En decisión de fondo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, culpa al Estado colombiano por el genocidio de la UP
Redacción política
El número 11.227 es la identificación del caso de la Unión Patriótica, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH de la Organización de Estados Americanos. Desde el 16 de diciembre del año 1993 dicha comisión estudia las pretensiones de las víctimas del genocidio político en contra de la Unión Patriótica y el Partido Comunista. Dos décadas y media después, la Comisión presentó a las víctimas agrupadas en la Corporación Reiniciar y al Estado colombiano, la decisión de fondo sobre el caso, reconociendo la culpa del Estado en los hechos.
Por esa razón, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado anunció que llevará el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el fin de evitar la reparación integral de las cinco mil víctimas sobrevivientes del genocidio. Consideramos irrespetuoso para con la Comisión Interamericana y las víctimas la posición del Estado colombiano sobre lo “onerosa de la indemnización individual” a los sobrevivientes.
La defensa del Estado
“El Estado colombiano lamenta los actos de violencia en contra de las víctimas de la Unión Patriótica y no desconoce la gravedad e importancia de este caso. Así mismo, el Estado ha reconocido su responsabilidad internacional en varios de estos hechos. Si bien la CIDH valoró positivamente las medidas recientemente implementadas por el Estado en relación con el caso de la UP, desconoció el valor de estas para la reparación integral de las víctimas. Lamentablemente, la CIDH valoró este caso como uno más de trato individual, no como uno colectivo y emblemático en el marco del conflicto armado”, señaló la Agencia en cabeza de Luis Guillermo Vélez Cabrera.
La posición del Estado colombiano no ha cambiado desde 1993: no reconocer que existió un genocidio político, único en el mundo en contra de una fuerza de oposición política que fue gobierno local y tuvo bancada parlamentaria. La Unión Patriótica nació a la vida política como propuesta de paz y apertura democrática en el país desde 1986, y con su genocidio perdió la democracia colombiana la oportunidad de superar el conflicto social, político y armado que nos aqueja desde hace medio siglo.
El 15 de septiembre del año 2016, el gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, en un acto en la Casa de Nariño, reconoció que existió poca protección a los miembros del partido político y debido a ello su exterminio. El Estado colombiano se ha mantenido en la negativa de aceptar su responsabilidad en cada uno de los crímenes de los militantes de la UP y las violaciones de derechos humanos a las que fueron sometidos por la puesta en marcha de planes sistemáticos en su contra. “El Estado no hizo lo suficiente para impedir la tragedia de la UP”, señaló en ese momento el presidente Juan Manuel Santos.
Decisión de Fondo
El Estado es el responsable del genocidio de la Unión Patriótica y lo conmina para que haga todo lo necesario para reparar a las víctimas, incluidas las reparaciones individuales a que haya lugar. Entonces el Gobierno presentará el caso a la Corte, que no es más que un procedimiento normal. El caso es un antecedente histórico para la humanidad y para que los gobiernos no se crean con el derecho de matar a la gente por su manera de pensar y por el ejercicio político de la oposición. Este es un fallo necesario para los tiempos en que vivimos, cuando los líderes sociales y defensores de derechos humanos están siendo víctimas de otro genocidio del que reclamamos no más impunidad”, fueron las declaraciones de Aída Avella, luego de conocido el pronunciamiento de fondo de la CIDH.
La Corporación Reiniciar anunció que acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que en esa instancia internacional se confirme la culpabilidad del Estado en el genocidio político contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista, y reconozca la debida reparación integral a los sobrevivientes, garantizar justicia y la no repetición.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos será la que tome una decisión de fondo, luego que la Comisión exponga el caso; el fallo, que será vinculante para el Estado colombiano y por ese conducto tendrá finalmente que pagar las indemnizaciones individuales a que haya lugar y las demás reparaciones a las víctimas, al partido político de la Unión Patriótica y al Partido Comunista Colombiano.
Entrega de informe
Al tiempo que se conocía la decisión de fondo de la CIDH, en la ciudad de Bogotá se llevaba a cabo el acto de entrega del informe de la Corporación Reiniciar al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que surgió del acuerdo de La Habana entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno nacional.
Dicha información será analizada por los organismos que conforman el sistema, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, UBPD, Jurisdicción Especial para la Paz, Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, con el fin de hacer justicia y llegar a una verdad judicial e histórica, a la que hasta ahora ha sido imposible acceder.
La directora de Reiniciar, Jahel Quiroga, señaló que las víctimas de la UP sufrieron un genocidio, según las definiciones de los instrumentos internacionales: las víctimas deben ser reconocidas: “somos víctimas de un genocidio y no de una tragedia como lo han dicho el presidente Santos y otros funcionarios del Estado, así como investigadores que se atreven a señalar que no existió un genocidio sino un exterminio a causa de la combinación de las formas de lucha. La CIDH indicó en el informe de admisibilidad del caso que los hechos tendían a caracterizar una persecución política contra la Unión Patriótica con el objetivo de exterminar el grupo. Para las víctimas y la Corporación Reiniciar esa práctica es genocidio político”.
Declaraciones
Por su parte la dirigente Aída Avella, en un sentido discurso señaló que siempre había estado segura de la implicación del Estado en la muerte de los compañeros de la UP: “Mi vida se la debo a los militantes de la UP que se jugaban su vida conmigo para protegerme, por eso estoy viva, nunca me acompañaron los agentes del estado… ¡La verdad la queremos toda!”.
Se entregaron los archivos de la Unión Patriótica y la Corporación Reiniciar al sistema de justicia del que se espera la verdad. “Ustedes conocen el caso de la Unión Patriótica, la historia del genocidio, nadie es ajeno al conocimiento de la situación de las víctimas. Ponemos a disposición toda la información del caso y queda en manos de ustedes el esclarecimiento del caso y determinar los responsables intelectuales de la muerte de los militantes de la UP. Nos ponemos a disposición de ustedes para que el sistema de justicia para la paz salga adelante y superemos la impunidad”, le dijo Jahel Quiroga a los magistrados y comisionados de la Justicia Especial para la Paz, la Comisión de Esclarecimiento y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
