Luego de identificar errores gubernamentales en la atención de la crisis sanitaria, organizaciones médicas, científicas y sindicales de la salud piden al gobierno bogotano una cuarentena total por dos semanas
Redacción Actualidad
Con base en la crisis del sector hospitalario evidenciada en la ocupación del más del 90% de las Unidades de Cuidados Intensivos, UCI, en ciudades como Medellín, Bogotá, Cúcuta, Ibagué, Cali y Bucaramanga; la fatiga por sobrecarga laboral del personal de la salud; el número de contagios y muertes por covid-19 que se registra a diario y la escasez de medicamentos, entre otros argumentos, el Pacto Nacional por la Salud y la Vida, que reúne a 140 organizaciones médicas, científicas, sindicales y académicas, hizo propuestas a los gobiernos nacional y de Bogotá.
En comunicado y rueda de prensa virtual, argumentaron sus recomendaciones y exigencias. Emma Vélez Toro, veedora en salud, puso como ejemplo de la crisis la situación de hospitales y clínicas del norte del Valle del Cauca. Dijo que en Cartago solo hay 17 camas con soporte respiratorio, que desde el Gobierno nacional se le regala el dinero a las EPS, y que se debería entregar directamente a los hospitales para que los médicos que están en la primera línea dejen de morir como sucede actualmente.
Cuarentena de dos semanas
Y aunque para las autoridades bogotanas es normal que se trasladen pacientes UCI a otras ciudades, el médico, docente universitario y doctor en salud pública, Jaime Urrego, expresó que la actual situación obedece a que después del primer pico de la pandemia se abrió de manera irresponsable la economía, se bajó la guardia y se abandonaron los planes para fortalecer la capacidad de la atención primaria “cerca a las familias, hacer pruebas, detectar, rastrear y hacer aislamiento con el acompañamiento del Ministerio y el número de pruebas bajó”.
Además, calificó como injusto e indigno el agotamiento que sufre el personal médico que, sin recursos ni insumos, realiza jornadas extenuantes.
Por lo anterior, exigen al Gobierno nacional tomar medidas de choque y retomar el plan estructurado que pasa por una declaración de emergencia hospitalaria. “En el caso de Bogotá, la cuarentena debe ser completa, por dos semanas y con un bono solidario aumentado en cantidad, cobertura y que se haga el esfuerzo para contar con 500 UCI adicionales y 100 equipos médicos de refuerzo deben ser contratados de inmediato para apoyar a la gente de primera línea”, expresó el doctor Jaime Urrego.
Por otra parte, la presidenta de la Organización Colegial de Enfermeras, OCE, Cecilia Vargas, habló sobre la situación de los trabajadores de la salud y dijo que sufren angustia por su reducido número para enfrentar la crisis: “Hacen falta instrumentadores, terapistas, médicos, enfermeras y personal administrativo para atender adecuadamente porque el Gobierno piensa que, al abrir más UCI, estas se cuidan solas. Hay sobrecarga en el trabajo y estrés. No tenemos entornos seguros y saludables, lo que significa que si no tenemos buenos elementos de protección personal terminaremos contagiados”.
Agregó que hay 30.045 trabajadores del sector salud contagiados y 152 muertos de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, INS, aunque según datos de la OCE son 270 los fallecidos, dentro de los cuales hay 192 médicos. Además, muchos han contaminado a sus núcleos familiares.
La enfermera también anotó que hay deudas de salarios de dos y hasta tres años y que despiden a quienes reclaman: “Tenemos que operar en una red hospitalaria que no tiene dinero, a la que no le giran la plata, no hay infraestructura, no hay un desarrollo tecnológico adecuado, pero nos llaman héroes y como dice el meme ‘los héroes no cobran’, y si cobran los echan”.
De la misma manera, denunció que hay instituciones públicas y privadas, especialmente en Bogotá, que obligan a los trabajadores infectados a reincorporarse. Y, que están ante dilemas éticos al tener que escoger a quiénes llevan a una UCI, “todo por la improvisación del Gobierno nacional y el Gobierno distrital”, concluyó Cecilia Vargas.
Falta personal
A su turno, Edilma Suárez, presidenta de la Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia, ANEC, manifestó que durante la pandemia ni el Gobierno nacional ni los gobiernos locales han hecho nada por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud.
“Desde el inicio de la pandemia se empezó a evidenciar un aumento en los horarios de trabajo que se mantiene y que se recrudece con este pico, un aumento en la carga laboral y una disminución en los salarios de los trabajadores”.
Ejemplificó la actual situación al decir que una UCI con nueve o diez pacientes es atendida por una enfermera y dos auxiliares de enfermería, y con dos pacientes que se compliquen no hay tiempo de atenderlos a todos, “por lo que no sirve que nos digan que se amplían el número de camas con el mismo personal”.
Asimismo, denunció acoso laboral, cambios en las formas de contratación y cancelación de vacaciones que produce mayor trabajo a los que quedan. Declaró que, de acuerdo con cifras de la mesa de monitoreo de las condiciones de trabajadores de este sector, uno de cada cuatro se ha infectado con covid, el 84% de estos son mujeres, el 22% ha tenido que seguir laborando infectado, el 44% de los casos no fue reportado a la ARL y el 62% no ha recibido calificación de enfermedad laboral.
Por otra parte, Juan Eduardo Guerrero, integrante de la Asociación Colombiana de Salud Pública, anunció que según el INS la pandemia estará en crecimiento hasta mediados de marzo, lo que obliga a tomarse el máximo de medidas. “Se requiere más autoridad sanitaria, reforzar las secretarías de salud municipal y departamentales, más atención primaria, más prevención, educación y vigilancia de los protocolos. A la pandemia no se le gana en las UCI, esa es la fase final, se gana en el territorio, en las casas”. Por lo anterior, expresó que hacen falta muchas más pruebas y que el dinero no se quede en las EPS.
Propuestas
Luego de explicar y ejemplificar la situación en el ámbito nacional y de Bogotá, el Pacto por la Salud le pide al Gobierno nacional activar la emergencia hospitalaria para garantizar el uso de toda la red de hospitales y clínicas pública y privada, más allá de las racionalidades administrativas y financieras independientes de cada EPS o IPS.
De igual manera, garantizar trabajo digno y decente para todo el personal sanitario de manera permanente y estable; el fortalecimiento de la red pública hospitalaria y garantizar la gobernabilidad del Sistema de Salud desde lo público y no en cabeza de intermediarios de mercado que han fracasado en la aplicación de la estrategia de PRASS (Pruebas, Rastreo, Aislamiento Selectivo Sostenible) y en la prestación eficaz de los servicios de prevención, atención y rehabilitación de la población afectada por la pandemia.
Y, garantizar renta básica universal y subsidio a la nómina de las micro, pequeñas y medianas empresas en todo el país.
Por otra parte, y con base en las condiciones de la ciudad, a la alcaldesa Claudia López le solicitan, entre otras cosas, una cuarentena total por dos semanas; y tomar el control completo de la red pública y privada de salud en la ciudad con la participación de los órganos de control.
