La crisis en la frontera común con Ecuador, que recientemente produjo acontecimientos como el secuestro y posterior asesinato de tres trabajadores de la prensa de un conocido diario ecuatoriano, la siguiente retención de otros dos ciudadanos del vecino país, y el espectáculo de la cacería de quien los medios de comunicación a ambos lados de la frontera presentan como un disidente de las FARC y autor de los mencionados ilícitos, pone de manifiesto una caótica política de fronteras, de la que no son ajenas las autoridades ecuatorianas.
Las poblaciones, tanto del lado ecuatoriano como del colombiano, padecen una situación generalizada de injusticia social, de ausencia del Estado, de falta de oportunidades. En el caso de nuestros connacionales, en la época del llamado posconflicto, si el gobierno central asumiera una posición consecuente con el proceso de paz recientemente suscrito, diseñaría una estrategia de fortalecimiento de la institucionalidad, con acceso a servicios básicos, educación, salud, trabajo, justicia social, vías de comunicación, soberanía alimentaria y una vida digna para los habitantes de la región.
Pero no. Antes que ejecutorias sociales, la Casa de Nariño ha acudido otra vez al expediente de la guerra, del miedo. El complejo panorama social lo reduce a la tradicional y simplista división entre “buenos” y “malos”. Esta semana ha confirmado la presencia de tres mil soldados más, que van a reforzar los operativos militares ya iniciados, semanas atrás.
En este contexto, tanto Colombia como Estados Unidos han querido involucrar a Ecuador en un conflicto que no le pertenece. El gobierno de Lenín Moreno, en el manejo de sus asuntos domésticos, ha recibido fuertes críticas de diferentes sectores de opinión, que le reclaman también una política de diálogo con los actores sociales, antes que precipitarse a una aventura bélica y la profundización del conflicto.
Llama la atención el ofrecimiento del gobierno de los Estados Unidos de brindar asesoría, primero a Colombia y después a Ecuador, para lo que denomina el combate contra el ‘terrorismo’ y el narcotráfico. La lucha contra el tráfico de estupefacientes ha servicio en las últimas décadas a Washington de pretexto para la militarización del continente y sembrar de bases militares nuestros terruños, como parte de una agenda expansionista e intervencionista.
Para los sectores democráticos es imperioso encender las alarmas e incrementar la movilización, para impedir una mayor presencia injerencista de los Estados Unidos en los asuntos latinoamericanos. Máxime cuando, de acuerdo con los cálculos del Comando Sur y de sus aliados en el Grupo de Lima, un tensionamiento de la máquina bélica serviría de ensayo para una acción intervencionista en Venezuela.
Un ingrediente perverso de la crisis de fronteras es el incremento de los cultivos ilícitos y el aumento de las exportaciones de marihuana y cocaína, especialmente hacia los Estados Unidos, principal consumidor.
Pero también el aumento de los índices de comercialización y el crecimiento de las áreas de cultivo, muestran el estrepitoso fracaso de la lucha antidrogas diseñada por el Departamento de Estado. Muchas veces, como en el caso colombiano, la ayuda antidrogas derivó en una escalada contrainsurgente, o los fondos secretos de la DEA, en no pocas oportunidades sirvieron para financiar a grupos subversivos que se enfrentaron a gobiernos progresistas en la región. Verbigracia, Nicaragua y Venezuela.
Resulta curioso, en este escenario, la presencia de alias ‘Guacho’, eslabón principalísimo de la cadena de ilícitos del denominado Cartel de Sinaloa. Su ascendiente criminal resulta funcional a los planes intervencionistas de los Estados Unidos en el continente latinoamericano. Y también a los planes de la ultraderecha colombiana, interesada en llevar al palacio presidencial al candidato uribista. Prontuario que además, se atraviesa como palo en la rueda a la postulación de Gustavo Petro, un hombre de ascendencia guerrillera.
Extendiendo la mirada a las demás zonas de frontera, el panorama no es menos desalentador. La extensa zona limítrofe con Venezuela, es escenario de todo tipo de ilícitos, desde delincuencia común hasta paramilitarismo y narcotráfico, donde no pocos elementos descompuestos actúan como aliados de los grupos de derecha, venezolanos y colombianos, interesados en desestabilizar al gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro.
La frontera con Panamá se ha convertido en escenario de un jugoso negocio de trata de personas, en corredor del narcotráfico, de refugio de capitales ilícitos que van a parar a la banca del istmo, convertido en paraíso fiscal. Por cierto, muchos capitales venezolanos, hurtados de manera criminal, han ido a parar a los activos bancarios panameños.
La frontera con Brasil, ha servido en forma reiterada, no solo para el paso de miles de inmigrantes venezolanos, sino de escenario, en las selvas del Amazonas, de ejercicios militares de las tropas norteamericanas, y de sus aliados suramericanos, en la perspectiva de acelerar los planes de invasión a Venezuela. Urge, pues, una agresiva política de inversión social, antes que precipitarse por el atajo de la escalada de la guerra.
