César Santoyo Santos
@cesantoyo
Desde la época del Estatuto de Seguridad Nacional del gobierno de Turbay Ayala en 1978, que fue un momento de máxima agitación normativa contra todo proyecto que disputara el poder a las hegemonías políticas y económicas que dominan el país, no se ponía en cuestión la legitimidad del gobierno con tanta hostilidad y soberbia, como con este: la seguridad democrática 3.0.
Uribe, a través del gobierno de Duque y su entorno más cercano, ha desatado una poderosa estrategia combinando el negacionismo y el ataque judicial a las personas y liderazgos políticos, que denuncian y confrontan su actuar; persigue a las organizaciones que han levantado su voz por la defensa y promoción de los derechos humanos y los procesos disonantes contra el totalitarismo que niega el existencia del conflicto en Colombia, mientras agita la bandera de la guerra y la confrontación armada contra Venezuela.
Durante las últimas semanas ha puesto todo su empeño y alistado sus alfiles en contra de la fundación Comité de Solidaridad de Presos Políticos -Fcspp-, organización defensora de los derechos humanos, que desde hace cuatro décadas trabaja en su promoción, defensa y de las comunidades vulnerables. En desarrollo del litigio y la indagatoria en uno de los casos que enfrenta Uribe Vélez, y que ha logrado trascender hasta la Corte Suprema de Justicia, acusan a la FCSPP de dar y ofrecer dineros a Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar que hoy brinda testimonio en su contra y, por supuesto, se encuentra en riesgo de muerte junto a toda su familia. La Fcspp, ante la inminencia de los riesgos, gestionó unas medidas para proteger la vida de Monsalve y su familia, hechos que datan de 2011.
La acusación, sin embargo, fue revisada por la Corte Suprema de Justicia, la cual emitió sentencia en 2018 y determinó que la Fcspp actuó con transparencia y acorde con su labor. Una vez más, Uribe y sus círculos usan la estigmatización como arma para disuadir y presionar. Aparecen en medios señalando y minimizando y generan acciones políticas que encubren y distraen: como siempre, estigma y segregación son las tácticas del miedo para frenar investigaciones, ocultar la verdad y obstaculizar la acción de la justicia.
Mientras esto sucede con la Fcspp y, de hecho, con el movimiento de DD.HH., en el país siguen ejecutándose planes de exterminio y asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, aumentan las amenazas, confinamientos y vulneraciones a los DD.HH.; se producen atentados a la sede del Partido Comunista Colombiano, PCC y a la sede de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Eventos paralelos, y supuestamente “inconexos”, pero que son una muestra de la persecución a la oposición política y la falta de garantías para el ejercicio de las libertades, la movilización y la protesta social, así como un factor de incumplimiento de la implementación del Acuerdo de Paz.
Posdata: es cuando menos, infame, que la producción artística realizada en un mural de Bogotá para visibilizar la tragedia de las ejecuciones extrajudiciales, en la modalidad de “falsos positivos”, el número de víctimas, así como el rostro de los comandantes en los tiempos de comisión de esos crímenes atroces, haya sido borrada por unidades de las FF.MM. y de la Policía Nacional, esto muestra el talante del gobierno: negacionista y soberbio. Solidaridad con las víctimas y con todas las organizaciones afectadas.
