Redacción internacional
Apenas unas horas después de que el primer ministro Irakli Kobajidze anunciara, el pasado 28 de noviembre, que las autoridades del país habían decidido en forma unánime suspender las negociaciones de adhesión de Georgia a la OTAN, estalló una ola de protestas y disturbios que se extendieron al menos por una semana en toda la geografía del país exsocialista.
Según estimaciones de la prensa local, la mayoría de los manifestantes, que protagonizaron duros enfrentamientos con la fuerza pública, son jóvenes. La presidenta del país, Salomé Zurabishvili, instó a los estudiantes a protestar para “expresar su solidaridad” con los manifestantes.
El llamamiento de la mandataria chocó con la opinión del Patriarcado de la Iglesia Ortodoxa Georgiana, con gran influencia entre sus feligreses y que calificó de ‘alarmante’ este llamamiento para que los alumnos participen en movilizaciones antigubernamentales, dados los enfrentamientos que se producían en las calles.
Elecciones parlamentarias
“En tales circunstancias, son extremadamente alarmantes todas las declaraciones dirigidas a los estudiantes y a los menores en general por la presidenta de Georgia, que debería intentar rebajar la polarización y neutralizar el odio en la sociedad para salvar la psique y la salud física de la futura generación de los acontecimientos actuales”, señala una declaración de la comunidad religiosa.
En realidad, lo que se observa son dos situaciones complejas. La prensa occidental coincide en señalar que las protestas obedecen a la decisión de no adherir de inmediato a la OTAN. Eso a mucha gente le importa poco. El otro problema es que recientemente se celebraron en Georgia elecciones parlamentarias y el nuevo órgano legislativo dice que tiene el derecho a elegir nuevo presidente de la nación. Además, desde el oficialismo se alega que estas elecciones fueron fraudulentas y, por tanto, ilegítimas.
La presidenta de Georgia anunció la semana pasada que no renunciará a su cargo pese a que su mandato expira este mes de diciembre. La mandataria declaró que no reconoce la legitimidad del parlamento recién formado y manifiesta la intención de permanecer en el cargo hasta nuevas elecciones.
“Sigo siendo la presidenta. No hay un parlamento legítimo, por lo tanto, no habrá investidura y mi mandato continuará hasta que haya un parlamento legítimamente elegido, que elegirá legítimamente a quien me reemplazará”, puntualizó Zurabishvili.
En relación con la membresía de la OTAN, la alianza atlántica exige que Georgia cumpla primero una serie de reformas internas a su régimen legal, como la anulación de la ley de transparencia de las ONG o de la ley contra la propaganda LGBTI.
El primer ministro Irakli Kobajidze dijo que la Unión Europea utiliza el proceso de negociación como “instrumento de chantaje” contra Georgia y no exige reformas “sino solo pasos que significan renuncia a la dignidad” de esa nación.
