Existe un patrón en varias operaciones del Ejército que consiste en simular combates en
las regiones donde hay fuerte presencia militar, para aparentar con las “bajas” el debilitamiento del enemigo, afirma el abogado Jeison Pava
Carolina Tejada
@carolltejada
El 17 de mayo del 2014, militares de la Brigada Móvil No.13 y el Batallón Energético y Vial No. 9, de la VI división del Ejército Nacional presentó ante los medios de comunicación un parte positivo de guerra. Se trató de la “Operación Militar Némesis Marcial Tres”, en donde dieron de baja en combate a cuatro jóvenes, entre esos a un menor de 14 años, que supuestamente pertenecían al Frente 48 de las Farc-Ep, y que operaban en los límites entre los departamentos de Nariño y Putumayo, en una zona que se denomina Jardines de Sucumbíos, en la vereda Alto Amarradero.
En esa oportunidad, por contacto de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, que hace presencia en esa zona, y en virtud de las denuncias que hicieron integrantes de la familia de los muchachos, se conoció la otra versión. Según afirmaron familiares de los jóvenes, estos no eran miembros de las FARC. Se trataba de Deivi López, menor de edad, José Antonio Jacanamejoy, campesinos adscritos a la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Amarradero, Bryan Yatacue Secue, indígena del Cabildo Nasa y José Yinner Esterilla, afrodescendiente que pertenecía a la Consejo Comunitario Nueva Esperanza, que estaban celebrando el día de las madres en la vereda y para evitar coger camino a sus fincas luego de las ocho de la noche, habían decidido pernoctar en la finca de un amigo.
Afirmaron familiares de los jóvenes que, alrededor de las dos de la mañana, el Ejército ingresó a la vereda, a la casa de la señora Elvira Jacanamejoy, insultaron e intimidaron a sus hijos e hijas menores de edad y les obligaron a entregar los celulares. Alrededor de las cuatro de la madrugada se escucharon unas detonaciones y sonidos de fusiles. Tipo seis de la mañana, cuando ya amaneció, y al ver que no tenían razón de los muchachos y que llegaban comentarios de que habían dado de baja a unos guerrilleros, algunos familiares bajaron a la zona y pudieron evidenciar la situación, e inmediatamente identificaron los cuerpos de sus familiares, el menor de 14 años de edad, los otros muchachos entre los 18 y 24 años.
En el lugar de los hechos, familiares de los jóvenes le alegaron al Ejército que, esos muchachos no eran guerrilleros. El testigo y dueño de la casa donde fueron asesinados y que se encontraba durmiendo en el segundo piso de la casa, le insistió al Ejército que él tampoco los reconocía como guerrilleros, que eran muchachos honestos de la vereda, sin embargo, el Ejército hizo el levantamiento de los cuerpos, los subió en un helicóptero en bolsas y se los llevó. Desde ese día las familias de estos jóvenes iniciaron un proceso en búsqueda de la verdad y de la justicia frente a lo que consideraban como un “falso positivo” es decir, un crimen de lesa humanidad.
Los acribillaron dormidos
En el proceso de denuncia y de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, se tomaron versiones de la población que habita en la vereda y en el año 2019, a solicitud de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía con sede en Cali, se pidió a la Juez de Juzgados Penales del Circuito de Nariño, la preclusión de la investigación, al afirmar que no encontró elementos para seguir investigando. Esta decisión además se sostenía en el argumento de que, un par de testigos afirmaban que, en el grupo de jóvenes asesinados por el Ejército, había dos señalados de pertenecer al Frente 48 de las Farc-Ep. Con este argumento se pretendió cerrar el proceso.
El representante de las víctimas e integrante del Comité Permanente por la Defensa de los DDHH, CPDH, Jeison Pava, le contó a VOZ que, en este alegato, la defensa presentó argumentos para seguir con el proceso y que, “nos sorprendió que la Fiscalía tomara esa decisión en virtud de que efectivamente encontrábamos elementos que llevaban a creer que sí se había cometido un crimen, independientemente de la supuesta vinculación de las dos personas con la guerrilla. Lo cierto es que estos muchachos fueron asesinados y que, según los informes de Medicina Legal, a algunos de ellos los mataron mientras dormían”.
Los impactos de bala, según cuenta el abogado luego de conocer el informe de Medicina Legal, ingresaron al cuerpo de los jóvenes en una posición en la que se evidencia estaban acostados. Otros estaban de espaldas cuando fueron impactados por las balas y a otro joven, según el rastro que deja la bala, le habían disparado a cinco metros de distancia.
Los informes técnicos de Medicina Legal son contundentes, comenta Pava: “es decir, estos muchachos nunca estuvieron en posición de combate. Nunca hubo un combate como el Ejército lo manifestó y como lo organizó, porque este hecho se llevó a cabo en el marco de una operación aparentemente legal y que cumplía con todos los protocolos y lineamientos del derecho operacional, pero que la quisieron disfrazar de combate para que, los capitanes o los superiores que estaban al mando en el operativo, mostraran resultados sobre unas bajas en combate de una estructura del Frente 48 de las Farc-Ep”.
A pesar del resultado de las investigaciones, los soldados de batallón, que participaron en este crimen, no han sido imputados de ningún cargo, lo peor, asegura el abogado, es que “han seguido activos en el Ejército desde el 2014. Hasta la fecha ellos siguen activos en las Fuerzas Militares, que es lo que realmente indigna y preocupa sobre todo a las familias que son las que han denunciado y continúan en el territorio”.
Modus operandi del Ejército
Para Jeison Pava, lo que arroja esta investigación es que: “efectivamente ya era un modus operandi del Ejército”. Se tenía un informante que había señalado a los jóvenes de hacer parte de una estructura guerrillera.
Asegura el abogado que “es necesario verificar muchas de las operaciones que se desarrollaron en esta zona del país, en donde se presentaron muchas bajas en combate y muchos campesinos como integrantes de las FARC. Yo creo que, en este proceso incluso al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se debe indagar sobre cómo fueron todos estos ejercicios operacionales, porque efectivamente hay un marco de legalidad, si uno observa toda la estructura de la operación, es una operación legal, con un informe de inteligencia que dice que hay una estructura guerrillera que funciona en tales coordenadas en tales zonas y se ataca dejando unas bajas que puede que sean civiles”.
En el informe sobre las actividades de examen preliminar 2020, de la Corte Penal Internacional, publicado en diciembre del mismo año, en la información facilitada por la Fiscalía General de la Nación, se destaca que, sobre los procesos llevados adelante por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, que investiga y enjuicia miembros del Ejército hasta el grado de coronel, se encuentra:
Por hechos relacionados con muertes de “falsos positivos” presuntamente cometidas por miembros de la Primera División (Brigada 10) del Ejército, entre 2004 y 2008 en el departamento de Cesar, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, a septiembre de 2020 la DECVDH tenía en curso “78 casos activos en relación con “falsos positivos” contra 544 individuos, entre ellos tres coroneles y 12 mayores. Además de otros hechos en los que se señala como autores a integrantes de la Segunda División (Brigada 30 y Brigada Móvil 15) entre 2002 y 2009 en los departamentos de Norte de Santander y Magdalena, en donde se informó que, a septiembre de 2020 la DECVDH tenía en curso 145 casos activos contra 1.045 individuos, incluyendo 15 coroneles y 22 mayores”. La lista sigue a otros departamentos de país evidenciando una conducta recurrente en el accionar de esta institución militar.
Para Jeison Pava, “está claro que existe un patrón en las operaciones dentro del Ejército de simular combates y bajas en las regiones donde hay un fuerte componente militar. y digamos que, en esa lógica, lo que hay que entrar a verificar es quién fue el que ideó esta política. Esto fue una política diseñada, no se la inventaron los rangos medios, ni los soldados en los batallones. Esta es una política diseñada para generar un efecto en la opinión pública de que, se está ganando la guerra, de que hay bajas y se está diezmando el enemigo. Que nuestras fuerzas militares son fuertes, capacitadas y las más tecnificadas, pero en la práctica lo que estamos viendo, es que venían dando de baja a campesinos o personas que no estaban dentro del conflicto y esto no es de este gobierno ni del gobierno anterior, esto ya viene de diferentes gobiernos atrás”.
En términos de la responsabilidad individual del caso de los cuatro jóvenes, el proceso continúa en total impunidad. En el 2019, luego de una demanda administrativa contra el Estado, el Ejército y el Ministerio de Defensa, un fallo administrativo en Bogotá, favoreció a las víctimas, pero estas instituciones apelaron. La audiencia verbal se adelantó en un juzgado de Bogotá el 4 de febrero de este año. Las víctimas aún continúan a la espera de la verdad y de la justicia sobre los responsables de estos crímenes.
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