jueves, marzo 28, 2024
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¿Fiscalía contra promotores de reserva campesina en Cesar?

Algunos sectores gremiales con intereses en la minería y la agroindustria y cercanos a la extrema derecha han logrado propalar una serie de falacias con las que se relaciona el trabajo de impulso de la Zona de Reserva Campesina del Perijá con los proyectos de la insurgencia de las FARC-EP y del ELN.

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Mesa regional de la Zona de Reserva Campesina del Perijá

La iniciativa promovida por las comunidades campesinas de Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua y Pailitas en el sentido de sustraer una franja de la Reserva Forestal de la Serranía de los Motilones (RFSM) con el propósito de constituir la Zona de Reserva Campesina del Perijá (ZRCP) se encuentra amparada, entre otras normas, en las que a continuación se relacionan con cierto detalle a fin de enfatizar que el trabajo que se viene desplegando en la región se encuentra amparado en la normatividad vigente, especialmente en aquella que, de una u otra manera, va en la dirección de garantizar los derechos de los campesinos:

– Ley 160 de 3 de agosto de 1994, “por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones”.

– Ley 2 de 16 de diciembre de 1959, “por la cual se dictan normas sobre economía forestal de la Nación y conservación de recursos naturales renovables”.

– Decreto 1777 de 1 de octubre de 1996 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, “Por el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo XIII de la Ley 160 de 1994, en lo relativo a las Zonas de Reserva Campesina”.

– Resolución 0293 de 1 de abril de 1998 del Ministerio del Medio Ambiente “Por la cual establecen términos de referencia para la elaboración del plan de manejo ambiental de la sustracción de las zonas de reserva forestal de la Ley 2ª de 1959 y de las Áreas de Reserva Forestal”.

– Resolución 1952 de 26 de septiembre de 2012 del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) “por la cual se inicia el trámite administrativo para seleccionar, delimitar y constituir una Zona de Reserva Campesina en los municipios de Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua y Pailitas en el departamento del Cesar”.

Las comunidades campesinas de la región, a través de sus Juntas de Acción Comunal, han conformado como expresión organizativa supralocal la Mesa Regional de la Zona de Reserva Campesina del Perijá (Mrzrcp) que es la organización que se ha puesto al frente tanto de la constitución de la ZRCP como de la defensa y promoción de los derechos de los campesinos de la región. Actualmente esta organización hace parte de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina.

La fortaleza de la Mrczrcp estriba en el significativo apoyo que le brindan las distintas comunidades campesinas de la región. Así mismo, el trabajo que ha venido realizando en defensa de los derechos de los campesinos ha contado con el apoyo y reconocimiento de distintas instituciones, entidades y organismos tales como el Incoder, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Gobernación del Cesar, las Alcaldías de Chiriguaná, Curumaní, Chimichagua y Pailitas, la Defensoría del Pueblo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos.

La constitución de la ZRCP se contextualiza dentro de los siguientes objetivos, a saber:

– Construir alternativas al extractivismo a partir de la consolidación y reinvención de una Economía Campesina capaz de garantizar la seguridad y soberanía alimentarias de los pobladores de la región y del país.

– Brindar a los campesinos una adecuada seguridad jurídica sobre sus tierras, que signifique la formalización de su propiedad así como el establecimiento de garantías para el acceso a la tierra de aquellos campesinos que no la poseen.

– Reconstruir los proyectos de vida comunitarios y colectivos sobre todo de aquellas comunidades campesinas que en el pasado soportaron experiencias de desplazamiento forzado y desarraigo y que posteriormente, en la inmensa mayoría de los casos, retornaron a sus tierras sin ningún tipo de acompañamiento institucional.

– Restablecer integralmente los derechos de los campesinos, especialmente en el sentido de ser asumidos como sujetos sociales colectivos y no como un mero agregado de familias.

– Sentar las bases de una “territorialidad campesina” articulada a la arquitectura territorial vigente.

– Promover una estrategia de reparación colectiva dirigida a las comunidades campesinas de la región construida alrededor de la constitución de una Zona de Reserva Campesina.

– No se debe albergar la menor duda en cuanto a que el propósito subyacente de la sustracción de una franja de la RFSM es la procurar escenarios que garanticen la permanencia y pervivencia de las comunidades campesinas en la región, de manera tal que ante la eventualidad de la no constitución de la ZRCP queda claro que la sustracción que se está proponiendo pierde toda su razón de ser y, consecuentemente, el apoyo de las comunidades.

Si bien las actividades y acciones desplegadas por la Mrczrcp han conseguido un amplio respaldo no sólo entre las comunidades campesinas concernidas sino también entre distintos sectores sociales e institucionales de la región y del país, también es cierto que le han granjeado la animosidad y hostilidad de algunos sectores gremiales con intereses en la minería y la agroindustria y regionalmente cercanos a un partido que ocupa la extrema derecha del espectro político. Con relativo éxito, estos sectores sociales han logrado propalar una serie de falacias con las que perversamente se relaciona el trabajo de impulso de la ZRCP y las críticas que se le han formulado al modelo extractivista depredador, con los proyectos de la insurgencia de las FARC-EP y del ELN, lo cual, hay que decirlo de una buena vez, se ha traducido en toda suerte de hostigamientos, persecuciones y presiones contra los campesinos de la región principalmente contra los que ocupan cargos dignatarios y de liderazgo comunitario, los cuales, al parecer, han estado siendo realizados por desconocidos y probablemente también por algunos sectores de organismos de investigación e inteligencia.

En el anterior contexto, teniendo como referencia los antecedentes que recientemente se han observado tanto en la región como en el país y en los que personas comunes y corrientes que se encuentran insertadas cotidianamente en sus respectivas familias, trabajos y comunidades, terminan capturadas y exhibidas mediáticamente como integrantes de grupos insurgentes, —pasándose así por alto su presunción de inocencia y el debido proceso—, es legítimo suponer que sobre algunos líderes de la Mrczrcp se podrían estar fraguando artificiosamente algunos procesos con miras a su eventual judicialización. Y hay muchas razones para pensarlo ya que en los dos últimos años en la región, sin pretender ser exhaustivos, se han escenificado las siguientes capturas de campesinos, reconocidos por sus vecinos como esforzados trabajadores del campo y residentes permanentes de sus respectivas comunidades, que han generado sorpresa y zozobra entre los lugareños: (a) la de Wilson Becerra Becerra, vice-presidente de la JAC de su vereda, escenificada el 26 de enero de 2014 en la vereda El Tigre de Chimichagua, (b) la de Manuel Antonio Cardozo Molina, conocido coloquialmente como “El Mono Cardozo”, que tuvo lugar el 1 de agosto de 2015 cuando transitaba entre las veredas Lamas Verdes y La Conga en Curumaní y (c) la de Santos Gálvez León ocurrida el 26 de agosto de 2015 en la vereda Dos Quebradas de Curumaní. Más allá de si estos campesinos son o no realmente responsables de los delitos asociados a rebelión que se les imputan, lo que se cuestiona es que están siendo condenados de antemano sin haber sido vencidos en juicio, como se advierte, respecto de uno de ellos cuando sin fórmula de juicio y desechando la utilización de la palabra presunto, a los dos días de su captura El Pilón, el diario de mayor circulación regional, bajo el titular “Capturan guerrillero del ELN en el Cesar”, se limitó a reproducir el comunicado oficial que les fuera entregado por fuentes castrenses, aseverando que alias “El Mono Cardozo” “sería la pieza clave de la Red de Apoyo al Terrorismo del ELN”, lo cual como se advierte no lo ha dicho un juez de la República sino una fuente militar.

Lo más preocupante de todo es que, simultáneamente a la captura del campesino Manuel Antonio Cardozo Molina, cuatro sujetos desconocidos que se movilizaban en un vehículo de alta gama estuvieron sospechosamente merodeando por el barrio San Isidro de Curumaní preguntando insistentemente por el paradero de Rosa María García de La Rosa y de Enulfo Barrios, dos de los más visibles dignatarios de la Mrczrcp, al tiempo que indagaban también por otros miembros de la familia Cardozo a la que pertenece uno de los campesinos capturados. Al poco tiempo de este incidente, dos hombres desconocidos que portaban armas cortas, en momentos en que ella se encontraba sola, se atrevieron a llegar hasta la propia residencia de Rosa María García de La Rosa a quien, en un contexto de intimidación, después de expresarle su inconformidad y molestia por el trabajo que se realiza, al que identificaron como parte del proyecto político de la insurgencia, la conminaron a que abandonara sus actividades relacionadas con el impulso de la ZRCP y a que le transmitiera ese mismo mensaje a Enulfo Barrios, quien fue calificado directamente como integrante de la guerrilla. Ciertamente estos no han sido hechos aislados sino que forman parte de una cadena de acontecimientos en los que se ha hecho evidente que el liderazgo campesino de la región está siendo objeto de seguimientos y vigilancia estrecha por parte de elementos desconocidos, donde es probable que algunos de ellos estén vinculados a organismos de investigación e inteligencia.

La Mrczrcp rechaza con vehemencia, por temerarias, mendaces y falsas, las estigmatizaciones y señalamientos que de manera sostenida y sistemática se les ha venido endilgado a sus líderes y dignatarios y observa con preocupación cómo están siendo funcionales a la configuración de escenarios para la materialización de lo que se ha dado en llamar “falsos positivos judiciales” con los que se pretende demonizar y criminalizar las legítimas expresiones civilistas y democráticas de oposición, disenso y crítica y en este caso específico de promoción de la constitución de la ZRCP.

En las últimas semanas, profusamente han circulado en la región toda suerte de rumores que, más allá de las disímiles cifras que traen, tienen como común denominador asegurar que desde las fiscalías de la Unidad Nacional Contra el Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación situadas en la capital del Cesar ya han sido emitidas o lo serán en los próximos días un cuantioso número de órdenes de captura contra campesinos de la Serranía del Perijá, varios de los cuales ostentan cargos dignatarios destacados. Como era de esperarse esos rumores que se han propalado desbordadamente han terminado por configurar una atmósfera enrarecida que está llevando ya a varios campesinos a una suerte de ostracismo como quiera que han constreñido al mínimo sus desplazamientos y traslados hacia las cabeceras urbanas, situación que, de no procurarse una pronta solución, bien podría afectar el certamen electoral de octubre de 2015 como quiera que en un ambiente de desconfianza y sospecha como el que hay hoy en día en la región, no se puede descartar que sean incontables los campesinos que se abstengan de concurrir a ejercer su derecho ciudadano al voto por temor a que a la salida de los puestos de votación eventualmente, bajo falsos señalamientos, puedan ser capturados.

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