En la agenda legislativa del segundo semestre de 1993, siendo ministro de Hacienda Rudolf Hommes; ministro de Trabajo, Luis Fernando Ramírez, presidente César Gaviria y la presidencia del Senado en cabeza del Partido Liberal, se levantó una campaña bien organizada y muy fuerte sobre la ineficiencia del Estado y la necesidad de su reducción, trasladando parte de sus responsabilidades al sector privado que, según ellos, era más eficiente y menos corrupto.
Para la época también pusieron en venta muchos de los activos estratégicos de la nación, como Telecom, entidad que jugó un papel importante en la implementación de la telefonía rural para dotar con esa tecnología a municipios apartados del centro del país. El sector eléctrico, un 87% propiedad de la nación entonces, hoy en manos del sector privado, que ha demostrado en el caso de Electricaribe, no solo ineficiencia, sino corrupción; igual las vías de comunicación, medio de rentabilizar altamente al capital financiero mediante onerosos peajes; la propiedad del subsuelo, los servicios públicos domiciliarios, todos privatizados, vendidos a precios irrisorios.
En el caso de la salud, pensiones y riesgos profesionales, todo el escándalo estuvo dirigido a condenar al entonces Instituto de Seguros Sociales, ISS, dirigido por Jaime Arias quien cumplió un nefasto papel en el debilitamiento de esa institución, por lo cual fue recompensado, con la dirección de la Asociación de las EPS.
La historia ha dejado al descubierto las verdaderas intenciones y objetivos de la burguesía al imponer el modelo neoliberal en los años noventa: apropiarse de las mejores empresas estatales a precios que constituían una ganga y precarizar el trabajo asalariado para incrementar sus utilidades, reformar el Código de Trabajo, desmontar las prestaciones sociales conquistadas con largas y costosas luchas, en término de vidas, del movimiento sindical urbano y campesino. Uno de sus objetivos más lesivos para los trabajadores fue la reforma pensional, modelo impuesto por el Consenso de Washington y refinado por el gremio empresarial, especialmente el capital financiero.
Que lo más conveniente para el capital, siempre es lesivo para los trabajadores, lo demuestran las estadísticas sobre la correlación entre el número de trabajadores con vínculos formales y los llamados informales, esto representan casi un 60 por ciento. Lógicamente viven en condiciones precarias y sus hijos tienen pocas posibilidades de acceder a la educación media y superior y el acceso a los servicios de salud, por lo cual generalmente terminan en el llamado paseo de la muerte.
Los medios de comunicación burgueses propalaban halagüeñas ventajas para los pensionados con las nuevas disposiciones, pero la realidad es tozuda y contundente. Para acceder a la pensión la realidad es distinta: a) la Población Económicamente Activa (PEA) es de 23.1 millones de personas, de las cuales solo cotizan al régimen pensional (Administradora de Fondos Privados, AFP, o Colpensiones) 8.3 millones, es decir un 25%, fundamentalmente, porque los sistemas de contratación cambiaron dramáticamente. Los contratos a término indefinido, que fueron la mayoría hacia finales de los años sesenta, ahora se han convertido en contratos tercerizados a través de oficinas de empleo temporal, órdenes de prestación de servicios (OPS), contratos a término fijo inferiores a un año y otros tipos de contratación basura, incluso pretenden imponer un enganche por dos horas diarias, sin que el Ministerio de Trabajo realice su función de inspección y vigilancia. Este aparato está convertido en una especie de nicho de funcionarios cómplices de los desafueros y las violaciones de las pocas normas laborales que amparan precarios derechos de los trabajadores.
La Administradora de Fondos Privados, AFP, administra una suma de $278 billones de pesos, según ha denunciado un senador de la bancada alternativa del Congreso. Antes del 31 de marzo del presente año, ya entrada la pandemia y las medidas de contención, se repartían las utilidades de varios millones de pesos, antes de la “jugadita” del traslado a que se refiere el decreto 558 por considerar que vienen tiempos complicados para colocar los dineros en los TES y otras inversiones que corren el riesgo de volverse negativas y no quieren cargar con esa responsabilidad: ¡qué cinismo!
El responsable de la jugadita fue Jorge Humberto Botero, quien se ha desempeñado como Ministro de Comercio, Industria y Turismo, ejecutivo del Banco Mundial, presidente de Asobancaria, presidente del Banco Cafetero, secretario jurídico de la presidencia y actualmente, presidente de Asofondos, ¿qué tal ese prontuario?
El cerebro malévolo de Álvaro Uribe Vélez, no solo fue ponente de la ley 100, sino también el presidente que le escamoteó a los trabajadores cuatro horas de recargo nocturno al convertir a Colombia en el único país del Trópico donde el sol se oculta a las 10 de la noche. Lógicamente la responsabilidad de esa política antiobrera no solo es de personas, sino de los partidos burgueses agentes defensores en el parlamento de los intereses del capital.
En el marco de esas medidas, este gobierno incapaz y elegido con dineros del narcotráfico, se limita a firmar los decretos que conciben los integrantes del denominado Consejo Intergremial, limitándose a escenificarlo en la televisión.
Esta realidad tan deprimente, agravada por la impotencia de un presidente elegido con manipulaciones delictuosas en las elecciones, hace que las fuerzas democráticas y decentes de este país, exijan su renuncia y generen un movimiento que imponga una profunda reforma política en Colombia. El primero de mayo, que las redes socialicen los mensajes y las cacerolas multiplicando las protestas, que en todos los ventanales de las casas existan mensajes rechazando los decretos contra los más pobres, y la exigencia del cese de la guerra contra el pueblo.
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