Se difunde la idea de que un gobierno de estirpe indígena es “el origen de todos los males” y por ello resulta incómodo e innecesario. Incómodo, desde luego, para los planes expoliadores de la burguesía. Y estos sectores reaccionarios reciben el aliento de Estados Unidos
Alberto Acevedo
La semana pasada, después de concluir una multitudinaria marcha cívica y popular en defensa de la democracia, el presidente de Bolivia, Luis Arce, participó en Cochabamba en una reunión con activistas sociales, y aprovechó la ocasión para llamar a “la unidad en el movimiento popular, en las organizaciones sociales, el gobierno nacional y la Asamblea Legislativa”, para cerrarle el paso a los sectores de extrema derecha que de nuevo alientan la idea apátrida del golpe de Estado.
El asunto es que de nuevo estos sectores, que en el pasado estuvieron involucrados en el golpe contra el entonces presidente Evo Morales, ahora azuzan una idea similar, buscando desestabilizar la administración del presidente Luis Arce.
El pretexto para reclamar el relevo en el gobierno no importa. Puede ser una cosa o la otra. Para algunos observadores, en Bolivia se viene activando la doctrina Rumsfeld, que consiste en la propagación del “caos constructivo”, para desestabilizar a los gobiernos donde Estados Unidos perdió influencia.
Sin la iniciativa
En pocos meses Estados Unidos ha perdido el control en el Medio Oriente, en favor de Rusia. Ha vivido desastrosas experiencias militares en Irak, Siria y Libia, y más recientemente va perdiendo el manejo de la situación en Sudán.
El reciente triunfo de Xiomara Castro en Honduras, podría ser indicativo de que también en América Latina y el Caribe, Washington pierde influencia en forma gradual. En el caso de Bolivia, le preocupa que el nuevo gobierno del MAS se comprometa económica y estratégicamente con la Ruta de la Seda, la nueva doctrina comercial de China, y se deslinde de la economía del dólar.
En Bolivia, Estados Unidos pretende incendiar un conflicto doméstico entre sectores gubernamentales y populares de una parte, y grupos golpistas, afianzando a Santa Cruz como el foco de resistencia de la derecha ante un supuesto gobierno autoritario. Se difunde la idea de que un gobierno de estirpe indígena es “el origen de todos los males” y por ello resulta incómodo e innecesario. Incómodo, desde luego, para los planes expoliadores de la burguesía. Y estos sectores reaccionarios reciben el aliento de Estados Unidos.
La renuncia del presidente
El florero de Llorente esta vez es el rechazo de la derecha a un paquete de medidas gubernamentales, especialmente la Ley 1386 de legitimidad de gananciosa ilícitas y financiamiento al terrorismo. La norma, como sucede en otros países, pretende que sectores empresariales legalicen capitales mal habidos y eviten deslizar recursos hacia actividades desestabilizadoras contra el gobierno constitucional.
Para ello convocaron a un paro cívico que degeneró en enfrentamientos con la policía, y cuyo epicentro fue la región de Santa Cruz. En realidad, el objetivo de la movilización es crear un clima favorable a otro golpe de Estado o provocar una situación de ingobernabilidad tal que empuje a la renuncia al presidente Luis Arce que, por cierto, rechazó indignado esta posibilidad.
Para el exministro de Gobierno y analista político Hugo Moldiz, en Bolivia se está enfrentando una ofensiva de los mismos actores que protagonizaron el golpe de Estado de 2019, quienes en ese entonces movilizaron a parte de la población, con el relato del fraude electoral. El pretexto ahora es el rechazo a la ley 1386 que busca combatir la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo.
Los destinos de la nación
“Estamos pasando de una estrategia del desgaste, que comenzó tan pronto se posesionó el presidente Luis Arce, a la estrategia del derrocamiento, es decir, de reeditar el golpe de Estado de 2019”, dijo el analista.
“Lo que no quieren es que el pueblo, los pobres, los humildes, se gobiernen a sí mismos, que conduzcan los destinos de la nación. Siempre los han creído o menores de edad, incapaces o peligrosos. Son ellos los que quieren gobernar este país, como lo hicieron durante parte de su historia”, dijo Moldiz.
“La ley 1386 es un pretexto y lo que no quieren es que el presidente Luis Arce gobierne, lo quieren poner en un estado de indefensión, quieren paralizar su gestión, ese es el objetivo de fondo”, precisó el analista.
Ahora es diferente
Una de las particularidades de la actual intentona golpista radica en que el Movimiento al Socialismo, en el poder, tiene un mayor apoyo popular y parece que no se va a repetir la experiencia de la derecha de movilizar a una parte importante la población en contra del gobierno. En efecto, respondiendo a una propuesta del expresidente Evo Morales, alrededor de un millón de indígenas, campesinos, trabajadores y profesionales en varias áreas, agrupados en sindicatos, movimientos y organizaciones sociales diversas, se movilizaron en lo que se denominó la Marcha por la Patria, por la democracia, por la unidad del país y en respaldo a la gestión del presidente Arce.
Después de siete días de caminatas, que recorrieron 200 kilómetros, la movilización llegó a La Paz el 30 de noviembre pasado. Habían partido de la región de Caracallo, en Oruro y recorrieron nueve departamentos, en una demostración clara de que los planes golpistas de la derecha boliviana no pasarán.
Los planes que denuncia el movimiento sindical e indígena, no responden solo a las aspiraciones torvas de un sector retardatario de la burguesía latifundista boliviana. Hay elementos que indican que sectores de la derecha fascista en varios países de la región se interesan en que el gobierno democrático de Luis Arce llegue a su fin en el país suramericano.
Ejemplo que se extiende
Conociendo la experiencia de la constituyente chilena, fruto de la protesta social, en Bolivia se abre paso el camino a una constituyente de alto contenido indigenista. Esto no les conviene a los círculos burgueses latinoamericanos. Además, una asamblea constituyente vinculante es una experiencia que se puede extender no solo a Chile y Bolivia, sino de pronto a Honduras, con el gobierno de Xiomara Castro.
En el proceso de recomposición del gobierno popular en Bolivia, tras el retorno del MAS al poder, se supo que el multimillonario Ellon Musk y su empresa Tesla, estuvieron involucrados en el golpe de 2019. También lo estuvieron sectores empresariales chilenos y brasileños, con fuertes inversiones en la explotación del litio boliviano.
Con el pretexto de la crisis climática y las recomendaciones de la COP26, las grandes corporaciones hablan de una ‘transición energética’, que no es otra cosa que resetear la economía mundial a la medida de las transnacionales. Y es ahí donde entran en juego los intereses por los inmensos y ricos yacimientos de litio boliviano. Esta es la otra cara de los planes golpistas en este país, que no trascienden en los análisis a que estamos acostumbrados en la gran prensa corporativa.
