Se instaló en Bogotá la cumbre de delegados y delegadas no estatales a las instancias derivadas del acuerdo de paz
Redacción Derechos Humanos
Ocho días después del anuncio de un sector de excomandantes de FARC-EP, negociadores y firmantes del acuerdo de paz, de retornar a la lucha armada, se desarrolló en Bogotá “la Cumbre de Delegados y Delegadas No Estatales A Las Instancias Derivadas del Acuerdo Final de Paz” como una respuesta de la sociedad civil al incumplimiento del gobierno nacional y un llamado a la implementación de lo acordado.
Llegados de lo más profundo de los campos colombianos, hombres y mujeres empeñados en la titánica tarea de la implementación del acuerdo final de paz como mecanismo privilegiado y casi exclusivo para conseguir la paz en los territorios, se reunieron el jueves 5 de septiembre en las instalaciones de la Universidad Santo Tomás en Bogotá para realizar un profundo balance del cumplimiento del acuerdo de paz, el funcionamiento de los espacios de participación creados por el mismo y realizar recomendaciones al Gobierno Nacional y la comunidad internacional garante, veedora y verificadora para su cumplimiento.
Instalación
La instalación estuvo a cargo de delegados de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y del presidente del partido resultante de la firma del acuerdo de paz, Rodrigo Londoño, quien manifestó que “con todo el peso del amor, haremos realidad la paz y arrinconaremos a los guerreristas.”
En el panel de apertura se destacaron la participación de Raúl Rosende, jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, Juanita Goebertus, asesora del Alto Comisionado de paz en los diálogos de La Habana, hoy representante a la Cámara. También participaron varios congresistas, entre ellos el senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda.
Las exigencias
Entre las personas asistentes se encontraban campesinos y campesinas dedicados a la erradicación voluntaria en el marco de los planes creados por el acuerdo, líderes sociales formuladores de los Planes de Desarrollo Integral con Enfoque Territorial, PDET, excombatientes dedicados al desminado humanitario, mujeres integrantes de la instancia de género, indígenas y afros del componente étnico, académicos y defensores de derechos humanos expertos en políticas de desmonte del paramilitarismo. En fin, todas las personas que han venido realizando todo tipo de esfuerzo para el cumplimiento de lo acordado y que representan un gran acumulado de saberes para una debida implementación en los territorios.
Los discusiones giraron en torno al cumplimiento de todos los puntos del acuerdo que debe darse de manera simultánea como garantía de éxito de la implementación, el desmonte del paramilitarismo como una condición necesaria y urgente para garantizar la seguridad de líderes y lideresas en los territorios, la implementación simulada que ha hecho el gobierno de Duque del acuerdo de paz, es decir, mientras de dientes para afuera manifiesta su cumplimiento, sus acciones se orientan a acabar el mismo, el diseño de estrategias jurídicas, políticas y de movilización social para que el gobierno de Duque cumpla sus obligaciones internacionales de llevar a cabo lo acordado.
La exigencia generalizada se caracterizó por el reclamo al gobierno de Duque de poner en funcionamiento las instancias de interlocución política, técnica y ciudadana creados por el acuerdo como espacios de formulación, implementación y seguimiento de los instrumentos jurídicos y técnicos requeridos para garantizar el desarrollo del acuerdo.
Según la Corte Constitucional, la implementación y desarrollo del acuerdo final está orientado a hacer efectivo el derecho fundamental a la paz, mientras el gobierno de Duque sea renuente a su cumplimiento, desmonte lo acordado o ralentice su implementación, pasará a la historia como el gobierno que traicionó la posibilidad de paz.
