Estabilidad laboral: Otra carrera contra la Covid-19

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Conductor de Transmilenio. Foto archivo

La calidad del trabajo se afecta cuando los empresarios aprovechan la crisis para reducir costos laborales y aumentar utilidades

Juan Carlos Hurtado Fonseca
@Aurelianolatino

“Amparar el Derecho Fundamental al Mínimo Vital del señor Luis Heraldo Garzón Garzón, por lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia”, le exigió la juez Diana Fernanda Erazo a la empresa Somos K, como resultado de una tutela interpuesta por el trabajador.

La decisión es solo una de las múltiples a favor de los trabajadores del sistema integrado de transporte público de Bogotá. Estas se han presentado con la asesoría de la Asociación de Trabajadores y Usuarios del Transporte Masivo, ATUT, que también han logrado dos sentencias de importancia: Los Juzgados 8° de Pequeñas Causas Laborales, y 5° Civil Municipal condenaron el uso ilegal por parte de la empresa, del numeral 1 del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo (caso fortuito o fuerza mayor) como justificante para evadir el pago de los salarios de sus servidores, demostrando que habiendo terminado los contratos de concesión antes de la pandemia, no pueden ahora alegar la crisis sanitaria como causa de su no operación.

Igualmente, señalaron que no se puede obligar a los trabajadores a acudir a sus cesantías para subsistir, pues estas no alcanzan para cubrir todo el tiempo de aislamiento.

El pretexto

Desde el inicio de la anormalidad generada por el confinamiento, empresas como Transmasivo, Somos K y Gmóvil SAS, entre otras, se aprovechan de la situación para aumentar su rentabilidad violando los derechos de los trabajadores.

La disminución de pasajeros por la cuarentena obligaba a aumentar la cantidad de buses en circulación para garantizar un 35% de capacidad de estos: “Lo que hicieron fue disminuir el número de buses y las condiciones de hacinamiento se mantuvieron, lo que produjo mayor contagio en el sistema. Es una responsabilidad que hay que evaluar más adelante. Pero al reducir buses en vía redujeron sus costos de operación y aumentaron ganancias”, explicó a VOZ el abogado Fabio Alberto Rivera, asesor de algunos sindicatos de trabajadores de empresas de transporte público e integrante de la junta directiva de la ATUT.

Cuando la Alcaldía de Bogotá decidió que se debía utilizar una baja capacidad de los articulados, los operadores aumentaron el número de buses en la vía, pero reclamaron el pago de las cláusulas pactadas en los contratos de concesión, en cuanto a disminución del número de pasajeros.

“Obligaron al Distrito a que les pagara la diferencia, lo que dejaban de ganar por operación, es decir, ellos nunca han dejado de ganar ni un peso así se les disminuya el número de pasajeros. En total son 140 mil millones de pesos mensualmente”, dijo el abogado consultado.

Trabajadores engañados

Francisco Mora, del Sindicato Nacional de Trabajares del Transporte, SNTT, también dijo que estas empresas están trabajando con el subsidio de la Alcaldía, inclusive conservando la ganancia, en momentos en que todo el transporte está perdiendo.

No obstante: “A pesar de estar ganando están reduciendo nóminas, despidiendo trabajadores enfermos y rebajando salarios, y eso no se compadece porque ellos no están perdiendo”, señaló Francisco Mora.

Al ser esto así, no se entiende cómo hay alrededor de 300 suspensiones de contratos ante la reducción de buses en circulación, en todas las empresas del sistema.

En respuesta a las irregularidades, se iniciaron una serie de acciones de tutela que han logrado levantar un gran número de las suspensiones, no obstante, varias empresas han impugnado.

Según Mora, puede haber 350 trabajadores del sistema a quienes se les suspendió el contrato, solamente del sistema zonal y troncal: “En el sistema provisional hay algo así como siete mil conductores que desde el 19 de marzo no tienen salario, y el Gobierno nacional no ha querido escuchar. Para este problema, a la Alcaldía no la vemos por ninguna parte, a pesar de que nosotros como trabajadores hicimos un acuerdo cuando la alcaldesa era aspirante, ella quedó en respetar los derechos laborales y abanderarse de ellos, pero ahora vemos la misma parcialización que tenía Peñalosa, inclusive más agudizada. No nos da cita y nos menosprecia, nos usó solo para que votáramos por ella”.

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