Con estrategias de atención social el gobernador Carlos Caicedo se enfrenta al Covid, mientras las viejas castas politiqueras del departamento y la Fiscalía General de la Nación, que dirige Francisco Barbosa, buscan atarlo vía judicial
Redacción Política
El manejo de la pandemia por coronavirus en los territorios y regiones del país no ha sido profundamente evaluado. Se conocen los casos de corrupción alrededor de los mercados que los alcaldes y gobernadores vienen entregando.
La corrupción no tiene cuarentena y menos cuando se trata de recurso público y la contratación administrativa que es casi a dedo debido a la necesaria y urgente atención. Aunque los casos de corrupción son los que se llevan los titulares principales de la prensa nacional y regional, poco se conoce de las estrategias para atender la crisis social y económica que se produce por la pandemia.
El plan de manejo de la crisis del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, es uno de esos casos en que las estrategias de atención social han sido exitosas, y sin asomos de corrupción. «Ese man si está dando comida» esa es la referencia de los ciudadanos samarios y magdalenenses cuando se les pregunta cómo ven al gobernador en el manejo de la crisis.
El 16 de marzo pasado las autoridades departamentales tomaron las decisiones de confinamiento en los 29 municipios incluyendo su capital Santa Marta. Además, de las medidas policivas para garantizar el aislamiento social, se trazaron estrategias con énfasis social. “La clave fue adelantar las medidas de aislamiento social para planear la estrategia en salud, en atención social y prevención de contagio, el agua y la entrega de comida”, comenta Efraín Mojica, funcionario de la Oficina de Paz y Atención a Víctimas del Magdalena.
Salud
El tiempo de confinamiento era una disputa a contrarreloj, adecuar las tres estrategias paralelamente era un reto complejo. En cuanto a la atención en salud la primera decisión fue pedirle al Agente Especial Liquidador, Felipe Negrete, permitir la adecuación de la Clínica de Saludcoop de la capital del departamento y poder habilitar 100 camas exclusivas para los pacientes de Covid-19.
Se inyectaron recursos al principal hospital del departamento Julio Méndez Barreneche y se adquirieron rápidamente los instrumentos de bioseguridad necesarios para el personal médico, además de pagar las deudas de nómina causadas por las EPS a esa institución.
Comida
En cuanto a la estrategia de mercados populares y solidarios, la Gobernación le apuntó a entregar en cada municipio un número de mercados que cumplieran con la demanda de las familias que no tuvieran ingresos económicos, víctimas del conflicto y población vulnerables. “Se diseñó una política que pudiera satisfacer el hambre de un promedio de cinco personas por viviendas para unos treinta días”, señala Mojica.
Las dificultades del programa de Mercados Solidarios están en la naturaleza productiva del departamento pues su vocación agrícola fue arrebatada por el monocultivo de la palma y las extensiones de tierra propicias para cultivo de alimentos hoy están concesionadas al sector de la extracción.
Lo que trae como consecuencia que los mercados solidarios deban ser adquiridos en grandes superficies elevando los costos de cada mercado y sobre todo que no cuentan con grandes inventarios para una mega compra. “Entonces cambiamos la estrategia e iniciamos una entrega de bonos para ser canjeables en los supermercados más cercanos a la población”, explicó Mojica. El último reporte de mercados populares entregados a principio de semana había beneficiado a cerca de 25 mil hogares.
Agua
La tercera estrategia de mitigación del Covid-19 es el agua. En palabras de Caicedo, el departamento ha librado una lucha histórica por el agua, señala que el 61% en la ruralidad no tiene acueducto, y 26 de 29 municipios no tienen agua potable todo el año: “La desidia y abandono por décadas nos pone en mayor riesgo en momentos de pandemia”.
Por eso el programa Agua al pueblo, que inicialmente estaba pensado para llevar el líquido potable a los municipios que sufren por escases se probó aceleradamente en medio de esta pandemia. Según cifras de la Secretaria de Hacienda del departamento se hizo una inversión de 2.700 millones de pesos, distribuyendo tres millones de litros de agua potable en 26 municipios a través de carro-tanques. El resultado es agua potable para 300 mil personas. Se proyecta que en tiempos de pandemia se entregarán entre 10 mil y 18 mil litros de agua por día.
La persecución
Sin embargo, ni las estrategias de mercados populares y solidarios, ni la recuperación de la infraestructura hospitalaria ni mucho menos el programa de agua, tienen reconocimiento por parte de sus adversarios políticos.
Carlos Caicedo fue considerado una de esas sorpresas electorales del pasado 2019. Aunque su paso por la alcaldía de Santa Marta fue un antecedente favorable para adquirir el voto mayoritario del electorado, su valor adicional está en derrotar al viejo poder del Magdalena, una elite parásita codiciosa de contratos públicos para sus bolsillos y otrora socia del narcotráfico, conformada por típicas casas politiqueras que saquean el erario cada cuatro años. Los Gnecco o Cote antiguos socios del paramilitar Hernán Giraldo hoy son declarados enemigos del proyecto político Fuerza Ciudadana, movimiento que lidera el gobernador Caicedo.
Lo clanes del Magdalena se unieron e iniciaron una operación de persecución judicial que encabeza el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien en rueda de prensa el 24 de abril pasado señaló que le abría una indagación por supuestos sobre costos en los mercados solidarios.
“Hay una investigación que se abrió contra el gobernador del Magdalena ante la Unidad de Fiscales de la Corte Suprema de Justicia. Hay más gobernadores investigados no solamente en el marco del Covid sino en el marco de la corrupción que se ha dado con las contrataciones, celebración de contratos sin requisitos legales, peculados por apropiación y todo tipo de delitos están en esa unidad”, dijo Barbosa.
El mensaje es claro y contundente, la extrema derecha se alió para apropiarse del poder que perdieron en las elecciones. De hecho, los antecedentes en ese departamento así lo muestran. La administración saliente de la ciudad de Santa Marta, encabezada por Rafael Martínez del movimiento política Fuerza Ciudadana fue víctima, en abril del año 2019, de una estrategia jurídica de persecución que logró arrebatarle, parcialmente, la autoridad municipal. En esa oportunidad el presidente Iván Duque designó a Andrés Rugeles Pineda, ficha de la casta política departamental, como burgomaestre encargado. En el mes de agosto del mismo año fue restituido el alcalde legítimo de Santa Marta.
Ante las acusaciones, Caicedo señaló que los funcionarios públicos honestos “entendemos siempre las indagaciones preliminares como una oportunidad para explicar la transparencia con la que hemos hecho todo. Estamos listos a explicar, demostrar y evidenciar que ni un centavo se ha perdido o se va a perder”
Y reiteró que fue elegido para cambiar las prácticas de la administración pública y que no va ceder “ni un solo momento en nuestra tarea de llevar alimentos y esperanza a quienes lo necesitan en nuestro departamento. El Magdalena será un río de solidaridad y ese es mi compromiso”, puntualizó.
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