“El Esmad se alista para una guerra contra el pueblo”: Wilson Arias

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Agentes del Escuadrón Movil Antidisturbios, Esmad. Foto Ernesto Che Jones.

Después de los bancos, el sector al que mejor le va en medio de la pandemia es a los vendedores de armas

Redacción Política

La bancada de oposición ha venido denunciando irregularidades en contratación del Gobierno nacional en plena pandemia. Entre la tormenta de decretos presidenciales, que ya van por 40, hay de todo, pero llaman la atención los decretos de adquisición y compras que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria, sobre todo la decisión de adquirir nuevo arsenal bélico para la Policía Nacional.

La agudización de la crisis social profundiza las desigualdades que quedaron desnudas con la llegada del Covid 19; a eso se suma la política económica del gobierno Duque para salvar los bancos antes que la gente. VOZ habló con el senador del Polo Democrático Alternativo, Wilson Arias, quien ha denunciado gastos desproporcionados por parte del ejecutivo que contradicen su supuesta política de “austeridad”.

Economía en cuidados intensivos

-Senador, ya van dos meses de confinamiento y un sin número de medidas económicas, sociales y de salubridad. Desde su perspectiva, ¿cuál ha sido balance del manejo que el Gobierno le ha dado a la crisis y los resultados de esas medidas tomadas?

-El Gobierno ha puesto en marcha una estrategia neoliberal para atender la pandemia. Muy orientada por el Fondo Monetario Internacional, benefactor del gran capital. Por ejemplo, el cierre del aeropuerto El Dorado fue tardío por el influjo de las transnacionales como Avianca, puerta abierta que permitió el ingreso del 80% de contagiados para ese momento.

Lo mismo sucede con ese afán del Gobierno por mandar a la calle a los obreros, esas recomendaciones son exclusivas del gran capital. En general Duque ha sido muy influenciado por el sector financiero que le cumple con una política monetaria expansiva dirigida a los bancos, las condiciones al Fondo Nacional de Garantías se hacen para que la banca privada pueda prestar y se les garantice cubrir el 90% del riesgo, lo cual lleva a la economía colombiana a tener un riesgo moral, hay decretos de la emergencia dirigidos a los bancos.

En resumen, quienes se perjudican son las pequeñas empresas y los trabajadores mientras el sector financiero se alza con las ganancias. Por supuesto que no quieren aceptar una renta básica que le entregue a la gente recursos efectivos para su vida diaria. Las medidas para la pequeña empresa llegan tarde, la mediana empresa esta derrotada en Colombia y sus restos en créditos serán utilidades para el sector financiero.

Necropolítica vs. biopolítica

-En general la denuncia redondea en 8.6 millones de dólares de gastos en medio de la pandemia… ¿Cuál es la lectura que hace de esa escandalosa cifra, cuando existe hambre en las poblaciones más vulnerables de Colombia?

-Todas estas contrataciones son cuestionables en tiempo de pandemia, de hecho, el gobierno de Iván Duque anda anticipando recursos debido a la escasez presupuestal, de los cuales son muy pocos los pesos destinados a controlar la pandemia o para asuntos que tengan que ver con ella.

Me parece grave la reorientación del gasto, esto nos ha conducido a denunciar compra de armamento y mejoramiento de publicidad, es decir, estamos en un debate sobre biopolítica y necropolítica. Como no hay un plan de intervención social en medio de la emergencia, se preparan para una contención del descontento social vía violencia. Estoy seguro que después de la pandemia, la movilización social se incrementará.

Wilson Arias. Foto Sophia Martínez.

-Usted también denunció que hubo una cuantiosa compra de municiones para el cuerpo de choque de la Policía Nacional, el polémico Esmad. ¿Por qué es tan grave que el gobierno haya hecho ese gasto en medio de la pandemia?

-Hemos denunciado el stock que tiene la Policía Nacional y en especial El Esmad para reprimir brutalmente las manifestaciones. Hoy el cuerpo policía antidisturbios tiene 25 mil cartuchos de gas, 10 mil granadas de aturdimiento, 14 mil granadas multi impacto y mas de 12 mil cartuchos calibre 12, munición del arma letal que mató al joven Dilan Cruz. Y por si fuera poco se ha proyectado un gasto de dos billones de pesos para comprar 47 mil cartuchos de gas, 11 mil granadas de aturdimiento, 23.700 balas marcadoras, 5 mil granadas multimpacto y 13.467 mil cartuchos calibre 12.

Hemos pedido que se suspenda de inmediato esa adquisición, incluso la Procuraduría había pedido a la Policía que suspendiera el uso del arma que dispara los cartuchos de 12 milímetros y aún así la compra de ese arsenal de guerra sigue firme. A todo eso súmele las 18 nuevas tanquetas para el Esmad.

Tráfico de influencias

-De igual forma, usted denunció que existe un contrato de 3.500 millones para mejorar la imagen del presidente Iván Duque, ¿Qué encontró en este polémico contrato?

-El contrato de 3.500 millones para mejorar la imagen del presidente Duque se obtiene por una fuente periodística y que básicamente es extraer rubros con destinación especifica para el Fondo Paz y con ellos contratar a una empresa de publicidad, Du Bran, vinculada a la campaña del “No” en el marco del plebiscito por la paz y en la que trabaja el hijo del gerente de campaña “Duque Presidente” Luigy Echeverry. El asunto tiene un tono de tráfico de influencias. Muy mala suerte para el país que su presidente, en vez de reorientar gastos para atender la pandemia, utilice dineros de la paz solo para mejorar su imagen.

-Usted ha descubierto y denunciado que, en varias medidas económicas del Gobierno, los realmente favorecidos son los fondos de pensiones privados. Usted le pidió a la Contraloría investigar una irregularidad de quienes manejan esos Fondos. ¿Explíquenos qué encontró?

-Nosotros conocimos la existencia de ese delicado decreto. Lo denunciamos y el propio ministro Carrasquilla lo negó. Y básicamente es que los jubilados de retiro programado fueron trasladados a Colpensiones, y que debían seguir en los Fondos Privados y ser acogidos por las aseguradoras, pero el Ministro Carrasquilla toma la decisión sin cálculo actuarial.

Mas grave aún que la cifra de 20 mil no es cierta, tenemos la certeza que serán 27 mil pensionados que nos han dicho que su traslado es con cinco billones de pesos para Colpensiones y eso tampoco es cierto porque el respaldo que le dan a Colpensiones para responder por esas pensiones es con Títulos del Estado que vienen en pérdida por la situación actual. De modo que cuando Colpensiones quiera redimir para tener liquidez efectiva no serán los cinco billones que prometieron. La finalidad de los Fondos Privados de Pensiones es jubilar, pero ellos se han dedicado a captar ahorro y extraer ganancias, pero no a pensionar.

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