Redacción Laboral
Desde hace meses, se presenta un debate en las opiniones públicas acerca del regreso a clases semipresenciales en los colegios públicos del país. La Federación Colombiana de Educadores, Fecode, se ha opuesto argumentando la ausencia de garantías de infraestructura y bioseguridad para toda la comunidad educativa.
En ese contexto, desde hace varias semanas esta federación le ha venido exigiendo al Gobierno nacional que se reconozca al covid-19 como una enfermedad laboral, teniendo en cuenta que para el magisterio esta será una medida destinada a garantizar el regreso a las aulas.
Sin embargo, el gobierno no ha dado respuesta positiva, incluso teniendo en cuenta que las instituciones educativas aún no cumplen con los requisitos para implementar la alternancia de manera segura.
Juan Roa Ortiz, gerente de Roa Ortiz & Abogados, asegura: “Es preocupante la negativa del Ministerio de no solicitar formalmente al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Salud la inclusión del covid-19 como enfermedad laboral para el magisterio colombiano. El Gobierno nacional debe entender que al igual que el personal de salud los maestros del país van a trabajar con toda una comunidad educativa que aumenta en un 300% el riesgo de contagio”.
Según Fecode, frente a este escenario algunos expertos en seguridad y salud en el trabajo han expuesto la necesidad de establecer una matriz de riesgos que identifique los peligros e inseguridades a los que se pueden enfrentar a los docentes y estudiantes. Así no solo habría obligación del gobierno de suministrar los implementos de bioseguridad, sino que debería hacer adecuar en los espacios mayor seguridad y adoptar medidas para reducir los riesgos de contagio.
Cabe mencionar que de no declararse al covid-19 como una enfermedad laboral para el magisterio, las incapacidades que se den debido a un contagio no se pagarían con el 100% sino con un 66% del salario mensual, el seguro de muerte pasaría de 24 a 12 meses de salario y si fallece el docente su familia ya no debería tener derecho al 100% de su salario y su pensión sino en algunos casos al 45%. Razones por las que el Gobierno ha hecho caso omiso a la solicitud de los docentes, pese al grave riesgo al que se enfrentan retornando a las aulas sin que aún se hayan garantizado condiciones.
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