viernes, marzo 29, 2024
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FARC-EP proponen crear fondo para reparación de víctimas

El plan para la reparación integral contempla darle rango constitucional y para un período mínimo de diez años.

La holandesa Tanja Nijmeijer; Carlos Antonio Lozada e Isaías Trujillo, miembros del equipo negociador de las FARC en los diálogos de paz con el Gobierno colombiano. | Foto: Efe
La holandesa Tanja Nijmeijer; Carlos Antonio Lozada e Isaías Trujillo, miembros del equipo negociador de las FARC en los diálogos de paz con el Gobierno colombiano. | Foto: Efe

Telesur

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) plantearon este miércoles conformar un fondo especial para la reparación integral de las víctimas del conflicto armado en Colombia, durante los diálogos de paz desarrollados en La Habana (Cuba).

Para el seguimiento de este plan se establecerá un consejo nacional que atienda a los afectados por el conflicto, y que tenga la participación directa y decisoria de organizaciones de víctimas y otros sectores sociales organizados, articulados con los entes del Estado Nacional.

La delegación de las FARC-EP plantea además que este fondo sea financiado con un mínimo del tres por ciento del producto interno bruto colombiano y que sea gasto prioritario de la nación.

Según explicó el comandante insurgente Carlos Antonio Lozada, las fuentes del mencionado fondo se basarían en la reducción de los gastos de seguridad, impuesto al patrimonio, aportes del sistema general de regalías y un nuevo gravamen a los dividendos.

Cronología de los diálogos de paz

En esta jornada de conversaciones se incorporó por la delegación gubernamental a la mesa de diálogos el general Javier Flórez, acompañado del coronel Vicente Sarmiento, con el fin de adelantar acciones relacionadas con la subcomisión técnica para el fin del conflicto.

Flórez es el jefe de la delegación del Ministerio de Defensa para el punto tres de la agenda, denominado ‘Fin del conflicto’, que se dejó para el final de las negociaciones para la discusión de temas como la desmovilización de la guerrilla, la dejación de armas, la reintegración y la seguridad de quienes abandonen las filas, entre otros puntos.

En contexto

Este jueves entra en receso la ronda de diálogos 32 que se espera concluya el próximo 12 de febrero.

Este nuevo ciclo de negociaciones es el primero del 2015 y analiza los derechos de las víctimas, además del estado actual de la confrontación armada; luego de que la insurgencia anunciara el pasado 18 de diciembre el cese unilateral del fuego.

Entre los temas pendientes se encuentran: la dejación de armas, la reparación a las víctimas y la elaboración de mecanismos para la aplicación y ratificación de los acuerdos suscritos.

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Reproducimos a continuación el texto completo de la propuesta:

Sexta propuesta sobre reparación integral de las víctimas del conflicto y conformación del Fondo Especial para la Reparación Integral (FERI)

La Habana, Cuba, sede de los diálogos de paz, febrero 4 de 2015

6.1. Garantía constitucional de la reparación integral de las víctimas individuales y colectivas del conflicto. Se incorporarán las garantías a la Constitución como responsabilidad y compromiso del Estado en desarrollo de sus principios y fines, siempre atendiendo estándares internacionales. La reparación de las víctimas es integral en cuanto compromete aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, simbólicos y sicosociales. Para efectos de la reparación integral se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a. Restablecimiento pleno de las condiciones al momento de los hechos victimizantes. En atención a que el despojo de tierras y de territorio ha constituido uno de los ejes del ejercicio de la violencia estructural, se hará énfasis particular en ese aspecto y se garantizarán los diseños institucionales para una muy pronta recuperación de lo expropiado;

b. Definiciones inmediatas para la superación de la pobreza y la miseria, considerando que las víctimas han sido en su inmensa mayoría los humildes y desposeídos que viven en esas condiciones;

c. Compensación económica de los impactos producidos sobre las vidas y proyectos individuales y colectivos de las víctimas desde el momento de los hechos victimizantes hasta el reconocimiento de la victimización;

d. Atención especial de los componentes políticos, sociales, culturales, simbólicos y sicosociales, lo cual supone acciones específicas en esos aspectos;

e. Para establecer los sujetos de la reparación integral se considerará lo establecido en los puntos sobre el reconocimiento de víctimas (capítulos 2 y 3 de las propuestas mínimas);

f. Enfoque diferencial, con perspectiva étnica, territorial y de género.

En todo caso, una política de reparación integral comprometida en forma cierta con las víctimas solo es posible si comprende las reformas políticas, económicas, sociales y culturales para la real democratización del país y se fundamenta, por tanto, en un concepto de justicia social transformadora para el bienestar y el buen vivir de la población, evitando la revictimización y reconociendo la centralidad de las víctimas del conflicto como sujetos de los cambios estructurales que necesita el país.

6.2. Formulación e implementación del “Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”. Este tendrá sustento constitucional y se diseñará para un período inicial de diez años. La definición de los propósitos y objetivos del Plan, de sus metas y prioridades, de las medidas de política económica y social necesarias para implementarlo, así como del Plan de inversiones y de los programas y proyectos que lo conformen, se hará con la participación directa y decisoria de las organizaciones de víctimas del conflicto.

El Plan se enfocará en la justicia social transformadora, territorial y de género, y tendrá capítulos regionales. Especial atención merecerán las mujeres, los campesinos, indígenas y afrodescendientes, así como sus múltiples procesos organizativos. Los movimientos y organizaciones políticas, sociales y sindicales víctimas tendrán igualmente un capítulo especial. En igual sentido, el Plan deberá contemplar políticas y acciones de reparación para combatientes víctimas, y para los presos y prisioneros políticos cuyos derechos han sido vulnerados.

6.3. Conformación del “Consejo Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”. Este consejo tendrá la función principal de participar en el proceso de elaboración del Plan Nacional y de hacer seguimiento y control a su implementación. Las organizaciones de víctimas de mujeres, de las comunidades campesinas, de las comunidades y pueblos indígenas, de los afrodescendientes, de los partidos, de los movimientos políticos y sociales, y del movimiento sindical, tendrán un representante elegido por ellas mismas, respectivamente. El Consejo se integrará además con un representante del Departamento Nacional de Planeación y otro del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

6.4. Creación del “Fondo Especial para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”. Con el propósito de garantizar la financiación del Plan Nacional, se conformará el “Fondo Especial para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”, el cual será de origen constitucional y se comprenderá como transferencia anual equivalente al tres por ciento como mínimo del producto interno bruto, con destinación específica y con cargo al presupuesto general de la Nación. El Fondo Especial se conformará con recursos provenientes de:

a. Reducción del gasto en Seguridad y Defensa en proporción equivalente a un uno por ciento del PIB;

b. Reasignación del impuesto al patrimonio, que hasta ahora ha representado un esfuerzo fiscal de sectores de las clases dominantes para la financiación de la guerra;

c. Creación del impuesto a los dividendos;

d. Hasta un treinta por ciento del Fondo de estabilización y ahorro del Sistema General de Regalías;

e. Contribuciones especiales de grandes propietarios de tierra y de empresarios del agro;

f. Contribuciones del gobierno de Estados Unidos como compensación por los impactos de su intervención en el conflicto armado;

g. Contribuciones especiales de empresas comprometidas con procesos de victimización; o beneficiadas con la venta de armas y la provisión de químicos para las aspersiones aéreas con glifosato;

h. Donaciones de la comunidad internacional.

6.5 Inaplicación del principio de la sostenibilidad fiscal en la política de reparación integral. Esta medida se aplica en atención a que una política comprometida de manera efectiva con los derechos de las víctimas del conflicto y con la reparación integral implica compromisos fiscales extraordinarios. Entonces, se dispondrá la excepción de inaplicación de la sostenibilidad fiscal y de la regla fiscal al “Plan Nacional para la Reparación Integral de las víctimas del conflicto”. Ello mientras se produce el desmonte de esos diseños constitucionales y legales, que imponen de facto un techo fiscal a la materialización de los derechos de las víctimas del conflicto.

Delegación de Paz de las FARC-EP

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