Se descubre todo un concierto para delinquir en el que están involucrados altos mandos militares. El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, no precisa responsabilidades y nuevos sectores piden su destitución.
Hernán Camacho
En un concierto para delinquir resultaron las revelaciones de los medios de comunicación en los últimos días respecto a las redes criminales que se articulan en el Ejército Nacional, con anuencia de los generales de la cúpula y hasta del comandante general de las fuerzas militares, Leonardo Barrero. Según las denuncias, el coronel Róbinson González del Río, es la punta de lanza de una organización delincuencial que se apropia de contratos, solicita dádivas por licitaciones amañadas y compra procesos judiciales.
Desde el Ministerio
“Es una cueva de ladrones” le dijeron a VOZ, fuentes cercanas al ministerio de Defensa. “Si la justicia ordinaria investiga puede encontrarse con escándalos de mayor calado”, dijeron. Los hechos, aunque datan de 2013, no son los únicos que enredan a altos mandos militares cuya premisa fundamental es la solidaridad de cuerpo: complicidad.
Por su parte, el jefe de la cartera de guerra, se hizo el de la vista gorda. Desde el escándalo de las coordenadas, pasando por la chuzadas del Ejército a miembros de la delegación de paz del gobierno y la oposición, y ante la corruptela generalizada, ha salido por la puerta de atrás, defendiendo las actuaciones de sus hombres y enrostrando a los medios de comunicación por hacer públicas esas situaciones. Pinzón, tampoco se refirió a los actos sistemáticos, planeados y ejecutados por capitanes, coroneles y altos mandos militares que revelan una mafia contractual, una incitación a obstruir la justicia ordinaria que lleva las investigaciones de falsos positivos. “Armen una mafia contra esos fiscales y jueces”, afirmo el general Barrero.
Opiniones
Ya copó la gota y sigue atornillado, dijo Carlos Lozano, quien ha venido señalando que ante tanta descomposición de esa institución, es hora de que el ministro asuma la responsabilidad política. “Si el ministro de Defensa es decente debe renunciar, en lugar de justificar los delitos de los mandos militares”, y agrega: “El país espera destitución del comandante de las FF MM y del “ministrico” charlatán en cuyas narices ocurren estos delitos. ¿O son legales?”.
No es éste el primer escándalo que involucra al coronel González del Río. Él, sindicado por falsos positivos, por hechos acaecidos en septiembre de 2007, cuando era comandante de una patrulla antiguerrilla en Neira, Caldas, tiene a cuestas la compra de fallos para trasladar la investigación de la justicia ordinaria a la penal militar. El magistrado involucrado, Henry Villarraga, es cercano al ex presidente Álvaro Uribe y ha expresado en cada uno de sus fallos la necesidad de extraer de la competencia de la Fiscalía General los asuntos militares.
La división interna
La división del alto mando militar, ya anunciada por VOZ, se agudizó. Los militares que no comparten la actividad de las redes criminales de la institución dicen que es tiempo de tomar medidas. El presidente Juan Manuel Santos, conoce muy bien la situación al interior pero tiene poco margen de maniobra. “Donde manda capitán no manda marinero”, dicen en el Palacio de Nariño. Y con razón, pues el principal responsable por los escándalos es el propio comandante de las Fuerzas Militares, Leonardo Barrero, quién debería ser el primero en entregar su renuncia y presentarse ante la Fiscalía General de la Nación para ser juzgado.
No obstante, las explicaciones dadas por el propio Barrero, no fueron satisfactorias: “Es necesario aclarar que estas expresiones se presentaron, luego que un oficial, vía telefónica, manifestó su preocupación por la situación jurídica que afrontaba refiriéndose a un presunto montaje, lo que generó un comentario en el cual reconozco empleé palabras descalificadoras hacia el ente investigador y sus funcionarios”, dijo.
La indignación tocó todos los niveles y lo más sensato era la responsabilidad política de esos actos desde la cabeza de las fuerzas militares y no la baja de dos o tres oficiales encargados del cuerpo de custodia del involucrado coronel Róbinson González del Río. “Es que la cúpula está supeditada al cuerpo civil y no al contrario”, le dijo a VOZ su fuente en el Ministerio.
Pero las repercusiones no se quedan en la cúpula, también tocan el proceso de paz, pues para muchos la reacción del gobierno ante esos hechos deja entrever su ambigüedad a ponerle coto a los militares ante semejantes escándalos. Lo mismo sucedió con las chuzadas que pasaron de ser un hecho de las fuerzas oscuras, para Juan Manuel Santos, a una fachada de plena legalidad en menos de un día. La versión del “secuestro” del primer mandatario por la cúpula tropera y enemiga del proceso de paz es evidente.
El gobierno militar
Teniendo en cuenta que en el propio Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera el gobierno se compromete a que “en forma paralela… intensificará el combate para acabar con las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo la lucha contra la corrupción y la impunidad, en particular, contra cualquier organización responsable de homicidios, masacres o que atente contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos”. Así como también, es obligación del gobierno nacional revisar y hacer las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz.
Sin duda este hecho puede ser la oportunidad para abolir el gobierno paralelo al interior de las fuerzas militares que vienen de una u otra manera obstaculizando los avances de la paz. De ahí que Aída Avella, candidata presidencial por la Unión Patriótica, señale insistentemente en su recorrido por el país que los oficiales, suboficiales y soldados “de verdad patriotas tienen un papel importante para la construcción de la paz y separarse de esas prácticas maquiavélicas de lucrarse con la guerra”.
