Gracias a las jornadas de tutelatón que bajo la asesoría jurídica del Asociación de Trabajadores Independientes, adelantaron los y las vendedoras desalojadas, desde esta semana podrán volver sus ventas estacionarias
Carolina Tejada
Víctor Manuel Aldana Lesmes, es un hombre de 66 años de edad, lleva más de 15 años dedicado a las ventas ambulantes sobre la calle 72, entre la Avenida Caracas y la carrera 13. Tiene bajo su responsabilidad a su hijo menor y dos nietos, pues su hija, madre de los dos pequeños, sufre de una enfermedad terminal y se encuentra convaleciente bajo el cuidado de la mamá.
Como él, son muchos los vendedores y vendedoras que desde que inició la nueva administración de Peñalosa, se han visto afectados económica y socialmente por las medidas del nuevo alcalde, pues la mayoría de ellos son personas mayores, que difícilmente pueden conseguir un empleo estable que les garantice el mínimo vital, pero además, porque el secretario de Gobierno y la concejal Lucía Bastidas, en declaraciones a los medios, han hecho señalamientos en contra de quienes ejercen esta labor, dejando en entredicho su condición de personas honestas y trabajadoras.
El desalojo arbitrario de Peñalosa
Según menciona el señor Aldana “el 26 de enero me levanté a la una de la mañana como todos los días, a las tres de la mañana llegué a Abastos y compré un millón de pesos en fruta, que es el plante mío. Y cuando llegué a las cinco de la mañana al puesto para picar la frutica, los compañeros me dijeron que tocaba levantar el puesto porque la policía estaba haciendo operativos y no nos iban a dejar trabajar”. Este día, según menciona Aldana, inició su viacrucis, la inversión del día y la fruta que compró se perdió, desde entonces no ha podido trabajar y vive de vender lo poco tiene y de la solidaridad de un familiar que le da lo de la comida.
Una afectación en cadena
Según las versiones de los vendedores desalojados, no solo a ellos les afecta la arbitrariedad del alcalde, también a quienes les proveen los productos con los que trabajan y a quienes les compran. “Me iba bien porque yo traía lo mejor de la fruta, a mi me compraba la gente de las oficinas, los bancos, los que van hacia La Calera. Y mientras no he podido trabajar la gente en el campo a la que le compraba la papaya, ha dejado de vender 95 guacales de papaya que es lo que me consumo yo en el mes, la gente que brega más es la que sufre con esta situación”, asegura.
Dentro de sus grandes preocupaciones está el poder garantizarle a su familia el mínimo vital, evitar caminar los tres kilómetros que deben caminar desde que no ha podido trabajar para llevar a los niños a la escuela, pues “si no hay para comer, menos hay para el transporte de los niños”. Y por otro lado, tiene la preocupación de que cada mes hay que pagarle al banco la cuota de la casa, con el riesgo de que si no paga a tiempo y deja acumular las cuotas, se la puedan quitar.
“Yo vivo en mi casita en Usme, más allá de Alfonso López cerca del túnel. Con mucho trabajo le compré al Fondo Nacional del Ahorro esa casita y estoy debiendo 55 millones trescientos, y cada mes pago 810 mil pesos. Por eso yo no me voy por allá para una plaza para donde me quieren enviar, porque no me da. Uno necesita un plante por lo menos de un millón, y tener la clientela, si no, no me da. Yo le pido a la administración que me dejen trabajar en mi puesto”.
La acción de tutela
Víctor Manuel, al igual que otras 30 personas desalojadas de sus puestos de trabajo, por medio de la asesoría de ATI, Asociación de Trabajadores Independientes, radicaron en jornadas masivas sus tutelas en el juzgado cincuenta y dos del Circuito de Bogotá. Ellos demandaban el derecho al trabajo y aseguraban que su labor, tal y como se menciona en la tutela, se daba bajo “el principio de buena fe y amparados bajo el principio de confianza legítima, tolerada durante los años que trabajo allí”. También mencionan que “la administración omitió adoptar medidas transitorias para que nos pudiéramos adaptar a otra fuente de trabajo”.
El pasado 23 de febrero, los juzgados respondieron positivamente a la acciones de tutela a más de nueve personas, entre esas la tutela del señor Víctor Manuel. Allí se les reconoce la necesidad de que el distrito les garantice el derecho al trabajo, y insisten en que “La Corte Constitucional ha sido clara y enfática en determinar que las autoridades públicas deben diseñar políticas tendientes a proteger el trabajo de las personas de las ventas informales”. Igualmente se resalta en el fallo de la tutela: “Si bien los comerciantes informales pueden limitar el disfrute de otras personas del espacio público, el Estado no puede desconocer que lo hacen con el fin de conseguir medios efectivos que aseguren su mínimo vital y les permitan la realización de otros derechos fundamentales”.
Esta situación ubica nuevamente a los vendedores en sus puestos de trabajo. El día lunes participaron de una movilización masiva desde varios puntos de la ciudad hasta la Plaza de Bolívar, donde participaron, no solo los vendedores, sino sus familias. El sindicato ATI, en cabeza de su presidenta Sindy Tapias, aseguró que seguirán asesorando al conjunto de personas que siguen llegando a sus oficinas para adelantar otra tutelatón que les garantice este derecho fundamental.
