregado en calidad de ayuda humanitaria.

Kevin Javier Rojas Peñaloza, otro de los implicados. Rossana Edith Barrera Castillo, una de las implicadas en el robo de fondos de la ‘ayuda humanitaria’ que debían recibir en Cúcuta ciudadanos venezolanos, según las autoridades venezolanas.

Según reveló el autor de la nota periodística, las autoridades colombianas encendieron las alarmas cuando representantes de la oposición venezolana que se mueven entre Cúcuta y Bogotá, empezaron a llevar una vida que no correspondía con su perfil, presentaban facturas de gastos, en serie, con la misma firma, algunas en un solo día, respaldando gastos de más de tres millones de pesos en una discoteca por noche, una de ellas cercana a los mil dólares en bebidas y comidas y compras en carísimas tiendas de ropa en Bogotá y Cúcuta.

El grupo reportó gastos suntuarios en hotelería para migrantes venezolanos, cuando este rubro era cubierto por la Acnur y otras agencias de las Naciones Unidas. Los delegados de Guaidó estafaron a militares desertores a quienes les birlaron la ‘ayuda humanitaria’, y cometieron otros ilícitos, en una conducta continuada que era conocida por el líder de Voluntad Popular.

Naturaleza delincuencial

Estos elementos corruptos son los que sirvieron de cómplices para un plan de Washington, diseñado para derrocar gobiernos democráticos contrarios a la política de la Casa Blanca. En el caso de la trama de Cúcuta, no se trata de “debilidades morales” de los personeros de Guaidó, sino de su verdadera naturaleza conspiradora y gansteril.

Los voceros de Voluntad Popular, junto a otros elementos desclasados, fueron los mismos que en el pasado participaron en las ‘guarimbas’, como se conoce en Venezuela los taponamientos de calles, en el incendio de edificios públicos, entre ellos supermercados y centros de salud, rociaron con gasolina y quemaron vivos a seguidores de la revolución bolivariana, y armaron y dirigieron el dron con explosivos con el que quisieron asesinar al presidente Maduro.

Personajes semejantes tienen la protección de la OEA, del Grupo de Lima, de la Casa Blanca y del gobierno de Iván Duque en Colombia, que los ampara. Eso explica por qué, a pesar de su prontuario criminal, se siguen moviendo como Pedro por su casa, ninguno de ellos ha sido detenido y no se conoce que exista investigación alguna en la Fiscalía, tan acuciosa cuando se trata de perseguir a líderes populares en Colombia.

En Venezuela, en cambio, el Ministerio Público sí abrió investigación penal por la trama de corrupción de Guaidó y sus amigos, según lo anunció el pasado martes 18 el Fiscal General de la República, Tarek William Saab. Se van a esclarecer a fondo los hechos en que aparecen ciudadanos venezolanos denunciados por medios internacionales y autoridades de Venezuela y Colombia, de hechos sumamente bochornosos en el manejo ilícito de fondos “para asistir a venezolanos en Colombia”, precisó el funcionario y anunció que para la investigación designó al Fiscal 50 anticorrupción y al Fiscal 73, quienes comenzaron a recabar evidencias de esos delitos.