Las protestas en el Catatumbo marcan un antes y un después en la región. Los colombianos le dan la razón al campesinado. El Catatumbo pide ser zona de reserva campesina
Hernán Camacho
La Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, es la organización producto de la necesidad de reconstruir el tejido social en la región nororiental del país, conformada por siete municipios entre ellos Ocaña, Tibú y Convención. La defensa y permanencia en el territorio, la erradicación de los factores socioeconómicos que dieron origen a la siembra de coca; la defensa de los recursos naturales, la participación en la toma de decisiones son algunos de los pilares que defiende la Asociación.
Al frente de ella, se encuentra una curtida gama de dirigentes agrarios con un recorrido histórico por la defensa de la vida digna del campesino. Olga Quintero es una de esas dirigentes que tiene a su haber un acumulado de lucha. VOZ la encontró en Bogotá en medio de los plantones de solidaridad y la premura por estar en la región organizando las inmensas tareas que deja la protesta de los campesinos catatumberos desde hace tres semanas en Ocaña y Tibú. Las mínimas exigencias de los manifestantes, la Zona de Reserva Campesina y salvaguardar su territorio de las pretensiones multinacionales de explotar carbón a cielo abierto en al menos 700 kilómetros cuadrados. Razones suficientes para perseverar hasta encontrar solución.
–Los titulares de algunos medios mostraron hace tres semanas que en el Catatumbo había una pelea de unos cuantos “raspachines”. Hoy la situación conjuga tierras, territorio y política, explíquenos qué pasa en la región .
–Nosotros venimos trabajando desde hace más de cuatro años en el marco de la Mesa de Interlocución de Acuerdos, MIA, y el Campamento de Refugio Humanitario, instalado en Caño Tomás, Teorama. La crisis humanitaria y de derechos humanos fueron los primeros temas que trató el campesinado organizado desde aquella época y es la que nos convoca hoy, el abandono estatal es pleno. No hay salud, no hay educación, las vías aparecen en los mapas como si estuvieran pavimentadas pero en realidad son trochas. Nos exigen que los sembremos de coca sean erradicados y sembrar pancoger pero no nos garantizan las vías para sacar los productos, las plantas para la transformación de productos o los centros de acopio de esos productos, nada. Todas preguntas sin solución.
–Sin respuestas y con estigmatización. Ese olvido estatal se acompañó con violencia paramilitar y la creación del Bloque Catatumbo, ¿cómo logra sobrevivir la asociación campesina que hoy pone la cara al gobierno?
–La época más difícil del paramilitarismo en la región se comprende entre los años 1999 y 2004. Ingresan los paramilitares y no se cansan de asesinar hasta que se “desmovilizan” y nos dejan como resultado: 11.200 campesinos muertos, 600 desaparecidos, 100 mil desplazados de los siete municipios del Catatumbo. Después del 2004 entran los militares a la zona con las operaciones Holocausto y Fortaleza, que son bombardeos indiscriminados, señalamientos y nuevamente una ola de desplazamientos, ahora, de los sobrevivientes de las masacres paramilitares. Y la región no es ajena a protagonizar falsos positivos que llegaron a contarse en 68. Y ni qué decir de los jóvenes de Soacha que son asesinados en Ocaña.
–Se sentaron desde el jueves pasado en Tibú la organización campesina y el gobierno Santos, luego de protestas pacíficas y cuatro muertos con disparos de parte de la fuerza pública. ¿Para usted qué es lo más relevante en esa negociación?
–Tierras y territorio es el tema más relevante para nosotros los campesinos. Estamos diciendo con toda claridad: se nos debe reconocer la ley 160 para la región del Catatumbo. Con el gobierno Uribe fue imposible por su guerra a muerte contra la figura de Zonas de Reservas Campesinas, ahora cumplimos todos los requisitos y vea lo que está pasando con la negativa gubernamental. El Incoder –Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-, nos da 350 millones para los estudios técnicos. Ya existe un Plan de Desarrollo para el Catatumbo en el que se incluyen todos los proyectos productivos alternativos desde el campesinado, pero hasta hoy no ha habido respuesta diferente a: esperen los resultados de La Habana. Y no, nosotros no podemos supeditar la Zona de Reserva Campesina a lo que se diga o se haga en Cuba, pues la ley 160 es lo que estamos cumpliendo nosotros. Esa es una excusa.
–¿Entonces qué hay detrás de esa excusa?
–La contrapropuesta: el Plan de Consolidación que va en contravía a las políticas agrarias. Una de las mayores prevenciones a las Zonas de Reserva es la que tiene el Ministerio de Defensa. Ellos dicen que la Reserva del Catatumbo, no va y punto. Y no entendemos cuál es la razón para que ese ministerio intervenga cuando la competencia es del Ministerio de Agricultura, que por cierto guarda silencio. Mientras se dilata la responsabilidad siguen los campesinos en busca de soluciones.
–¿Y en la mesa de conversaciones el gobierno propone levantar y salir sin nada en las manos?
–Y le contestamos: Qué sacamos con devolvernos para las casas y levantarnos de las carreteras, si no se resuelve favorablemente la Zona de Reserva, siguen fumigando y erradicando, y la familia campesina sin nada que hacer. ¿Entonces? Nos quedamos.
–Las protestas desplegaron una realidad que puede darse en muchas otras zonas campesinas. ¿Se cansó el Catatumbo?
–Empezamos hace tres semanas a movilizarnos y comenzamos con cuatrocientos campesinos y en la medida que pasaban los días fueron miles y todos con la premisa que es ahora o nunca. A pesar de las declaraciones del general Marcolino Tamayo jefe de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército, que acusaba a Ascamcat de hacer apología al terrorismo y a las Zonas de Reserva, como si las zonas fueran un delito. Allí está el veto militar a la iniciativa campesina. Y reitero, que el Ejército se ocupe de la defensa del Estado y el ministerio de Agricultura de la tierra para los campesinos que se cansaron.
–Ascamcat ha estado al frente de toda la pelea. ¿Cómo ven la solidaridad despertada?
–La solidaridad ha sido inmensa desde los prisioneros políticos de la cárcel de Cúcuta, los estudiantes en Barrancabermeja, los plantones en Cali, las organizaciones sociales en Bogotá, la Caravana Humanitaria que llevó a cientos de representantes de organizaciones a Ocaña y Tibú. Pero también la solidaridad internacional con Justice For Colombia, que se ha encargado de recolectar firmas en el Reino Unido y sindicatos de Estados Unidos, solicitado al Ejecutivo parar la violencia contra los campesinos. Así que la problemática del Catatumbo la está conociendo Colombia.
