Fumigación mortal

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Fumigación aérea con glifosato en el Putumayo. Foto archivo

El Gobierno nacional insistirá en la estrategia fallida de fumigar con glifosato los cultivos catalogados de uso ilícito. Tras la caída del proyecto que propuso la oposición que buscaba la prohibición de este químico, las comunidades cocaleras se manifiestan y preparan acciones

Claudia Flórez

La comisión quinta del Senado decidió el 6 de octubre hundir el proyecto de ley que buscaba prohibir el uso de glifosato y sus derivados en la política nacional de drogas. La bancada del Centro Democrático elaboró y defendió la ponencia que condujo a archivar la iniciativa. Nueve votos fueron suficientes para hundir la iniciativa.

Es importante considerar que las áreas donde se están concentrando los cultivos de hoja de coca no son nuevas, son territorios donde hace más de 20 años se han sostenido y han aumentado la producción.

En la actualidad se centraliza el 84% de los cultivos de coca en las regiones del Catatumbo (Norte de Santander), Tumaco (Nariño), El Tambo (Cauca), Puerto Asís (Putumayo), Valdivia y Tarazá (Antioquia). También son territorios en condiciones de pobreza por parte de su población labriega, desplazados de otros territorios, saturados de injusticias y con la histórica ausencia del Estado. El actual Gobierno no realiza acciones para modificar el carácter marginal de esas áreas, sólo fumigan, constriñen y reprimen a la población productora.

Es un veneno que azota

A Alexander Sánchez, campesino y líder cocalero y social del municipio de Puerto Guzmán, Putumayo, le preocupa que retornen esos días donde se usaba el glifosato. “La avioneta llega cuando hay buen sol, no les importa si hay viviendas o escuelas cerca, también fumigan donde no hay coca sino cultivos de pancoger. El aire queda contaminado; las fuentes hídricas y las aguas que se recogen de la lluvia también; los árboles sufren porque cuando cae el químico sobre la montaña, queda un desierto y a nosotros nos da dolor de cabeza, produce vómito y también ha habido mujeres embarazadas que han sufrido transformaciones en los niños que nacen”.

Cada vez que en la zona se realiza la aspersión, “la gente se refugia en sus casas, o se esconde en el monte cerca. Nos toca respirar ese aire y tomar agua contaminada. Para nosotros es un infierno”.

Los cultivos de coca se han convertido en el principal sustento de miles de campesinos que no tienen otra alternativa sustentable. Para Nidia Quintero, lideresa campesina de la Coordinadora Nacional de Cultivadores y Cultivadoras de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, es desafortunado que el gobierno insista en mantener las fumigaciones que afectan la salud de la ciudadanía, deterioran la naturaleza y los resultados son negativos, ya que la coca es uno de los principales productos en estos territorios.

Inconveniente, ineficaz y costoso

Para Pedro Arenas, cofundador de la Corporación Viso Mutop, el uso de la aspersión del glifosato ha demostrado en las últimas tres décadas que es un método inconveniente, porque aumenta la ilegitimidad de las instituciones ante los ojos de las comunidades campesinas, indígenas o afrodescendientes donde se aplica.

La aspersión con glifosato, según Arenas, es ineficaz, “ya que se propone la reducción de hectáreas sembradas y se ha evidenciado que en la medida que el Estado no llega con la provisión de servicios elementales a esos territorios, se registra el fenómeno de resiembra y de traslado de los cultivos de un lugar a otro”.

En Colombia se fumiga de manera intensiva desde 1994 en varias zonas del país, lo cual ha dejado una huella ecológica superior a los dos millones de hectáreas dañadas para el 2021. Sin embargo, los cultivos de uso ilícito siguen existiendo y aumentado. “El programa de fumigación con glifosato es absolutamente costoso, pues según la dirección de sustitución de cultivos de uso ilícito del Congreso, erradicar una hectárea de coca por medio de la aspersión aérea puede costar 72 millones de pesos, dinero que podría invertirse mejor en la población productora de la hoja para la sustitución”, comenta el dirigente social.

La Corte Constitucional le ha pedido al Estado medidas concretas en el uso de glifosato. Según Pedro, cuando la Corte adoptó el Acuerdo de Paz en 2016 y lo declaró exequible, señaló la secuencia que debería tener la política pública para enfrentar el tema de los cultivos, lo que significa priorizar la sustitución voluntaria y la aspersión aérea solo en casos extremos: “Además, ha ordenado que se demuestre con evidencia científica que el uso del glifosato no causa daño a las personas, teniendo en cuenta las advertencias realizadas por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Sin embargo, este gobierno no ha respetado al instrumento internacional y tampoco al Acuerdo de Paz y quiere volver a la aspersión aérea como primera herramienta, que junto a la erradicación manual y forzada genera graves violaciones a los derechos humanos de las comunidades”.

Propuesta

Pedro Arenas refiere a la necesidad de una nueva política de drogas, la cual se fundamente en el respeto de la vida, lo que implica reducir los niveles de violencia que se registran en los territorios donde hay cultivos de uso ilícito y la implementación adecuada de los principios rectores del desarrollo alternativo.

“Generar condiciones y garantías de seguridad para quienes acepten la sustitución, recursos y acuerdos con las comunidades que aún no forman parte del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, PNIS. Además, el Estado debe cumplirles a las familias que ya forman parte del programa y solución colectiva para las comunidades que ocupan áreas protegidas, y así partir del diálogo construir oportunidades efectivas”, dice el dirigente agrario.

En sintonía con lo anterior, la senadora Sandra Ramírez, argumenta que el fondo del debate se centra en la implementación de los puntos uno y cuatro del Acuerdo de Paz que refieren a la Reforma Rural Integral y a la participación política de toda la ciudadanía que permita una paz completa en los territorios.

“El cumplimiento de la implementación es un paso importante, ya que los PNIS son voluntarios, concertados y además sostenibles en el tiempo. Han demostrado efectividad. La deuda histórica que existe en los territorios rurales debe ser una prioridad en la agenda política del nuevo gobierno, es necesaria una evolución del campo, superar el despojo y el desarraigo de su medio de vida”, dice la senadora del partido Comunes.

La tarea del presente es lograr el acceso de la tierra para la gente en los territorios rurales, la titulación de la propiedad, individual o colectiva, superar el mini y microfundio, asistencia técnica y maquinaria a la producción. No más criminalización a los cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola; eliminar el uso de glifosato y la erradicación forzosa, entre otras, son las exigencias del movimiento campesino cocalero que se mantiene en la lucha por un nuevo país.