Las erradicaciones forzadas y las fumigaciones con drones, en ninguna medida dan garantías para permanecer en los territorios, ni resuelven el conflicto social y, por el contrario, generan impactos mucho más negativos sobre la pervivencia de las comunidades y los territorios
Redacción DD.HH.
Díez organizaciones sociales agrarias, unas de cobertura regional, otras de alcance nacional, suscribieron una especie de manifiesto, dirigido al presidente Iván Duque, pidiéndole que, a tono con la política de paz a la que se comprometió el Estado colombiano, abandone la idea expresada por varios de sus ministros, de incrementar las fumigaciones forzadas, que no garantizan la eliminación de los cultivos de uso ilícito, pero sí atentan contra los cultivos de pancoger y la vida de los campesinos
“No queremos ningún agente químico y represivo sobre nuestros territorios”, dice la nota enviada al primer mandatario, y reclaman del gobierno el diseño de un plan urgente de protección de las familias y los territorios. Con intertítulos de VOZ, presentamos una síntesis del documento:
“Distinguido Presidente: las organizaciones sociales que hacemos parte del Consejo Permanente de Dirección, instancia creada a partir del Decreto Ley 896 de 2017 y reglamentada por el Decreto 362 de 2018, en el marco de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito – PNIS, nos dirigimos a usted con el propósito de manifestarle algunas consideraciones que surgieron posterior a la instalación de este espacio.
El conflicto se ha agudizado
“Luego de un ejercicio de balance en el que se contemplaron aspectos relacionados con el proceso de implementación del PNIS así como el impacto que este ha tenido en las comunidades, la situación de derechos humanos de los pequeños cultivadores y las posibles soluciones a las dificultades que se han presentado en el marco de la implementación del mismo, le queremos manifestar que:
“1. Las organizaciones sociales que hacemos parte de esta instancia respaldamos en su integralidad el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, pues consideramos que en él se pactaron los elementos mínimos requeridos para superar las causas estructurales que desataron el conflicto armado en Colombia, entre ellas la disparidad social, la distribución inequitativa de la tierra, la corrupción y la exclusión generada a partir de la inversión desigual del gasto público en los territorios.
Comprometidos con el programa
“2. Las comunidades representadas en nuestras organizaciones tienen presencia en más del 90% de territorios afectados por los cultivos de uso ilícito; ellas han manifestado voluntad de sustitución y están comprometidas con el programa, han promovido la sustitución voluntaria y han participado en los escenarios de concertación y planeación del PNIS municipal, regional y nacional.
“3. Resaltamos la importancia y el impacto que ha tenido el PNIS sobre las familias que se acogieron. La Dirección de Sustitución de Cultivos de uso ilícito nos informó que a la fecha hay 14 departamentos con 124.745 familias involucradas en acuerdos colectivos de sustitución voluntaria, que de ellas 77.659 ya firmaron acuerdos individuales y 47.910 ya sustituyeron sus cultivos. Estas cifras reflejan la esperanza de miles de familias que están a la espera de que su gobierno ponga en marcha los planes integrales comunitarios y municipales de sustitución y desarrollo alternativo, Pisda, aquellos por medio de los cuales se adelantarán los proyectos productivos y permitirán una verdadera reconversión económica en los territorios.
“Es por esto que lo invitamos a que se comprometa a implementar de manera integral este programa, que adelante lo antes posible un plan de gestión y financiación del PNIS, ponga en marcha las obras de infraestructura social de ejecución rápida, inicie la implementación del componente de sostenibilidad y de recuperación ambiental, el plan de formalización de la propiedad, los planes para zonas apartadas y con baja concentración de población, que implementen el PNIS en los parques nacionales y que se dé inicio lo antes posible a los programas de prevención del consumo y salud pública.
La represión ha llegado
“4. Dado lo anterior, el incremento de los cultivos de uso ilícito no es responsabilidad de las familias que se han acogido al programa o han manifestado voluntad de sustitución pues esta problemática se ha incrementado por el recurrente abandono del Estado, las políticas represivas del mismo y el incremento de grupos armados que han llegado a nuestros territorios.
“Es por ello que lo invitamos nuevamente a que se comprometa a combatir las redes de narcotráfico, lavado de activos y los precursores químicos, pues este flagelo no se resuelve con una institucionalidad agresiva, que dé tratamiento de guerra a las comunidades por medio de la militarización de los territorios, las erradicaciones forzadas y las fumigaciones con drones, que en ninguna medida dan garantías para permanecer en los territorios, ni resuelven el conflicto social y, por el contrario, generan impactos mucho más negativos sobre la pervivencia de la comunidades y los territorios. ¡Ningún agente químico y represivo sobre nuestros territorios, ninguno!
El documento finaliza proponiéndole al presidente Duque una agenda de compromisos para aliviar la situación de las familias campesinas en las zonas donde se localizan los cultivos de uso ilícito. Suscriben el documento, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia – ANUC; Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – Anzorc; Confederación Nacional de Acción Comunal – Confecomunal; Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes – Conafro; Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas – CONPI; Coordinador Nacional Agrario – CNA; Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana – Coccam; Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – Fensuagro; Mesa Agropecuaria y Popular de Interlocución y Acuerdo – MIA, y Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC.
