viernes, marzo 29, 2024
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Falsos positivos judiciales

Nexos con el ELN solo caben en la cabeza de las autoridades.

Lideres detenidos en Bogota 2015

Carolina Tejada

El pasado miércoles 8 de junio, la Fiscalía presentó ante los medios de comunicación nacionales y ante el país la noticia de que 15 jóvenes que no pasan de los 34 años habían sido detenidos por los atentados terroristas en Bogotá. Después de 30 horas de la primera audiencia y de un manejo mediático que los señalaba como “terroristas del ELN”, los fiscales Patricia Larrota y Henry Rodríguez Castrillón prácticamente se retractan y, acudiendo a las supuestas pruebas presentadas, solo los han podido relacionar con unos disturbios desarrollados en la Universidad Nacional.

Condena anticipada

Con el afán de presentar a la Fuerza Pública como contundentes y con capacidad de respuesta inmediata ante hechos como los acaecidos esa semana en la capital, el comandante de la Policía de Bogotá, general Humberto Guatibonza, antes de que los implicados por los atentados terroristas fueran notificados de las órdenes de captura en su contra, ya preparaba desde el aire sus reportes para los medios. Prueba de ello es que en el marco del operativo se le permitió a estos que lo acompañaran en el helicóptero para evidenciar la eficacia de su cuerpo policial.

El caso es que, después de la audiencia de legalización de allanamientos y de que la defensa conociera parte de las acusaciones, se pudo determinar que 13 de las 15 personas detenidas, pertenecientes a la organización Congreso de los Pueblos, nada tenían que ver con las acusaciones de pertenecer al ELN o de ser responsables de los atentados terroristas, como lo aseguró el mismo comandante desde sus inicios.

“La justeza de la ley”

Violando el principio de presunción de inocencia, un día después de las detenciones y del escándalo mediático, dos de las 13 personas pertenecientes a esta organización fueron puestas en libertad por no tener órdenes de captura. Cuatro de ellos, Heiler Lamprea, Daniel Hernández y los hermanos Lizeth y John Acosta, el día en que ocurrieron los hechos en El Porvenir, se encontraban participando de un encuentro académico con profesores y trabajadores a las afueras de Bogotá.

Familiares y defensores de derechos humanos que hoy acompañan el caso han señalado este proceso como “un falso positivo judicial”. Según Gloria Silva, abogada del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, “hasta ahora todo ha estado relacionado con un tropel en la Universidad Nacional, ocurrido el pasado 20 de mayo, que nada tiene que ver con un atentado terrorista”.

En el marco de la legalización de los allanamientos, los abogados afirman que no se les encontró nada que los relacione con una organización insurgente, ni con dichos atentados. Libros de literatura crítica, del Che, banderas de grupos libertarios de España y afiches hacen parte de los elementos decomisados y presentados como elementos que los “relacionarían con el ELN”.

Para Gloria, “lo único que hemos visto es la intención de la Fiscalía de relacionar su participación con el movimiento estudiantil y el tropel como una acción de protesta histórica, que es un actividad común en la universidad pública, con hechos de mayor envergadura, y se ha generado un tratamiento bastante restrictivo contra los estudiantes y su forma de protesta más comunes”. Se espera que ante el proceso tan precario y terminada la audiencia de imputación de cargos con el conjunto del análisis de los computadores y las USB decomisados, se les pueda garantizar el debido proceso y puedan quedar en libertad.

La solidaridad

“¡Pagarán por atentados!”. Estas fueron las palabras que el presidente Juan Manuel Santos expresó en redes sociales después de felicitar a la Policía Nacional y a la Fiscalía por su contundente actuación.

Pero, contrario a lo esperado por el gobierno nacional, la actuación apresurada y el show mediático del que no se salvó ni el general Palomino generaron que las “contundentes pruebas” sirvieran de burla y críticas masivas a las dos instituciones.

Desde que se conocieron los hechos, Naciones Unidas hizo un llamado a la Fiscalía para que se respetara el debido proceso. A la par, miles de personas han demostrado su indignación en redes sociales y muchas otras siguen llegando a los plantones de solidaridad convocados a las afueras de los juzgados.
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De quiénes estamos hablando

Sus compañeros del Congreso de los Pueblos nos hablaron de la calidad de personas y líderes que hoy están siendo juzgados.

A algunos de ellos los reconocen así: Gerson es un chico de Ciudad Bolívar, con condiciones de vida difíciles, estudia educación comunitaria con énfasis en DDHH en la Universidad Pedagógica Nacional. Desde allí se vinculó al Colectivo Trabajo y Libertad, cuya iniciativa estaba alrededor del derecho al trabajo para los jóvenes. Impulso iniciativas productivas para brindarles oportunidades de vida. Desarrollaba talleres comunitarios para niños en las localidades.

Sergio, o Pato como le dicen sus amigos de cariño, se endeudó para poder estudiar periodismo en la Universidad Cooperativa. Allí se graduó y estaba ad portas de iniciar una maestría en estudios sociales. Hizo parte del Colectivo Espora de comunicación. En la última etapa estaba vinculado como periodista en Colombia Informa, un medio alternativo de comunicación. Varios de sus libros y una bandera que le quitaron estaban relacionados con un coloquio libertario del cual participó el año pasado en España.

Lorena, una joven de Pasto. Trabajaba para poder mantenerse y estudiar en la universidad con el apoyo de su familia. Estudió en la facultad de derecho y ciencias políticas de la Universidad Nacional, referente estudiantil de la universidad y se ha destacado como líder juvenil del Congreso de los Pueblos.

Después de las primeras audiencias, David Uribe, otro de los abogados, le contó a VOZ: “a Heiler Lamprea de Congreso de los Pueblos y a David Rodríguez se les están imputando los delitos de rebelión, terrorismo, afectación a servidor público” y por otra parte: “a los demás jóvenes se les quiere imputar dos delitos nuevos que están incluidos en el código penal a través de la ley de seguridad ciudadana de 2011, y lo que busca es criminalizar actos de protesta del estudiantado. Estos son actos comunes de la protesta estudiantil, en ningún momento pueden ser susceptibles de ser perseguidos por la Justicia o relacionarse como actos terroristas”.

Al movimiento social le preocupa que en medio de los acercamientos para iniciar diálogos con la guerrilla del ELN, se presenten estos casos, y que las supuestas pruebas sean presentadas primero a los medios, generando un show mediático, antes de que los mismos abogados puedan conocerlas y analizarlas. También preocupan las declaraciones del general Palomino, en las que asegura que: “es muy sospechoso que este caso tenga tantos abogados”.

El abogado Uribe nos compartió un mensaje que desde los calabozos de la Fiscalía Pato le escribió a su familia. Compartimos un fragmento: “Amigos y compañeros, volveremos a reír con dignidad, sin miedo y con amor del verdadero. ¡Ya saben cuál es! Cada injusticia es un motivo para seguir luchando. El Pato”.

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