“Un parlamento ilegítimo y reaccionario no otorga garantías para que las mujeres víctimas del conflicto social y armado seamos protagonistas principales de una verdadera democracia”. Ponencia presentada por el Colectivo Popular de Mujeres Tea al Foro de Participación Política
La participación política ha sido históricamente una de las principales luchas y reivindicaciones sociales lideradas por las mujeres que integramos los sectores populares, a lo cual se suma la búsqueda permanente de la igualdad. Solamente a partir del logro de la igualdad de la redistribución económica, la superación de la pobreza y el reconocimiento cultural y político de la mujer se habrá logrado superar este realidad a la que hoy nos enfrentamos.
Como punto de partida, tenemos que resaltar en la historia de nuestro país la importancia alcanzada por las mujeres en las más duras batallas por construir una Colombia independiente, soberana, con justicia social y democrática: personalidades como la cacica Gaitana, Manuela Beltrán, Policarpa Salavarrieta, María Cano, Mariana Páez y Yira Castro, citando solo algunas de todas aquellas que nos han dado ejemplo de huellas imborrables, enseñándonos a alcanzar los más nobles objetivos para el logro de la independencia y la transformación social del país.
Conscientes de la necesidad de aportar a la construcción de un país diferente, a través de la organización y la lucha popular, como mujeres que integramos el Colectivo Popular de Mujeres Tea, proponemos algunos elementos para analizar nuestra situación actual, proponer opciones y apuestas concretas de participación política y construir colectivamente rutas para la construcción de la paz real con justicia social.
1. Breve análisis de nuestra situación actual
Nuestra historia tiene que ver directamente con las crecientes desigualdades sociales que han marcado nuestro devenir, particularmente frente a la pobreza y mínimas garantías de derechos que tenemos, como consecuencia de la aplicación de un modelo de desarrollo económico excluyente en el cual las más afectadas somos las mujeres y nuestros hijos, a quienes en la mayoría de las ocasiones no podemos brindarles ni siquiera las condiciones mínimas para poder sobrevivir.
Pese al incremento de la situación de desigualdad, el Establecimiento hace referencia a ciertas mejoras en términos de política pública y participación de las mujeres que solo se quedan en el discurso. En la última década, el Estado colombiano ha dado cuenta de un supuesto incremento de oportunidades para la mujer en el sistema educativo: “Según el DANE durante el periodo comprendido entre 2001 y el 2004 ingresaron a la educación superior un 56% de mujeres y un 44% de hombres”. Esto no se refleja en nuestra cotidianidad caracterizada por la deserción escolar, la discriminación y la falta de oportunidades educativas y sociales para nosotras.
En materia de salud, la ineficacia de este sistema nos tiene condenadas a elevados índices de mortalidad.
Adicionalmente, la falta de vías, de vivienda, de infraestructura social para la recreación, de redes de acueducto y alcantarillado, la falta de electrificación en la zonas rurales y servicios públicos en el campo y la ciudad, además de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos y la violencia sexual ejercida contra nosotras por el recrudecimiento de la guerra y la violencia paramilitar, y la escandalosa inversión que en esta materia hace el gobierno nacional para proteger los intereses del capital privado que explota minerales y petróleo en nuestros territorios, hacen parte de las grandes problemáticas que enfrentamos día a día.
Muchas de nosotras hemos sido estigmatizadas, desplazadas, encarceladas, enjuiciadas con montajes judiciales y testigos comprados. Las que hemos estado dentro de las mazmorras del régimen somos testigos de los tratos degradantes y humillantes que nos da el Estado. Condiciones infrahumanas, un inmenso hacinamiento y la negación del derecho a la salud, son tan solo una muestra de la crisis humanitaria que tenemos que enfrentar. Este régimen, en especial, se les aplica a los 9.500 prisioneros políticos y de guerra que tenemos en las cárceles colombianas. Lo único que los puede rescatar de estos infernales sitios es la solidaridad, la visibilización y movilización de todas nosotras.
Ante este difícil panorama, se hace necesario que luchemos y reivindiquemos nuestro papel político como promotoras del cambio, la construcción de un nuevo país y la reivindicación de nuestros derechos como mujeres tanto como otros derechos que tenemos como personas humanas en la búsqueda de un futuro y un sistema diferente para nosotras, nuestras familias y las futuras generaciones.
2. Propuestas encaminadas hacia el logro de nuestra participación política
—La participación política es un derecho que para las mujeres está consignado en los mandatos constitucionales y los compromisos adquiridos por Colombia en tratados internacionales. El Estado debe garantizar nuestra adecuada y efectiva participación en los niveles del poder público, y brindar las garantías para ejercer nuestro derecho a la oposición, a través del planteamiento de propuestas alternativas encaminadas a la superación de las desigualdades sociales y la injusticia social.
Esto debe concretarse a su vez frente al tema del derecho a la tierra, la reestructuración al sistema de salud, el derecho a la vivienda y el reconocimiento al ejercicio del trabajo doméstico como aporte a la economía del país, al cual se le debe dar el trato igualitario y el derecho a las garantías laborales.
—Solicitamos la participación directa de las mujeres como sector social que debe participar activamente en las mesas de negociaciones, teniendo en cuenta que las mujeres agrarias y de los sectores populares hemos sido víctimas históricas del conflicto social y armado.
—Ahora bien, como mujeres exigimos que el ejercicio de la democracia se materialice a partir de la creación de un nuevo sistema electoral, libre de vicios y clientelismos, que garantice nuestra participación equitativa y el acceso real a los medios de información y comunicación, y posibilite efectivamente ejercer nuestro poder popular en todos los niveles.
—Asimismo, es preciso que nuestras voces y opiniones puedan ser escuchadas; libres de toda censura y persecución de tipo político, social, económico o cultural, pues solo de esta manera será posible generar escenarios para la consolidación de una Colombia diferente, pues estamos cansadas de la oleada de terror y muerte que han dejado más de 50 años de persecución y exterminio de la oposición política, la cual ha sido sistemáticamente perseguida y aniquilada.
Por otra parte, no es posible construir una paz estable y duradera si no se atiende a los daños causados por el capital transnacional, cuyos beneficiarios, además de saquear nuestros recursos naturales, nos explotan como mano de obra barata, despojándonos de nuestra identidad e historia.
—La finalización del conflicto solo será posible si se logra una desactivación real de las estructuras paramilitares que han germinado históricamente dentro de la política de Estado. Partiendo de reconocer la responsabilidad política del Estado colombiano, y el derecho a la verdad, justicia y reparación de sus víctimas, se trata de atacar el paramilitarismo armado desde sus raíces sociales, económicas y políticas.
En este orden de ideas, una de nuestras propuestas centrales es la de apoyar decididamente el proceso de negociación entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno nacional a partir de iniciativas populares como las constituyentes por la paz, y en razón a ello exigimos al Estado la refrendación de los acuerdos que se suscriban en La Habana a partir de la creación de una gran asamblea nacional constituyente que permita dar lugar a un cambio estructural al Estado y sus instituciones, con base en las necesidades y exigencias del pueblo, para que a partir de allí podamos construir colectivamente un gobierno realmente democrático, con amplia participación popular.
—Desde el Colectivo Popular de Mujeres Tea vemos con escepticismo el actual poder constituido, el cual ha excluido sistemáticamente la participación popular, y por ello reiteramos la necesidad de un cambio estructural del Estado y sus instituciones. Un parlamento ilegítimo y reaccionario no otorga garantías para que las mujeres víctimas del conflicto social y armado seamos protagonistas principales de una verdadera democracia.
Los mecanismos institucionales de un régimen que ha engendrado la violencia sociopolítica pueden poner en tela de juicio la conquista de los acuerdos de paz que todos esperamos con ansia. Por ello consideramos pertinente que mediante la invocación al constituyente primario se refrenden los acuerdos para la paz que hoy avanzan en La Habana, convocando una asamblea nacional constituyente, dando cumplimiento a un verdadero pacto de paz que supere las injusticias y desigualdades sociales que han marcado nuestra historia.
—Como mujeres expresamos nuestra gran preocupación frente a la militarización de la vida civil en el campo y en la ciudad, así como las amenazas y torturas por parte de los militares y policías que los colombianos y colombianas hemos sufrido por décadas a través de prácticas criminales por parte del Estado, por lo tanto no los consideramos como garantes para la participación política en nuestro país.
Consideramos que el Establecimiento debe reformular su concepto y estrategias de acción sobre la seguridad nacional y las doctrinas y fundamentos de las Fuerzas Militares, dando un viraje a sus esfuerzos hacia el bienestar de sus ciudadanos, en lugar de atacar y perseguir a los sectores populares promoviendo la violencia sociopolítica, pues si esta problemática no cesa, seguirán presentándose serios obstáculos para la materialización de un país justo y equitativo
—También es urgente que el sistema carcelario colombiano y el sistema judicial sean transformados en un sistema democráticos acordes con un país que está construyendo la paz, que se desmonten los montajes judiciales que lo único que buscan es castigar a los dirigentes sociales, sindicales y políticos por pensar diferente, que se le de libertad a todos los prisioneros y prisioneras políticas que se encuentran en las cárceles de todo el país.
—Todo ello podrá materializarse si el Estado y sus instituciones garantizan nuestros derechos a la libre movilización y plantean apuestas efectivas hacia la construcción de la paz, pues mientras persista un panorama legislativo que criminalice la protesta popular y brinde garantías a los beneficiarios de la violencia (fuero penal militar, locomotora minero-energética, ley de seguridad ciudadana, ley de inteligencia y contrainteligencia por citar algunos ejemplos) será imposible cumplir nuestro anhelo de lograr la paz.
Es por ello que exigimos al gobierno nacional la desmilitarización de nuestros campos y rechazamos el establecimiento de bases militares en los territorios campesinos y las recurrentes violaciones a los derechos humanos que sus integrantes han llevado a cabo en nuestros territorios.
Entretanto, seguiremos participando activamente en los diferentes escenarios y plataformas que promueven la solución política al conflicto social y armado desde nuestras organizaciones populares y agrarias, unificadas como mujeres y sector social que debe participar activamente en las mesas de negociaciones.
A modo de conclusión:
Como mujeres de los sectores populares, es preciso que promovamos la transformación de la sociedad, movilizándonos, organizándonos y promoviendo la construcción de un gobierno de amplia participación popular, donde nuestras voces puedan expresarse sin ser acalladas ni aniquiladas.
Reafirmamos la necesidad de promover una gran asamblea nacional constituyente que permita materializar los acuerdos de las partes en negociación, además de las exigencias, mandatos y apuestas de del pueblo para la construcción de un país en paz y con justicia social. En ella será fundamental una amplia participación de las mujeres, quienes aportaremos a partir de nuestra experiencia y arduo trabajo por consolidar la unidad, dando fortaleza a un poderoso movimiento social, capaz de construir un nuevo país, que derrote el modelo neoliberal y construya paz, igualdad, libertad, respeto a los derechos, convivencia y dignidad.
